Multar, meter a la cárcel o sancionar indudablemente no modifican las estructuras culturales y comportamentales de los ciudadanos, solo hacen que oculten sus actividades a la luz del Estado y que los problemas se agudicen.

Por: Leandro Toro Valencia

Bajo la consigna de que  “El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, pero el código no se ha actualizado”, el presidente de la república Juan Manuel Santos resaltó el avance de la Policía Nacional al poner a considerar del Senado un nuevo Código nacional de policía. Los ponentes de proyecto son el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, el director nacional de la policía, general José Roberto Riaño y el consejero para la convivencia y seguridad ciudadana, Francisco José Lloreda. El proyecto aún no ha entrado en debates en la plenaria y ya promete ser polémico.

Estacionar a menos de tres metros de un hidrante causaría infracción, las ventas ambulantes serían sancionadas, andar borracho por la calle implica una multa, en el caso del matoneo o bullying en las escuelas serán las familias de los estudiantes implicados quienes pueden pagar multas hasta de 8 millones de pesos, se prohíbe vender en los carros y el volumen de la música al interior de un vehículo de servicio público no puede ser muy alto, quien se cuele en una fila tendrá multa, entre muchas otras medidas que buscan promover la convivencia ciudadana.

Indudablemente los comportamientos que la policía quiere promover son las acciones lógicas y coherentes que las personas debemos de hacer, en pro de una buena convivencia y admitiendo que los demás tienen sus libertades y que yo no puedo atropellarlas, mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro y en ese sentido se entiende que estas conductas son dañinas y lesivas a esta lógica. El problema radica en la forma que el Estado colombiano ha entendido el concepto de intervenir socialmente y resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Parados en una lógica guerrerista donde aceptan que todos los problemas de nuestra nación se resuelven por medio de la fuerza pública, la represión y a guerra, y donde se confunde presencia del Estado con la llegada de fuerzas armadas y del “orden público”, como ocurre en las zonas alejadas y hasta territorios indígenas que más fácil tienen un puesto de de control del Ejército que un puesto de salud; es que este gobierno ha malentendido su labor y lo que debiese de ser su accionar.

Éste proyecto que se radicó hace pocos días en el senado no es más la muestra de la ineficacia del gobierno para tratar estos asuntos que van más allá de meras conductas y se han convertido en problemas culturales de los individuos, no porque esa haya sido la lógica natural de nuestra sociedad, sino porque ese mismo ausentismo del Estado del aparato educativo, ese ausentismo del Estado a la hora de ayudar a las familias a educar a un niño, ese completo abandono del Estado en materia de proyectos sociales que promuevan verdaderamente una cultura ciudadana donde se respete las libertades individuales, han desembocado en estas prácticas que ahora se quieren reprimir o sancionar.

Multar, meter a la cárcel o sancionar indudablemente no modifica las estructuras culturales y comportamentales de los ciudadanos, solo hacen que oculten sus actividades de la luz del estado y que los problemas se agudicen. Sin decir pues que llevar a la práctica lo que la policía pretende cuando no son capaces con el problema de las bandas criminales, el microtráfico, el sicariato, será un verdadero desafío logístico para la institución de 121 años. Pues quiero ver a los policías discutiendo con algún ciudadano sobre quién se coló y quién no se coló en la fila, o a un policía midiendo a qué distancia está el carro el hidrante y enredándose con los decibeles de un aparato de sonido de una buseta.