Como nunca antes había sucedido, Colombia asistió durante estas las últimas semanas a dos hechos de tremendo impacto mediático. Tres altos funcionarios del Estado renunciaron a sus cargos por verse involucrados de manera directa o indirecta en escándalos en los cuales sus vidas privadas tuvieron todo el protagonismo. Además, como un apéndice, la periodista que logró la renuncia de dos de esos altos funcionarios también decidió retirarse del medio que dirigía, según las versiones conocidas hasta el momento de escribir este Editorial.

Nunca en la historia reciente, y esa ya era una costumbre inveterada del periodismo nacional, había salido a flote la vida privada de los altos funcionarios del Estado, salvo algún desliz etílico de un Presidente en ejercicio que involucró a una dama de la sociedad cucuteña, pero que siempre se difundió más como una anécdota.

La renuncia del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, fue el resultado final de las denuncias reiteradas contra él por parte del columnista Daniel Coronell, las cuales incluyeron pruebas de acoso y maltrato laboral, y, en la más reciente, supuesto acoso sexual cometido contra una funcionaria de su despacho, incluidas fotografías obscenas enviadas por el Defensor a través de su teléfono (sexting).

Esta semana el turno fue para el viceministro Carlos Ferro y un día después para el director general de la Policía, General Rodolfo Palomino. Ambos porque la periodista Vicky Dávila divulgó un video de ocho minutos en el cual el viceministro sostiene un diálogo de explícito contenido erótico con un capitán de la Policía, quien lo grabó a hurtadillas para poder denunciar así –según él– una red de prostitución masculina que involucra a cadetes, altos oficiales de policía y políticos, la cual se rotula como “Comunidad del anillo” y que es negada por las autoridades. El video fue grabado cuando el viceministro era Senador en ejercicio.

Anoche, por último, se informó sobre la renuncia de Dávila como directora de La Fm, la emisora que subió el video a su página, divulgándolo como una prueba más que confirmaría la existencia de la denominada Comunidad. La periodista, al igual que otros comunicadores, había sido objeto de espionaje por parte de miembros de la misma Policía, al enterarse que su equipo investigativo ahondaba en el asunto de la llamada Comunidad. Desde ese momento había tenido enfrentamientos reiterados con el General Palomino, defendido a su vez por el Presidente Juan Manuel Santos y sus inmediatos colaboradores.

La renuncia de Dávila se da luego de un nutrido debate que incluyó a periodistas y público en general, defendiendo o rechazando la difusión de un video privado -grabado de manera engañosa- por parte de la emisora afín al gobierno Santos, quien luego de estallar el escándalo preguntó en un evento público si “divulgar ese video es buen periodismo”.

Ese el contexto general para los lectores que no tengan las claves globales de este asunto que lleva a múltiples reflexiones sobre el ejercicio periodístico.

La inmediata se refiere a los límites y alcances que para la prensa tiene la vida privada de funcionarios al servicio del Estado. En el periodismo de Estados Unidos es habitual el uso de información que involucra la vida privada de los personajes públicos, lo cual ha derivado en renuncias y juicios contra varios funcionarios, tales como los senadores que traficaban sexualmente con jóvenes vinculados al Congreso de ese país o el más sonado caso de Mónica Lewinsky, la becaria que casi le hace perder el cargo al entonces presidente Clinton. En los países europeos, salvo excepciones, esa línea de periodismo también tiene presencia.

En contraste, el periodismo latinoamericano ha sido poco dado a ello, con excepción de Argentina y algún otro país. En Colombia nunca se había abordado la investigación periodística de la vida privada de funcionarios, tradición que parece romperse con los dos casos mencionados –el del Defensor y el del Viceministro–. Pero ambos difieren en ciertos matices.

Las denuncias contra el Defensor del Pueblo, hechas por el periodista Daniel Coronell –también incluido en la lista de periodistas espiados–, aportaban testimonios y otras fuentes documentales, entre las cuales se incluyó la fotografía de las partes íntimas del funcionario, enviada a su vez a su subalterna, acompañada con frases subidas de tono. La imagen fue editada para no mostrar el pene.

En el video divulgado por Vicky Dávila y su equipo periodístico no hay edición alguna –por lo menos no en los ocho minutos conocidos por el público– y quienes acceden al mismo son espectadores de la que parece una conversación consentida entre dos hombres adultos que hablan sobre sus prácticas homosexuales mientras viajan en un vehículo. Si sirve como prueba o no está en manos de los jueces. La Procuraduría General ya la aportó a la Fiscalía con este carácter probatorio.

Por su parte, la imagen de las partes íntimas del Defensor fue recibida por el público como la prueba evidente del acoso, casi sin ninguna objeción por parte del público y colegas, mientras que la difusión del video dividió a la opinión sobre la necesidad de la publicación del mismo. Para muchos, bastaba con escribir una descripción o editar un fragmento publicable, pero con peso sobre lo que se afirmaba.

En este punto la discusión sobre el tratamiento periodístico de lo privado y lo público adquiere matices. La forma como se publica la información hace la gran diferencia entre uno y otro caso. En el primero (el del Defensor) hubo cierto respeto en el manejo de los contenidos explícitos, mientras que en el caso del Viceministro se mostró la conversación sin recato alguno, incluso apartes por completo irrelevantes si lo que quería denunciarse era la existencia de la tal Comunidad –palabra que, por lo demás, nunca se pronuncia allí–.

En conclusión, la clave de la discusión no es sobre si la vida privada de un funcionario puede ser relevante o no durante una investigación periodística. Todo apunta a que si la vida privada tiene implicaciones en lo público, aquella pierde su carácter y se convierte en material informativo y probatorio.

Pero más allá de ello está el tratamiento que se le da al mencionado material probatorio, lo cual amerita una reflexión sobre si es adecuado difundirlo sin restricción alguna o demanda prudentes ediciones que den pistas claras al público sobre el alcance del mismo. En el caso de Dávila, para muchos, hubo cierto matiz homofóbico y, peor aún, un hálito de revanchismo contra las altas jerarquías de la Policía Nacional, cuestionadas de manera insistente por la periodista durante las semanas recientes. Quizá hubiese bastado con explicar lo allí contenido, sin necesidad de alentar el morbo.

Otro asunto, no menos importante, es sobre la autorregulación y responsabilidad que les corresponde a los medios de comunicación, algo que a la vista de toda esta seguidilla de escándalos pareciera ser necesario. Pero ese, por su complejidad e importancia, ameritaría un próximo editorial.