El contrato de Empocabal, la empresa de servicios públicos de Santa Rosa de Cabal, para vender agua potable a la recientemente creada Serviaraucarias S.A.S, es un asunto mayor. Y debe discutirse con rigor. No es este un problema entre alcalde anterior y actual, o de este con el sindicato. Contrario a esto, compete tanto a los usuarios de servicios públicos como a la economía municipal.

 

Por: Duberney Galvis

Hay que partir por reconocer el malestar de los usuarios ante los injustificados y crecientes aumentos en las tarifas, como han explicado analistas, amparados en la nociva ley 142 de 1994. Aumentos que han aplicado en Empocabal en medio del silencio de las sucesivas administraciones municipales.

Por otra parte, los estados financieros de la empresa indican que tras los balances negativos por la pérdida de venta de agua en bloque a Dosquebradas, vuelve a registrar utilidades en el 2015. Es claro entonces que en la actualidad no se justifica la venta o entrega de funciones a terceros. Por el contrario, contratos como el de Serviaraucarias se vuelven, como lo han advertido renombrados analistas y el Comité Cívico, un “cheque en blanco” para operar, comercializar y distribuir agua tratada. Además, con venta de metro cúbico a 1.500 pesos, aproximadamente. ¿Terminan entregando metro cúbico a costo de ciudades como Bogotá, Barranquilla o Medellín? ¡Gangazo!, que incluso pudo haber violado el estatuto de contratación; y a falta de restricciones, la venta de agua puede extenderse más allá de la zona rural y llegar al área urbana devorando al proveedor inicial. Crían cuervos…

Entre tanto, la idea de que los trabajadores son una carga financiera es una falacia. La maniobra de meter en un solo frasco el salario base, las nivelaciones, cesantías, primas y demás, para inflar sueldos y presentarlos como exagerados es mal intencionada, equiparable por demás a un trabajo mediocre de primer semestre de economía. Según lo estados financieros, entre 2012 y 2015 los “sueldos y salarios” de acueducto se redujeron en pesos nominales 268 millones de pesos, alrededor de 50 por ciento menos. Esto repercutió positivamente en parafiscales, impuestos y gastos convencionales. Indica que, antes de convertirse en una “carga”, los trabajadores aportaron el mayor porcentaje de la recuperación de la empresa.

Por lo demás, resulta sospechoso que la defensa de este negocio esté rodeada de panfletos anónimos. Nada serio pueden traer a la economía de una empresa, pueblo, región o país estos métodos, y sus contenidos, de los que echa mano la alcaldía municipal. En su orden de ideas, el que saldría mal librado sería el alcalde Henry Arias, pues está poniendo en riesgo el patrimonio del municipio que por administrarlo, le paga varios millones al mes, o sus conmilitones Samy Merheg y Juan Carlos Rivera, que ganan más de 27 millones al mes, deben asumir la responsabilidad política por este mal negocio. Y por más que salga publicidad pagada difundiendo que no hay privatización, en la vida real es privatización. Igual de grave es la conducta del gerente Jhon Jairo  Gómez, a quien los santarrosanos le pagan buen sueldo para velar por el bienestar de la empresa y termina aplaudiendo el negocio. 

Luego, ante la parsimonia de las autoridades, corresponderá a los santarrosanos y risaraldenses tener la capacidad para que el malestar por los asuntos del funcionamiento y manejo de Empocabal, lo conduzcan en la idea de rescatarla de manos de quienes la han deteriorado. Aquí aplica la siempre útil enseñanza metafórica de los cafeteros: “el hecho que el cura sea malo, no significa que haya que quemar la iglesia”. En este sentido aporta el cabildo abierto que está andando para comienzos de este 2017; tendrá muchos ojos encima y permitirá conocer más verdades sobre el tema.

@DuberneyGalvis