Me dicen que las mesas y talleres, en donde “construyen” los planes de desarrollo se convirtieron en una payasada, donde hasta se hacen rifas para incentivar la participación de la comunidad en los diagnósticos y pronósticos que deben incorporados a los planes locales y regionales.

 

Por:  Carlos Victoria 

El ocaso institucional de nuestra nación pasa por la irrelevancia de la democracia  participativa.
A lo sumo retórica y anodina. Los planes de desarrollo que ahora se tramitan por ley  les hacen  el cajón a los ciudadanos, escasos por cierto  que se atreven a acudir a un taller o una “mesa” de participación con la vana ilusión de que su proyectico quede inscrito en la marejada de recetas y compromisos previamente convenidas por los burgomaestres con su séquito de funcionarios  y asesores.
 
Queda poco, muy poco del entusiasmo democrático de la Constitución de 1991, sobre todo aquel que explotó en la primera mitad de la última década del siglo pasado. Las expectativas que se abrieron bajo la llamada “apertura democrática”, fueron superadas por la racionalidad de políticos profesionales que, finalmente, usaron a la comunidad para legitimar sus propias preferencias. La efervescencia hizo que saltaran a la palestra miles de líderes que luego fueron cooptados por el clientelismo y el gamonalismo.
 
La democracia de los representantes, elegidos en convenio con la ilegalidad se impuso, bajo la figura consuetudinaria de un clientelismo rapaz que hizo naufragar los intentos de democratizar la esfera pública por fuera de las maquinarias políticas. Las mesas de solidaridad, por ejemplo, durante la primera etapa de la Red susodicha fue un intento de darle poder a aquellos ciudadanos no matriculados en el bipartidismo. Los arquitectos del modelo fracasaron cuando esta obra de reingeniería política fue colapsada por el escamoteo politiquero.
 
En este contexto, la crisis de legitimidad apuró su ritmo y ahora son los jueces quienes mediante fallos de tutela advierten a los políticos y funcionarios avivatos que la participación, mediante la consulta previa, no se la pueden pasar por la galleta o en su defecto no puede ser escamoteada por mandarines locales que trafican con el derecho que tiene la comunidad a ser sujeto de constituyente en decisiones que los  afecten. No obstante ya vemos que las consultas previas en territorios de Ley 70 y resguardos indígenas son penetradas por dinero que lo corrompe todo.
 
Me dicen que las mesas y talleres, en donde “construyen” los planes de desarrollo se convirtieron en una payasada, donde hasta se hacen rifas para incentivar la participación de la comunidad en los diagnósticos y pronósticos que deben incorporados a los planes locales y regionales. Reuniones donde el refrigerio es más importante que  cualquier glosa que alguien pueda hacerle a los documentos. Es un simulacro de participación, como bien comentaba un líder.
 
En manos de expertos, consultores y asesores, los planes de desarrollo para los próximos cuatro años deberían ser un campo para que la controversia, el debate y la disputa argumentativa, entre los propios ciudadanos; que la deliberación  fuese el combustible que  alimentara la democracia  local, en lugar de llenar y rellenar encuestas, cuestionarios y otra serie de dispositivos metodológicos que solo le otorgan el estatus de pragmatismo a una tarea fundamental para la vida local de los territorios.
 
A la postre la democracia, en esta condiciones y contexto, se torna en una democracia de utilería, como las falsas movilizaciones, los falsos  positivos, y la falsa institucionalidad que se incuba tras el postconflicto en curso. Necesitamos que sin interferencias los ciudadanos propongan, debatan y decidan.  Sin embargo como se constata, el poder del demos resulta ilusorio, y el marchitamiento de la ciudadanía es apenas una de sus consecuencias. El desanimo, la desconfianza y la fragmentación son otros tantos síntomas del cada vez mayor alejamiento de la vida política de amplios sectores de la sociedad.
 
Sin embargo cuando la comunidad protesta, reclama y exige se torna incomoda, peligrosa y subversiva. Desaparece la democracia de utilería, diseñada para el control social y político, y emerge la democracia contestataria; la que pone en cuestión la justicia y los derechos. Es la contrademocracia que no apela a elecciones, sino a la voz, la opinión pública, la comunicación alternativa, entre otros mecanismos, desde los cuales el ciudadano vigila, denuncia y juzga. La corresponde, en consecuencia, a la democracia de imputación (Rosanvallon, 2006) destrabar la modorra que inmuniza el actual estado de cosas.