carlos_victoriaEl sello de esta crisis lo puso la Federación Nacional de Cafeteros, errática y burocratizada ante la variación climática y la agencia de un modelo ambientalmente destructivo.

Por: Carlos Victoria

En menos de siete años, en Risaralda, se aceleró el proceso de concentración de la propiedad sobre la tierra, mientras que tres de cada diez familias campesinas han emprendido  el éxodo hacia las ciudades y el exterior. La percepción entre algunos dirigentes locales es que el campo se está quedado solo, al unísono de una crisis estructural que hunde a la población rural en una mayor pobreza y vulnerabilidad.

El éxodo, ahora, no es por la presión de la violencia armada que reinó durante la década anterior. Aunque este factor sigue siendo latente, es la violencia económica la que está desarraigando a los campesinos de su terruño. “Se vende o se permuta”, es el aviso más común en veredas arruinadas y con poca esperanza de resurgir. De hecho, el Gini de Propietarios en Risaralda pasó de 0.805 a 0.830, entre el 2000 y el 2009. Cuanto más se acerca a 1 simplemente refleja que la tierra está concentrada en pocas manos.

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El caso de mi interlocutor (foto) es patético. Lleva doce años deambulando por las calles de Pereira con un taxi que cambió por su finca en Santa Ana, Guática. De caficultor pasó a ser taxista. Sus dos hijas fueron más lejos: “están trabajando en Estados Unidos”, lo subraya con orgullo. Al igual que este hombre menudo y cortante, otros campesinos de su municipio salieron despavoridos de sus fincas, huyendo de las deudas y buscando una oportunidad ante la incertidumbre económica.

Según el Pnud, Chocó, Norte de Santander y Risaralda, fueron los tres departamentos, en su orden, que experimentaron una mayor variación de este indicador. En nuestro caso fue del 3.0%. Sobre el dato hay varias explicaciones: la actualización de la base catastral, el aumento del área utilizada en pastos para ganadería, y por supuesto la adquisición y ensanche de predios por inversionistas ante la variación y crisis de los precios agrícolas, entre ellos el café.

Es muy probable que en una próxima medición, la desigualdad en la propiedad privada de la tierra siga la tendencia de los últimos años por efecto de la distorsión de las políticas públicas en el sector cafetero, la consolidación de las fuerzas del mercado a través del blanqueamiento de dinero del narcotráfico y, como ocurre en Quinchía, por cuenta de la factura de la minería multinacional que está adquiriendo fincas por encima de los precios normales, mediados por la especulación de la cotización internacional del oro.

En Apía, entre tanto,  la cosecha cafetera de este año, se redujo de 600 mil  a menos de 300 mil arrobas de 12.5 kilos, lo que pudo haber representado algo así como $21 mil millones que se dejaron de facturar, abriendo un enorme hueco a los ingresos cafeteros, al comercio local y en general al sistema económico regional, empobreciendo aún más la sociedad. El sello de esta crisis lo puso  la Federación Nacional de Cafeteros, errática y burocratizada ante la variación climática y la agencia de un modelo ambientalmente destructivo.

La bomba social de la crisis cafetera es impredecible. Ante la quiebra, los efectos no se han hecho esperar: reducción de la oferta de mano de obra, lo que se traduce en un mayor desempleo, deserción escolar y nuevos brotes de inseguridad, matizan un paisaje complejo de conflictividades que acentúan la ya precariedad democracia local que ha caracterizado estos municipios en manos de “nuevos dueños”. La gobernabilidad para las administraciones locales es cada vez más arisca al tiempo que el malestar social seguirá creciendo.

El otro indicador que da cuenta de la tragedia economía y social, es que pasamos de una sociedad capaz de producir sus propios ingresos a una comunidad dependiente de las  limosnas oficiales: en las convocatorias de Más familias en Acción se duplicaron las solicitudes. Apía, Risaralda, es un ejemplo patético de la profundización de la desigualdad y la pobreza: de 400 familias beneficiarias por concepto de este subsidio, pasaron a 800. Sin embargo, el dueño de la chequera dijo ante los cafeteros que no había crisis.

Los pronósticos para el 2013 no pueden ser peores, aunque como ya se advierte en las ciudades capitales del eje cafetero, sus principales calles están atiborradas de vendedores ambulantes, huyendo de la pobreza y miseria rural. La presión de los comerciantes organizados ante las autoridades para que les despejen el espacio público no es más que una medida propia de quienes pretenden tapar el sol con las manos. Como lo argumenta el Pnud, mientras no exista decisión política de solucionar el problema agrario, andenes, notarías, cementerios, terminales y aeropuertos, entre otros espacios, serán testigos de un modelo inequitativo y violento.