El periodismo, surgido relativamente poco después de la invención de la imprenta, y que sirvió para difundir ideas liberadoras como en la época de la Ilustración o la Reforma Protestante en Europa o de las revoluciones independentistas en el continente americano, se ha convertido en la prostituta del capitalismo neoliberal en un mundo cada vez más globalizado.

 

Daniel Jimenez Cardona COLUMNAPor: Daniel Jimenez Cardona*

Según el gran escritor y cronista Germán Castro Caycedo, una joven anotó alguna vez en un escritorio: “Es una lástima que la corrupción y la estupidez no duelan, si dolieran Colombia sería un alarido.” Esta frase debe despertarnos a la realidad colombiana actual. La corrupción, a gran velocidad y desbocada, recorre la nación destruyéndola, no solamente en sus instituciones (públicas y privadas por igual), ya de por sí caducas y paquidérmicas, como queda demostrado en su eterna postergación de los cambios radicales que requiere el pueblo, sino también en los espíritus particulares de quienes más contribuyen a quitar y poner gobernantes en un mundo cada vez más globalizado: los periodistas de los medios tradicionales.

Se ha dicho hasta la saciedad que no hay democracia sin libertad de expresión y se nos han mostrado con gran escándalo en la televisión y la prensa escrita o digital los supuestos ataques de los gobiernos de izquierda de los últimos tres lustros a los medios de comunicación de varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, se ha publicitado mucho el conflicto que tuvieron los presidentes Kirchner en Argentina con el grupo Clarín; se habló bastante de cuando salió en primera plana en casi todos los periódicos de Bolivia el titular “Sin libertad de expresión no hay democracia”; se armó un gran alboroto cuando en Venezuela no le fueron renovadas las licencias a Globovisión y cuando, supuestamente, los diarios del vecino país se quedaron sin papel para imprimir las noticias. Por supuesto, la cereza del pastel estuvo en que los “generosos” medios colombianos donaron a sus colegas venezolanos el papel para poder seguir en marcha.

En este sentido, hay dos conceptos que me gustaría analizar: (1) la relación entre libertad de expresión y democracia y (2) la propiedad de los medios de comunicación. En cuanto al primer punto, navegamos en un mar de hipocresía cuando nos creemos el cuento de que en Colombia se vive mejor que en Venezuela, Bolivia o Argentina. ¿Cómo se puede vivir mejor si una líder de gran envergadura como Piedad Córdoba perdió sus derechos políticos a manos de las triquiñuelas y leguleyadas de un hombre del Medioevo e inquisitorial como Alejandro Ordóñez? Ni hablar de sus intentonas de sacar del Palacio Liévano a Gustavo Petro, ese sí elegido democráticamente. Un hombre tan retardatario que sigue pensando que los animales son cosas, al igual que lo pensaban los legisladores del siglo XIX y quien anima a la población a que asista a los espectáculos más sangrientos en el territorio nacional por fuera del ámbito del conflicto armado: las corridas de toros. Y sin embargo, es a este “señor” a quien los medios colombianos, disfrazándolo de polemista en justas lides, quieren impulsar como candidato a Presidente para la campaña del 2018.

Además del señor Ordóñez, tenemos otros problemas: decenas de seguidores y militantes del recién formado movimiento Marcha Patriótica han sido asesinados en los últimos años. Su crimen: hablar en contra de la desigualdad en el país más inequitativo del mundo. El espíritu de quienes asesinaron a miles de militantes de la Unión Patriótica, desplazaron internamente a otros y forzaron a otros más al exilio, sigue vivo. Pero esto se calla. En cambio, se emiten editoriales disfrazados de notas periodísticas sobre la sentencia a prisión de Leopoldo López y los “enormes” problemas de un millonario dueño de un conglomerado de empresas, incluyendo periodísticas, como Henrique Capriles. O se habla de la supuesta ineptitud de Nicolás Maduro para gobernar o de las tonterías que pudieron o no haber dicho él y su colega boliviano, Evo Morales, como si aquí no tuviéramos suficientes problemas con las payasadas del presidente Santos o de sus marionetas en el Congreso de la República. Pregunto: ¿esa es la libertad de expresión que sostiene a una auténtica democracia? ¿La actitud correcta de los comunicadores y medios colombianos es la misma que la que tuvo Noemí Sanín, hace más de treinta años ya, cuando ordenó a las emisoras transmitir un partido de fútbol en lugar de la toma del Palacio de Justicia, hecho en el cual las Fuerzas Armadas desaparecieron a decenas de personas y de las cuales aún hoy no tenemos noticias fidedignas? ¿Qué clase de paz contribuyen a crear los así llamados “medios informativos”? ¿Informan o desinforman? ¿Sería demasiado pensar que le hacen el juego al belicismo en medio de un pueblo cansado de mandar a sus hijos a la guerra?

Creo que el análisis del segundo punto puede ayudarnos a dilucidar el asunto: la propiedad accionaria de los medios masivos de comunicación. La opinión de un medio determinado no está confinada a la sección de la editorial en una revista o un periódico, como ingenuamente piensan algunos, ni la información que se presenta en ellos y en los telenoticieros es neutral, como aún más ingenuamente piensan otros. Dichos medios, y esto es importante recalcárselo al pueblo colombiano, tienen dueños y, por ende, lo que se escribe o se dice no es meramente producto del libre albedrío del periodista o comunicador. Parafraseando a Lutero, el libre albedrío del periodista es una nada. A lo sumo (y eso con suerte), puede elegir en qué medio trabajar, pero una vez dentro tendrá que servir a los dueños del mismo. Que nadie se haga ilusiones: la línea de opinión no se define en un Consejo Editorial de periodistas bien intencionados con un efervescente ánimo de servir a la verdad. La definen los conglomerados de dueños o familias dueñas de medios que, en el caso de Colombia, como en la mayor parte del mundo, son simplemente empresarios al servicio de sus propios intereses.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no es tan difícil ya comprender por qué en RCN, Caracol TV, Caracol Radio (del grupo español PRISA), El Tiempo, la mayoría de los diarios regionales e incluso en El Espectador, que posa de liberal, la protesta social termina, con muy contadas excepciones, estigmatizada. Los periodistas de estos medios, por ejemplo, rara vez (por no decir nunca) hacen periodismo investigativo de lo que ocurre en las universidades públicas, sus problemas, la corrupción de sus directivos y algunos profesores y las miles de dificultades que tienen que sortear a diario sus estudiantes para poder asistir a clases, comprar materiales de estudio, transportarse y sobrevivir, a veces incluso sin almorzar. Pero en cambio cuando estallan protestas debidas a alzas en las matrículas, condiciones de hacinamiento en las aulas de clases, falta de profesores de planta, ausencia de financiación para proyectos y grupos de investigación y salidas de campo, altos costos en los restaurantes de los claustros y un largo etcétera, se enfocan en el típico lugar común del encapuchado arrojando una piedra a la policía o blandiendo una bomba molotov. Y resulta que esos “bandidos” muchas veces ni siquiera son estudiantes, sino policías o paramilitares disfrazados que llevan a cabo dichos actos para deslegitimar la protesta estudiantil. Tampoco muestran los momentos en que ese tenebroso escuadrón de la muerte, el ESMAD, atropella a los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios, arrebatándoles sus derechos más básicos.

Otro tanto ocurre con las protestas indígenas y campesinas. Esta es una problemática que nos aqueja ahora mismo. En menos de una semana han muerto tres ciudadanos, entre afrodescendientes, campesinos e indígenas. El Gobierno descaradamente lo niega y dice que no hay evidencias de que las Fuerzas Armadas tengan relación con los hechos. En otros casos se han presentado seguimientos, registros fotográficos ilegales y amenazas a los líderes sociales participantes de las protestas. Pero esto también se calla. De nuevo, los medios mencionados no han hecho ningún esfuerzo serio para aplicar las técnicas del periodismo investigativo con el fin de rastrear los orígenes de la justa ira de los indígenas, afrodescendientes y el campesinado colombiano. En cambio, se han dedicado a mostrar imágenes en las que supuestos activistas atacan a camioneros y a hacen resonar en los oídos de televidentes y radioescuchas algunas cifras sobre policías heridos, jamás mencionan cómo esa policía, en particular el ESMAD, viola constantemente los Derechos Humanos de los colectivos e individuos que protestan. Los desplazados y víctimas de la violencia son tachados de guerrilleros y terroristas, como, soterrada o abiertamente, lo hace la española Salud Hernández en El Tiempo con los pobladores del Catatumbo. Los indígenas y campesinos del Cauca y otras zonas del país son tratados como usurpadores de tierras, cuando está claro que son ellos los despojados.

Todo lo anterior tiene una causa muy sencilla: los intereses de los dueños de los grandes medios, que venden una imagen de neutralidad y sano entretenimiento por medio de la idiotización de las personas a través de modelos y reinas de belleza, son contrarios a los intereses de quienes participan en las protestas citadas. Está claro: ellos nunca van a mostrarse en contra de José Félix Lafaurie, quien representa los intereses de los grandes terratenientes (léase ganaderos) o de la Federación Nacional de Cafeteros, que tiene el monopolio de la compra y venta de café en Colombia, mediante una explotación legal de los campesinos que lo cultivan. El periodismo, surgido relativamente poco después de la invención de la imprenta, y que sirvió para difundir ideas liberadoras como en la época de la Ilustración o la Reforma Protestante en Europa o de las revoluciones independentistas en el continente americano, se ha convertido en la prostituta del capitalismo neoliberal en un mundo cada vez más globalizado.

Para la muestra un botón: ¿quiénes son los dueños de los medios que tantos esfuerzos hacen por derrocar desde las columnas periodísticas a los gobiernos elegidos por voto popular en países como Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela? Les doy una pista: la familia de Capriles, quien tanto se empeña en tumbar a Maduro, es dueña de varios en este último país, al mismo tiempo que propietaria de poderosas empresas. Nada de raro tiene que escaseen los alimentos en Venezuela, cuando los dueños de la prensa y la televisión privada son los mismos que producen los productos de primera necesidad. No estoy jugando con la realidad venezolana; de este tipo de golpes de Estado ya hay antecedentes: para quien quiera buscarlos, ya hay documentos desclasificados de la CIA que prueban cómo previamente al golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 los EE.UU. habían pagado a los medios y a ciertos sectores sindicales, entre ellos los camioneros chilenos, para desestabilizar al Gobierno socialista de ese país. Es decir, está presente tanto el elemento de la burguesía nacional como el elemento imperialista. Cualquier analista serio, que se tome el tiempo debido para revisar la secuencia de acontecimientos en Venezuela, podrá ver el paralelismo entre Chile y Venezuela.

No obstante, esta cuestión no le interesa a nuestros medios. La clase dominante colombiana se ha formado casi siempre en EE.UU. e Inglaterra, incluyendo a los militares de alto rango. De allí que, incluso terminada la Guerra Fría, se siga atropellando y tratando a los campesinos, afrodescendientes e indígenas colombianos como a simples bandoleros disfrazados, usurpadores de tierras y holgazanes, bajo el marco de una mentalidad todavía colonial, en la que si los sirvientes se rebelan es necesario golpearlos y, ya en la modernidad (porque a América Latina la posmodernidad no ha llegado todavía), si es necesario, desaparecerlos o matarlos y hacerlos pasar por combatientes en el conflicto armado. Que, como desean la extrema derecha representada en Álvaro Uribe Vélez, su Centro Democrático y el nefasto procurador Alejandro Ordóñez, desaparezca el delito político y los pobres se sigan masacrando en una guerra fratricida que no los afecta a ellos, ya que al fin y al cabo no son sus familias las que ponen los muertos. Ese, al menos, parece ser el mensaje de los medios al pueblo colombiano, el cual, sin embargo, parece estar despertando y resiste ante la arremetida fascista y autoritaria tanto del expresidente Uribe, quien quisiera volver a manejar el país, esta vez cual lo hace con su hacienda El Ubérrimo, como del presidente Juan Manuel Santos, quien está feriando el territorio nacional al mejor postor de entre las multinacionales y quiere cambiar nuestros recursos naturales por la megaminería que acaba con ellos.

Frente a todo esto solo queda una cosa que hacer: resistir hasta alcanzar la paz, una auténtica paz con justicia social, una paz en la que el pluricultural y pluriétnico pueblo colombiano sea el protagonista de su propia historia. Esta paz también se consigue revolucionando los medios: apoderándonos de los que estén a nuestro alcance, ya que no nos permiten comunicar nuestro mensaje pacíficamente y, por otro lado, produciendo nuestros propios medios alternativos y saliendo a las calles para hacernos oír en voz alta, clamando por una justicia que, estamos convencidos, no tardará en llegar.

*Licenciado en Español y Literatura. Universidad Tecnológica de Pereira