Hoy la agenda de la paz está más atrancada que antes. Ya no solo es un problema de redistribución de tierras sino de restitución de las mismas, las cuales fueron arrebatadas violentamente por grupos mafiosos en alianza con sectores ultra poderosos en el ámbito internacional y nacional con el pretexto de combatir el terrorismo.

  Por: Carlos Victoria

Los factores estructurales que han servido como grandes obstáculos para una paz con justicia social en Colombia se remontan a los mismos orígenes de la república, la cual nació en medio de guerras civiles y disputas por el poder y la riqueza entre las mismas facciones políticas que hoy se sientan en la mesa a negociar con las guerrillas en una isla del Caribe y el norte de Europa. Desde entonces no ha  habido un solo día sin que nos acostemos sin el estruendo de los fusiles.

La rigidez de las estructuras agrarias (Pécaut, 2012) se tradujo en el placebo preferido de los conflictos sociales tras el impacto de la implementación de unas instituciones que jamás lograron coronar con éxito una repartición equitativa de la tierra. El resultado no fue otro que la polarización entre latifundio y minifundio. A la larga la concentración de la propiedad sobre la tierra se ha convertido en una extraordinaria fuente de poder económico y político. Es el inamovible que ha trancado cualquier proceso de paz, y a su vez uno de las principales causas que han alentado la guerra.

Los diversos intentos diseñados para desmontar este modelo inequitativo han terminado, paradójicamente, en efectos contrarios como sobradamente se constató a través de la ley 200 de 1936 y otros intentos de reforma. A la debilidad del Estado se sumó la mano de hierro de los terratenientes para acentuar su hegemonía desde el ámbito local, como de hecho ocurrió tras la independencia con la repartición de las tierras públicas las cuales quedaron en manos de las clases más poderosas e influentes (Palacio, 2011). Antes que el fracaso de los anteriores diálogos entre guerrillas y gobierno lo que ha fracasado en Colombia es una pacificación mediada por las reformas política y agraria desde el siglo pasado, admite el último autor citado.

La hacienda cañera, ganadera y cafetera recrean el repertorio de la consumación de un proyecto liberal de concentración de la propiedad rural, y a la vez fuente de los conflictos agrarios que se extendieron por valles y montañas, configurando geografías de la injusticia y en suma determinando el marco social para que las violencias se empoderaran a través múltiples mecanismos hasta llegar al siglo XXI, periodo en que el suelo y el subsuelo siguen siendo precursores  de  riqueza pero también de pobreza y tragedia. De hecho el primer punto de la agenda entre gobierno y Farc solo refleja que en materia agraria el Estado y la sociedad subalterna solo se han puesto de acuerdo en una cosa: ¡en no ponerse de acuerdo!

El exterminio y cooptación de la Anuc, la proliferación de “pájaros” al servicio de terratenientes, el surgimiento de las primeras guerrillas liberales que más tarde adquirirían el carácter de izquierda armada, las bandas paramilitares ligadas al narcotráfico, y el Plan Colombia, como expresión de los ideales del orden norteamericano en América del Sur, son entre otras las expresiones de una guerra que ha tenido de por medio las profundas asimetrías entre la injusticia y la equidad en la posesión y disfrute de bienes primarios como la tierra. Miles de víctimas y millones de desplazados es el saldo que ha dejado un desacuerdo aprovechado miserablemente por los partidos políticos tradicionales que, en últimas, han sido los grandes beneficiados electorales de este escenario.

Hoy la agenda de la paz está más atrancada que antes. Ya no sólo es un problema de redistribución de tierras sino de restitución de las mismas, las cuales fueron arrebatadas violentamente por grupos mafiosos en alianza con sectores ultra poderosos en el ámbito internacional y nacional con el pretexto de combatir el terrorismo. En ese contexto se dio paso a megaproyectos refundadores del agro colombiano como la producción de biodiesel y nuevos enclaves minero energéticos a la sazón de la crisis financiera internacional y el compás de las políticas desarrollistas que laceran el medio ambiente y los derechos fundamentales, como el de un empleo digno.

El saldo histórico de este modelo excluyente no solo ha sido el reguero de miles de víctimas sino que, como lo corrobora el informe de Naciones Unidas “Razones para la Esperanza”, en el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0,0875, el de tierras a 0,86 y el de avalúos a 0,84: “si estos resultados se comparan con los de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo”. Este es el resultado, subraya el documento, de la influencia de las fuerzas del mercado, el narcotráfico y la actuación de grupos armados por fuera de la ley, así como de la cultura de rápido enriquecimiento y la avidez de renta.

La pregunta en consecuencia es sencilla: ¿Hay voluntad política desde el poder para solucionar el problema agrario que no solo pasa por la concentración de la propiedad sino también por la combinación de otros factores asociados a una institucionalidad precaria y la enorme influencia del narcotráfico en su conjunto? Para quienes se rasgan las vestiduras con el fenómeno de las drogas ilegales basta recordar que esta economía se abrió paso de la mano de miles de campesinos arrojados por el mismo Estado a las llamadas zonas de colonización, porque a su vez ya habían sido expulsados “de los alrededores del latifundio” (Jaramillo, Mora, Cubides, 1989). Quedarnos con la versión simplista que ofrece el periodismo mediático es ser cómplices de la ausencia de verdad histórica.