“Hay un sinfín de afirmaciones que están llevando ‘maliciosamente’ a que la opinión pública crea que en caso de que el Tribunal Contencioso falle en contra del alcalde Gallo, se cometerá una grave injusticia”
Por: Adriana González Correa
@adrigonco
Como es natural y legítimo las fuerzas se van acomodando en función de los intereses políticos. Cada quien va asumiendo posiciones de acuerdo a beneficios propios y/o convicciones. Decenas de columnistas han dado su opinión. Y hasta este punto todo normal.
Lo irregular del asunto en este debate es que se acuda a argumentos que deslegitiman la Administración de justicia y se pretenda cargar de “injusta” una decisión que aún no está tomada y que en principio debe estar ceñida a derecho.
Me atrevo a afirmar que todos los que han escrito en contra del proceso desconocen la verdad procesal que descansa en el expediente; sin embargo, las opiniones a favor del alcalde de Pereira acuden a descalificar los argumentos no conocidos y a los intervinientes en el proceso.
Un ejemplo de mi afirmación es lo dicho por el abogado del alcalde para un medio televisivo en el que se atrevió a llamar de ignorante e irresponsable al Procurador Judicial que le correspondió conceptuar en el proceso y solicitó la “pérdida de investidura para Gallo”.
El Comité cívico que apoya la demanda denunció esta semana que el abogado García amenazó con ‘acabar’ al periodista James Amaya, a Edison Noreña y demás miembros del Comité Cívico.
Por su parte, un escudero fiel y hermano del expresidente del Concejo Municipal, Luis David Duque García, en comunicación escrita, afirmó que esperaba que el Tribunal no fallara sobre intereses políticos y económicos como sucede a nivel nacional; después de hacer una exposición de su versión de los hechos, el lector concluye que si el Tribunal falla en contra decidirá sobre los presupuestos mencionados.
Hay, como estas, un sinfín de afirmaciones que están llevando ‘maliciosamente’ a que la opinión pública crea que en caso de que el Tribunal Contencioso falle en contra del alcalde Gallo, se cometerá una grave injusticia y que dicha decisión estará atravesada por intereses políticos. Opiniones que, repito, desconocen la verdad procesal del expediente.
Hasta el Contralor Municipal metió sus narices para demostrar la inocencia fiscal de Gallo.
Al respecto, conceptuó el exprocurador Regional Perches Giraldo, y demostró la inconsistencia del comunicado del Contralor, en el que afirma literalmente que: “nunca existió proceso de responsabilidad fiscal para el señor Gallo Maya”, y más adelante afirma que: “se archivaron las diligencias adelantadas y se exonera al señor Juan Pablo Gallo Maya y demás vinculados en el proceso”.
Descubre una cosa lógica el exprocurador: “no se puede archivar el proceso que nunca se inició”.
Mi conclusión personal es que esta campaña mediática y de opinión que se ha gestado en favor del alcalde, es altamente peligrosa para la democracia, y no es peligrosa porque se esté a favor de Gallo, es un derecho legítimo estar a favor “de”.
Lo peligroso de esta estrategia jurídica y mediática, es tratar de deslegitimar al contendor por iniciar una acción legal y constitucional cuando cree que hay argumentos jurídicos y probatorios para poner en tela de juicio una actuación u omisión de un funcionario público.
Igualmente, es altamente peligroso tildar al juzgador (incluso, sin fallar aún), que si su decisión es en contra del funcionario en cuestión, está atravesada por intereses políticos o revestida de ignorancia e irresponsabilidad.
Un concejal debe tener claro que hasta tanto no se le notifique el cierre de una investigación penal, disciplinaria o fiscal, continúa vinculado al proceso, si Gallo no lo sabía es claro que estaba expuesto a violar la ley en el régimen de impedimentos, y debe recordarse que en Colombia el desconocimiento de la ley no sirve de excusa.
Es un juego peligroso, que además de demostrar la poca gallardía del apoderado del alcalde y muchos que han cerrado filas en favor del mismo, deja al descubierto la ampolla que se levanta en esta Administración cuando se pretende realizar el control al poder, propio de una sociedad democrática.