…según la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales, el 84 por ciento de la contratación del municipio de Pereira, suma cercana a 1.463 contratos, se ejecutan por contratación directa…
Por: Carlos A. Crosthwaite Ferro
A pesar de los frecuentes casos de corrupción que se denuncian a diario, nuestros dirigentes, los organismos de control y la casi mayoría de los medios de comunicación, le hacen creer a nuestra ciudadanía que estos son hechos corrientes y de irrisoria importancia. No salíamos de la denuncia de la fuga del señor Danny Edwin Muñoz T, Tesorero de la Contraloría Municipal, y posiblemente responsable de la pérdida de una importante suma de dinero de este organismo, cuando se anuncia que el señor Andrés Echeverri A., Secretario de Gobierno Departamental, fue separado de su cargo, pues se encontró que su título de abogado es falsificado.
La semana pasada el periódico La Tarde denunció, asimismo, que según la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales, el 84 por ciento de la contratación del municipio de Pereira, suma cercana a 1.463 contratos, se ejecutan por contratación directa, lo cual, según ellos, deja en claro que es “algo que mantiene expuesto e incrementa la vulnerabilidad del sector oficial a prácticas de corrupción”.
Acto seguido el actual Representante a la Cámara por el partido de la U y uno de los propietarios de la nómina, el presupuesto y el control político y disciplinario de la región, Didier Burgos, apuntó a este respecto: “La contratación por prestación de servicios es un gran porcentaje y es de menor cuantía. No se hace por licitación pública y entre esos contratos están los asesores que van a la Alcaldía o los que prestan apoyos administrativos. Hay que aclarar: Todo lo que tiene que ver con obras públicas se está haciendo por licitación. No se puede hablar de corrupción en la Alcaldía de Pereira, este alcalde y puedo poner mis manos al fuego, no toma una decisión para meterse un peso al bolsillo o favorecerse él. Eso lo sabe usted y todo el mundo. Este es un alcalde transparente”.
Lo anterior demuestra que los servidores públicos se están escogiendo a dedo y de acuerdo a las negociaciones que se hacen entre los jefes políticos y los mandatarios locales, lo cual conduce a nombrar personas de muy baja formación académica, y más inclinada a satisfacer los intereses de la corrupción, que generar calidad en la administración. Y lo que es más grave: la violación del estatuto de Contratación al fraccionar los contratos de prestación de servicios en plazos de tres meses renovables y celebrar estos para el ejercicio de funciones de carácter permanente a pesar de la expresa prohibición Constitucional.
Esta prohibición constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no solo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se cambie la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una característica de trabajo con el Estado de tipo excepcional, ideado como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte de las labores ordinarias de la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados.
Este modo de contratación ha colocado a los contratistas de prestación de servicios en simples objetos de manipulación de diputados y concejales facinerosos, que han establecido una modalidad de extorsión muy peculiar, pues obligan a estas personas a pagar extorsiones cercanas al 40 por ciento del valor de sus contratos. Nuestras entidades están llenas de contratistas extorsionados, más de uno cuenta con lujo de detalles esta práctica mafiosa. Algunos quieren hablar, pero tiene temor pues en Pereira no hay garantías para ellos.
Por un lado pues, tenemos a unos señoritos protegidos de los grandes jefes políticos y que acceden a importantes cargos públicos mediante trampas, y por el otro lado una numerosa nómina de contratistas que son objeto de una extorsión permanente por parte de sus nominadores, lo que conduce inexorablemente a un resultado de la gestión pública desastroso, por la falta de un personal de planta seleccionado con base a méritos y con amplios conocimientos académicos.