Los hechos que denunciamos son muestra inequívoca de una alternativa, o los funcionarios que elaboraron los pliegos carecían de los conocimientos o de la habilidad necesaria para construirlos sin que generaran riesgos para las partes contratantes, o tenían la intención de favorecer a algún proponente, mediante la exigencia de requisitos que evitaran la concurrencia de otros.

 

Por: Corporación Vigía Cívica

El municipio de Pereira convocó una licitación pública, que revocó antes de recibir propuestas, para: “Realizar el suministro e instalaciones de mobiliario, elementos electrónicos, tecnológicos y adecuaciones pertinentes para la administración central y sus diferentes áreas”. No tenía cantidades definidas, pues sería por precios unitarios, hasta agotar el presupuesto oficial de $1.943.440.952.

Contenía 42 ítems, con artículos tan diversos como: puertas de vidrio, neveras de 400 litros, escritorios, lavadoras de 18 kilos, sillas “operativas”, sabanas de 200 hilos, salas de reuniones, “elípticas” de gimnasio, etc.

Los precios presupuestados, frente al costo de algunos artículos en los almacenes locales, resultan sospechosamente elevados, aun teniendo en cuenta que el Estado, por todo lo que le cobra a un proponente y por su conocida morosidad en el pago, siempre tendrá que pagar más por sus adquisiciones.

Por ejemplo, neveras de las características solicitadas, que en comercio local cuestan entre $1.629.000 y $2.370.000, estaban presupuestadas en $3.248.700; una “elíptica”, estimada en la licitación en $4.641.000, en las tiendas especializadas vale entre $800.000 y $1.500.000; una lavadora, de las que se pretendía comprar, costaría en una tienda local, aproximadamente, $1.500.000, pero fue presupuestada en $2.784.600.

Se podría suponer que los márgenes de utilidad, con tales estimativos, deberían atraer gran afluencia de oferentes, pero las condiciones de los pliegos ponían barreras que hubieran impedido a muchos presentarse.

Una era la obligación de presentar muestras de 7 ítems de los ítems, en el piso 3 del edificio “Torre Central”, entre ellos: “Puesto operativo en “L” de 1,50 Mts”, “Sala de reuniones para 6 personas”, “División de vidrio y puerta de 2,40 Mts. de altura” y “Módulo archivo mecánico rodante doble”, todo fabricado de acuerdo a la ficha técnica de los pliegos. La elaboración de las muestras requeridas tendría un costo superior a 9 millones de pesos que solo recuperaría el proponente que consiguiera el contrato, lo demás tendrían que salir a venderlas o a desarmarlas, según el caso, con la consiguiente pérdida económica.

Otra estipulación excluyente, porque generaba un riesgo para el futuro contratista, era el cronograma. La audiencia de adjudicación sería después del 20 de diciembre y el plazo de ejecución del contrato no podría superar el 31 del mismo mes. Tendría menos de 11 días, en época navideña, para suministrar una cantidad de bienes y hacer unas adecuaciones locativas, que solo conocería después de firmar el contrato y que debería repartir por toda la ciudad.

La repuesta del municipio a una de las observaciones, hechas al proyecto de  pliegos, da una pauta de lo que implicaba para un empresario participar en esta licitación: “Por lo tanto advierte que los elementos que requiere son de suministro que necesariamente el contratista deberá tener un inventario básico (stock mínimo de productos fabricados o comercializados) para atender el volumen requerido en este proceso de acuerdo al tiempo de ejecución, considerando la satisfacción inmediata y urgente de la necesidad planteada por la Administración.”

En consecuencia, ningún comerciante juicioso se hubiera presentado, salvo que tuviera en su bodega lo necesario para cubrir, en 11 días, cualquier combinación de requerimientos, o, que de alguna manera, conociera previamente lo que debería entregar, o, que tuviera concertada, previamente, una prórroga del plazo. Dos conductas, estas últimas, perseguibles por la Ley penal.

Aplaudimos el buen juicio de quien ordenó la terminación anormal del proceso, pero consideramos que no es suficiente. Los hechos que denunciamos son muestra inequívoca de una alternativa, o los funcionarios que elaboraron los pliegos carecían de los conocimientos o de la habilidad necesaria para construirlos sin que generaran riesgos para las partes contratantes, o tenían la intención de favorecer a algún proponente, mediante la exigencia de requisitos que evitaran la concurrencia de otros.

En la alcaldía tendría que haber una investigación interna para pedir explicaciones a quienes elaboraron los estudios de mercado y los pliegos de esta licitación.