EDITORIAL / FRENTE COMÚN PARA MATAR

El 2 de mayo el alcalde de Pereira, Carlos Maya, en compañía del gobernador de Risaralda, hizo el anuncio de un “frente común para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, citando para ello a los gremios y la seguridad privada, junto a la policía y el ejército. Así, en ese orden. “No permitir que los vándalos acaben a la ciudad de Pereira” fue otra frase textual del mandatario en ese evento. De inmediato, muchas voces lo refutaron en redes porque ese era un evidente llamado a la creación de grupos de autodefensa, una historia en la cual la ciudad tiene una deplorable historia bien arraigada.

De hecho, en los años ochenta en Pereira fue donde surgieron los abominables grupos de “limpieza social”, más conocida como la Mano Negra, con el beneplácito de buena parte de la sociedad y de las élites de entonces. Una cantidad jamás determinada de personas –indigentes, travestis, consumidores de droga- fueron asesinadas ante la mirada indolente de la ciudadanía. Era la escoria que debía eliminarse para tener una ciudad a la medida de los sueños de algunas élites.

Y pareciera que la Mano Negra nunca se fue ni de las calles ni de los corazones de muchos intolerantes. Resucitó, coincidencialmente luego de las irresponsables palabras del alcalde Maya. Anoche, tres días después del llamado de Maya, un hombre vestido de civil disparó con un arma automática contra la multitud que se manifestaba de forma pacífica en el viaducto César Gaviria Trujillo, al final de una jornada donde no se presentó un solo disturbio y se dio la fiesta democrática de manifestarse en lo público: en las calles, plazas y avenidas. Aunque al escribir estas palabras todo era confuso, una de las varias personas heridas fue declarada en estado crítico, Lucas Villa, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira; otro joven menor de edad también se encuentra en condición grave y se temía por su vida. De manera extraña, a esa hora no había presencia policial en el viaducto, según los testigos consultados.

Pero este hecho por completo execrable se suma a los rumores que circulan desde días atrás sobre las rondas e intimidaciones contra los noctámbulos, todas ellas desde vehículos tipo camioneta. Algunas de los amenazados publicaron como prueba videos en las redes sociales. También circularon audios donde se invitaba a matar a todo aquel que estuviera protestando en la noche. Y como en Colombia las amenazas son sentencias, he aquí el trágico resultado.

Ahora individuos o grupos de justicia privada se arrogan el derecho de silenciar a los que protestan, de manera que en el día está la manifestación social y en la noche se ha declarado un “paro armado” de hecho en la ciudad. Salir en la noche es de lo más peligroso que puede hacer alguien en este momento. En cualquier vuelta de esquina puede estar la muerte, la paliza o el arresto arbitrario.

Si se han cometido actos que afecten el patrimonio público o privado, las personas responsables deben llevarse a la justicia y que paguen por esas acciones. Eso es lo que dicta el Derecho. No es por mano propia como se pueden resarcir los daños, mucho menos con la vida de personas ajenas por completo a esos hechos. La ley del Talión nos llevaría a la sociedad primitiva, a la sociedad de la barbarie.

Una sociedad sólida se construye desde la diferencia, desde el antagonismo, del desencuentro. Nadie negocia con sus prosélitos. La negociación se da con el otro diferente, con el contradictor. La lección no la hemos aprendido. Pero esta manifestación popular, muchas veces espontánea, ha sido estigmatizada desde los círculos de poder, incluidos algunos medios de comunicación que han caído en la dinámica de los “vidrios rotos”, reiterando los daños ciertos o falsos que se dan, pero omitiendo las numerosas agresiones y abusos policiales que son pan de cada día. Por no hablar de las detenciones en masa donde ni siquiera se leen los derechos a los arrestados y no se cumple con los parámetros legales, determinando que después casi todos ellos salgan en libertad sin siquiera legalizarse el arresto, porque los jueces hallan que no hay cargos ni pruebas, como lo han confirmado los comités de derechos humanos en la ciudad. En otros casos, varios de ellos han sido objeto de torturas y lesiones físicas graves, como lo hemos reseñado en los informes publicados en nuestras redes sociales.

Alcalde Carlos Alberto Maya López, gobierne en su ciudad, a todos por igual, no para unos pocos que abusan de su poder político y económico para darle la espalda al sentir ciudadano. Lucas Villa, el hombre que aparece jovialmente saludando a la fuerza pública horas antes de ser baleado, lo merece.

Nota: este editorial fue actualizado con el estado clínico de una de las víctimas.

Portada / Alejandro Flórez Arcila