Si el oro es el cagajón del Diablo, estamos parados sobre una montaña de mierda. Desde la subregión aurífera de Antioquia que comprende a Caucasia, El Bagre, Zaragoza y Segovia, pasando por Marmato, Irra y Quinchía en Caldas y Risaralda, hasta llegar a Cajamarca y Ataco en el Tolima, sin olvidar a Córdoba en el Quindío…
Por: Gustavo Colorado Grisales

El cagajón del Diablo. Así le decían al oro las viejas sabidurías, por su capacidad para generar discordia, violencia y podredumbre donde quiera que se emprenda su explotación.

Lo vimos en la conquista de Indias, en las guerras coloniales de África, en la conquista del oeste norteamericano y , en el caso más reciente de Colombia, en la fiebre desatada por el redescubrimiento de nuevas fuentes del mineral, alentado desde las políticas de Estado que hablan de la locomotora de la minería y estimulan de esa forma la codicia de las grandes corporaciones mineras que cruzan el planeta de norte a sur y de oriente a occidente, arrastradas por el imán de los multibillonarios beneficios que deja su explotación.

Para conseguirlo financian en todas partes las campañas de candidatos a la presidencia, al congreso, a las gobernaciones,  a las alcaldías, y en general a toda institución relacionada con sus intereses. El propósito: conseguir que  los funcionarios acomoden las normas y miren hacia otro lado cuando sus arremetidas empiezan a afectar a las comunidades y a hacer invivible el territorio.

Nunca mejor aplicada la idea aquella de El fin justifica los medios.

 Si el oro es el cagajón del Diablo, estamos parados sobre una montaña de mierda. Desde la subregión aurífera de Antioquia que comprende a Caucasia, El Bagre, Zaragoza y Segovia, pasando por Marmato, Irra y Quinchía en Caldas y Risaralda, hasta llegar a Cajamarca y Ataco en el Tolima, sin olvidar a Córdoba en el Quindío, la avanzada del oro amenaza la tranquilidad y las formas de subsistencia de quienes han habitado y cultivado estas tierras durante siglos.

Sí, claro. Los defensores de la política de tierra arrasada dirán que el progreso tiene su precio.

Y es aquí donde empiezan a desgranarse las preguntas. ¿Qué entendemos por progreso? ¿El progreso de quién? ¿Se justifica el precio?

Personas como Jesús Antonio Guevara y Edier Trejos Bermúdez piensan que son más los daños colaterales. El primero es vocero de los acueductos rurales de Quinchía, un municipio que ve amenazadas las reservas y la calidad del agua por la explotación minera a gran escala. El segundo es dirigente de la organización ambiental Corporación Cívica Quinchía Unida. A pesar de las persistentes negativas de los gobiernos local, regional y nacional a tomarse en serio sus denuncias, los líderes están dispuestos a defender sus derechos con todas las herramientas que les entrega la ley. Son conscientes de que deben luchar contra poderes de índole global: la Corporación AngloGold Ashanti es una transnacional con antecedentes oscuros en Sudáfrica y con grandes aliados en las altas esferas de la política y la economía.

Sin embargo, el cercano precedente del municipio tolimense de Cajamarca, donde una consulta popular priorizó por absoluta mayoría los intereses de la comunidad sobre los de las empresas mineras, alienta las esperanzas de que con un trabajo serio y unos criterios coherentes y unificados se pueda conseguir que el bien público prime sobre el privado.

El camino es largo y culebrero. De hecho, la consulta popular es el último paso a seguir. Primero deben adelantarse estudios técnicos por parte de organismos medioambientales. Además, los entes territoriales como concejos municipales, las alcaldías y gobernaciones deben revisar cómo se está trabajando la gran minería en los territorios y pronunciarse sobre su impacto en el medio ambiente.

Surtido ese paso deberá procederse a una pre consulta popular y pasado ese filtro, si se cumplen todos los requisitos, emprender la consulta definitiva. La que puede incluso revertir las decisiones oficiales.

Eso para hablar solo de la parte ambiental. En la otra cara del fenómeno, son bien conocidos los efectos de la actividad minera en la economía: grandes flujos de dinero que exacerban el consumo y el derroche sin generar procesos productivos estables: por definición, la minería es nómada. El primer resultado es una inflación que cabalga al lado del debilitamiento de actividades como la industria y la agricultura. A largo plazo, la minería acarrea desequilibrios económicos y sociales que superan con creces los beneficios. En nuestras ciudades ya son visibles los síntomas: multiplicación de restaurantes de lujo, concesionarias de vehículos de alta gama, conjuntos residenciales de elevado costo, centros comerciales, saunas, clínicas de estética. Todo eso al lado de unos indicadores de desempleo que no bajan de los dos dígitos.

Esa parte es la que nos ocultan los cuadros estadísticos de nuestros tecnócratas, de entrada alineados con las corporaciones que hoy nos asaltan amparadas en la patente de corso del libre mercado y la globalización.
De usted, de mí y de todos dependerá que no se salgan con la suya.

PDT. Les comparto enlace a la banda sonora de esta entrada

 https://www.youtube.com/watch?v=ZE9y_tpoc-s