El medio ambiente y su lugar en la política

No obstante, la cultura política en Colombia se ha caracterizado por priorizar los intereses de la derecha, que al parecer priman ante la necesidad de resolver las problemáticas sociales y ambientales que hoy nos ubican como el segundo país más desigual de América Latina.

 

Por Jefferson Martínez Santa

Lo sucedido en Barrancabermeja, las consultas populares en contra de la minería a cielo abierto y las alertas ante las propuestas del candidato presidencial Iván Duque, nos están indicando que, con urgencia, Colombia debe atender a las problemáticas medioambientales. Esto se debe a que el territorio colombiano cuenta con un gran patrimonio natural al cual se le atribuye que hoy seamos reconocidos como un país megadiverso. Sin embargo, al buscar atender los intereses privados y la inversión extranjera, el Estado no le ha dado un verdadero lugar al medio ambiente desde la política.

Para el siglo XXI, uno de los retos que sobreviene para los diferentes estados del mundo es la apuesta por un mundo más sostenible que propenda por la conservación de los diversos ecosistemas y la reducción del calentamiento global. Por lo tanto, esto implica que los estados deben generar prácticas políticas de las cuales deriven regulaciones en torno al medio ambiente.

Las formas en las que se administra el capital ambiental no son ajenas a las prácticas que promueven la inequidad social. La explotación indebida de los minerales es un claro ejemplo de cómo la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los ríos y cauces vulneran el derecho vital al agua de las comunidades aledañas al eje de extracción de recursos; este es el caso de La Guajira y otras regiones de Colombia.

No obstante, la cultura política en Colombia se ha caracterizado por priorizar los intereses de la derecha, que al parecer priman ante la necesidad de resolver las problemáticas sociales y ambientales que hoy nos ubican como el segundo país más desigual de América Latina. Esto es el resultado de que nuestra agenda política no sea coherente con el transcurrir de la actualidad, pues la urgencia por privatizar la propiedad pública ha ido en detrimento de la calidad de la educación, la salud y la promoción de la cultura. Es decir, que los intereses de las élites han puesto en riesgo la seguridad colectiva y el principio de calidad de la vida humana.

En una entrevista con Sapiens, Gustavo Petro asegura que el cambio climático no es en su totalidad todo el problema ambiental, pero si no se generan acciones reguladoras, la vida en el planeta seguirá estando en riesgo; esta vez con una cercanía en el tiempo que no serán precisamente milenios sino en tiempos que serán decenios.

Por esta razón, hay un llamado a las acciones políticas inmediatas, puesto que en algunas décadas la magnitud del daño ambiental no permitirá un retroceso.  Por lo tanto, desde su punto de vista, ‘el debate’ por el castrochavismo y ‘el devenir de Colombia en Venezuela’ no es un asunto de relevancia para la esfera de lo público en momentos en que el mundo se está debatiendo en cómo mitigar el cambio climático.

El castrochavismo, la expropiación en Colombia y el comunismo no son más que una cortina de humo que busca ocultar las realidades del país de tal manera que la ciudadanía deposite sus votos en los candidatos de ‘centro derecha’ –no se en dónde está su configuración como grupos de centro– que aseguran un cambio para Colombia, sin siquiera poner en debate la reforma a la Ley 100 que es uno de los temas álgidos del momento.

Por otro lado, desde la primera formulación de los acuerdos de paz, la derecha se ha mostrado en contra de este proceso de cese al conflicto armado. Probablemente, porque aspectos como la restitución de tierras y la Comisión de la Verdad despiertan temores en aquellos gobernantes que se han beneficiado de manera directa de los ejercicios de la parapolítica.

En esta coyuntura, Colombia necesita un gobierno que trabaje en función del proceso de paz y que le dé paso a un proyecto político enmarcado en resolver las problemáticas del siglo en curso, donde el medio ambiente tenga un lugar. El cambio climático implica que tengamos que adaptarnos para los cambios que trae consigo; en este sentido, Gustavo Petro afirma que la demanda actual es por un ordenamiento territorial alrededor del agua como política nacional.

Para su efecto, Petro pone en común el caso de Cartagena, que es la segunda ciudad del mundo, después de Miami, más vulnerable ante el ascenso del mar, donde alrededor de 26.000 familias tendrían que ser reubicadas. Sin embargo, hoy el gobierno se ha mostrado indiferente ante estas situaciones y no es la primera vez que se hace caso omiso a este tipo de alertas, como quedó evidente hace 32 años con la actitud negligente del Estado que terminó en la tragedia de Armero.

Finalmente, queda como llamado a los lectores de esta columna pensar en cuál es el lugar que el medio ambiente, como escenario que también posibilita la construcción de la paz, debe tener en el ámbito político-administrativo. Vale la pena que antes de ir a las urnas reflexionemos sobre cuál es la transición que debe hacer el país para construir políticas en función de dignificar las víctimas del conflicto armado, defender la protección del patrimonio ambiental y generar nuevas prácticas de inclusión social.