Los modelos de ganadería extensiva, el desmantelamiento del bosque cafetero, los agro biocombustibles, la reforestación comercial indiscriminada y la extensión de los cultivos de uso ilícito, hacen parte de un mismo paquete legal e ilegal que hoy por hoy desnudan la eficacia de las políticas ambientales a través de la historia.

Por Carlos Victoria

Al tiempo que en Oslo gobierno y Farc se sacaban chispas frente a frente en torno al presente y  futuro de la nación desde la ecuación desarrollo-paz, horas después el Ministro de Minas y Energía anunciaba con pompas el aterrizaje de US $ 6.500 millones por cuenta de la inversión extranjera concentrada en la explotación minero-energética.

La cifra de Rengifo no es poca cosa porque simplemente subraya el acento que tiene la orientación económica del gobierno nacional en esa materia que viene dominando el PIB, revaluando el peso, pero poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y empobreciendo las oportunidades de empleo. El afán de lucro está a la vista. Por esa vía la justicia social se aplazará.

La reprimarización de la economía pasa por reconvertir las potencialidades del suelo y el subsuelo, lacerando los derechos de propiedad del campesinado y aprovechando los boquetes de la debilidad institucional plasmada en un código minero maleable a la especulación y la reforma al código de recursos naturales que agravará la crisis advertida por la Contralora Morelli.

En este contexto, el país se enfila aceleradamente a una mayor agudización de la crisis socio ambiental, siguiendo la herencia colonial y postcolonial que sustentó la riqueza en actividades productivas destructivas desde la añil, la quina y las selvas, para dar paso al deterioro de ecosistemas estratégicos que dichas políticas ayudaron a construir. El acicate de la Isla de Pascua analizado por Clive Ponting es lo único que renace en este escenario.

Asistimos, en consecuencia, a una revolución agro-minera de corte neoliberal que privilegia la utilidad por encima de la sustentabilidad y que, como lo enseña la historia ecológica, solo deja destrucción tanto del ecosistema como del tejido social y cultural. En ese sentido el conflicto lejos de superarse se agudizaría mucho más, y tarde que temprano agravará mucho más las condiciones de vida de los habitantes urbanos.

“La permanencia de los campesinos en el paisaje agrario depende de complejos y variados factores y no se pueden aventurar muchas hipótesis sustentadas sobre su futuro en un contexto tan cambiante e incierto”, subraya el reciente informe del Pnud Colombia sobre la situación y perspectivas del campesinado en nuestro país. Los invito a leerlo.

Mientas tanto en el estudio  “Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia” contratado por Fedebiocombustible se subraya que el país cuenta con más de 7 millones de hectáreas disponibles para la siembra de cultivos que puedan destinarse a la producción de biocombustibles. Estas cuentas alegres contrastan con la postura de Naciones Unidas que advierte sobre el impacto de esta industria en la oferta de alimentos. “El nuevo punto de partida debe ser poner la seguridad alimentaria en primer lugar”, notifica Olivier De Schutter, relator de esa agencia para estas cuestiones.

Está en juego, como demuestran diversos estudios, no solo el abastecimiento de agua, sino de alimentos, mediante la concentración de la propiedad rural para grandes mega proyectos que reconfiguren la dependencia de los hidrocarburos, condicionando a su turno las políticas públicas bajo el pretexto que por esta vía el país recibirá este año $ 30 billones de regalías que, como se ha visto, van a parar a los bolsillos de la corrupción.

Los modelos de ganadería extensiva, el desmantelamiento del bosque cafetero, los agro biocombustibles, la reforestación comercial indiscriminada y la extensión de los cultivos de uso  ilícito, hacen parte de un mismo paquete legal e ilegal que hoy por hoy desnudan la eficacia de las políticas ambientales a través de la historia. Uno y otro han agenciado la erosión, el desplazamiento, la hambruna y lo peor: la destrucción de nuestra institucionalidad. La actual revolución  agro minera no es más que una pieza de la misma cadena.