“Sangre, sudor y lágrimas” ha sido la receta para que el capital sobreviva en medio  de las consecutivas crisis que se agravaron después del Consenso de Washington.

Por: Carlos Victoria

La voz de los gremios económicos que representan el poder del capital en todas sus manifestaciones en Colombia es disonante. Una cosa piensan los que están al lado del gobierno y, otros, como el caso de Fedegán, que obstinadamente se resisten a hacer parte de un proceso de diálogo y negociación con las guerrillas.

Históricamente el empresariado colombiano le ha apostado a la guerra, tanto la legal como la ilegal. Dicha resistencia no ha sido gratuita y simplemente refleja que las élites económicas y financieras siguen la tradición de un desarrollismo económico que no reparte dividendos entre el grueso de la población.

La alta concentración de la riqueza es apenas el resultado de dicha lógica que, por otro lado, se ha traducido en una mayor desigualdad no solo por la vía del ingreso de los trabajadores, sino por la capacidad y poder de influencia que tienen en las políticas públicas, puestas a su favor regularmente.

La denominada flexibilización laboral es apenas uno de los tantos golpes que el empresariado le propinó a los asalariados, deteriorando su calidad de vida, todo con el fin de “competir en el mundo globalizado” a precios del mercado. Ni qué decir en el campo de la seguridad social con la ley 100.

“Sangre, sudor y lágrimas” ha sido la receta para que el capital sobreviva en medio  de las consecutivas crisis que se agravaron después del Consenso de Washington. La peor parte de estas políticas la han llevado trabajadores y empleados: aumentó el desempleo, la tercerización y la informalidad.

Para los sectores militaristas del empresariado, cualquier atisbo de negociación ha sido una pesadilla. La idea del orden coincide con una visión del mundo, y el país propiamente, en la que no hay lugar a otros interlocutores que los sometidos “por las buenas o por las malas”.

La democracia liberal en Colombia no se ha construido exclusivamente en las urnas, sino a través de un reguero de sangre con miles de víctimas y desaparecidos. Hay mucho dolor y rencor en todos los bandos enfrentados.

Desde la creación del MAS, pasando por los Pepes, hasta las AUC, las mismas Bacrim, tanto la justicia norteamericana como la que se apoya en muletas en Colombia han comprobado hasta la saciedad que empresarios de varias ramas de la producción financiaron todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Aún la verdad no está al descubierto.

El reciente estudio de la FIP parece, sin embargo, demostrar una tendencia contraria a las voces que durante los dos periodos de Uribe aplaudieron hasta la saciedad la política del todo vale en el campo de la llamada seguridad democrática.

La solución militar sigue cayendo en desgracia mientras que la salida negociada va en aumento, conforme a un informe del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), lo cual no hace otra cosa que constatar el fracaso de las políticas guerreristas para poner fin al conflicto social y armado.

Sin duda, como lo ratifica el informe, “la mayoría de los líderes empresariales considera que la negociación es la salida más probable y deseable al conflicto armado en Colombia. En primer lugar, por la improbable eficacia de la salida militar: la solución militar, entendida como la aniquilación del grupo armado, no parece realista para los líderes empresariales”. En 2002 la cuestión era a otro precio.

En medio de todo es un avance que los empresarios le digan al gobierno que es necesario “discutir en escenarios democráticos, reformas de fondo que le apunten a mejoras concretas en materia de pobreza, redistribución de la riqueza, oportunidades laborales y de ascenso social y acceso a servicios públicos, entre otros”, aunque estos asuntos deban ser esquivados en las mesas de diálogo y negociación.

El pero de la consulta de la FIP es que los empresarios se niegan a dar el visto bueno  a reformas estructurales del Estado o del modelo económico, lo que en la práctica han sido los factores desequilibrantes de una Colombia inequitativa, violenta y con una institucionalidad que no favorece precisamente al ciudadano de a pie.

A lo sumo y como pintan las cosas no será este proceso propiamente un rompecabezas sino un juego de ajedrez. Es decir la paz como un negocio, ante el desgaste que la guerra impuso a todos los actores.