En el último cuatro de siglo en Pereira fueron asesinados 21 sindicalistas. Ocurrió entre 1986 y 2011. Como otras tantas víctimas de la violencia, estos hechos han quedado sepultados por el olvido, y la impunidad.

Por Carlos Victoria |

El PNUD, con el apoyo de ocho países, acaba de publicar un completo estudio sobre el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia. Sus conclusiones y recomendaciones son discutibles, lo importante es que en la lucha por la verdad y la reparación de los trabajadores colombianos ya no están solos. Y eso cuenta para efecto de lo que sugiere el estudio: la no repetición por persecución, estigmatización y victimización de la acción sindical en nuestro país.

Parecería una utopía pero es una apuesta a los que los demócratas no deben renunciar en un país donde las múltiples violencias, y en especial contra los sindicatos  y los trabajadores ha sido una constante, como quiera que Colombia es el país donde la actividad sindical resulta la más peligrosa  en el mundo. La violencia ejercida por agentes del Estado, y  la ilegalidad en su conjunto contra el sindicalismo solo corrobora una constante a través de la historia: recurrir a la muerte como un mecanismo fácil para dirimir las diferencias (Jaramillo, 1995), en lugar de apelar a los procedimientos de la democracia moderna, en términos del debate, el pluralismo y los disensos entre el capital y el trabajo.

En teoría “el derecho puede servir de barrera para que estos hechos nunca se repitan” (Wills, 2011), sobre todo en Colombia donde aún el sindicalismo no es un eje de democracia, en la medida en que no hay  voluntad ni coherencia entre lo que pregona el gobierno y los hechos.  La historia del sindicalismo colombiano está escrita por la sangre de las víctimas. Según el estudio citado en los últimos veinticinco años, al menos 2.863 trabajadores fueron asesinados. Los maestros y maestras encabezan las estadísticas. Le siguen los trabajadores bananeros y petroleros. El fenómeno se recrudeció tras el fortalecimiento del paramilitarismos en los años noventa. Si bien desde 2003, la cifra de homicidio ha descendido, las amenazas y la violencia no letal  no cesan: “la violencia, mas que marchar hacia su fin…ha experimentado transformaciones en los últimos años.”.

 Aunque el propio gobierno reconoce que hizo poco para evitar lo que llama tragedia, a través del Vicepresidente Garzón subraya que el conflicto armado debe “acabarse a las buenas o a las malas”, desde dos condiciones contradictorias: “desarmar la palabra” y el “proceso de unidad nacional”. Desde su acostumbrada muletilla coloca a los actores en el mismo plano a través de la comunidad imaginada de “población trabajadora” y “población empresarial”, descafeinando las contradicciones propias de las relaciones de poder obrero-patronales, y en medio de un contexto normativo censurable a través de políticas de flexibilización laboral y tercerización de las modalidades de contratación inspiradas en la Ley 50 de 1990.

El prejuicio de que todo sindicalista es subversivo, idea propagada por funcionarios públicos, elites empresariales y medios de comunicación ha contribuido a generar un clima de hostilidad y hasta de legitimidad social frente a la violación de los derechos humanos. Lo que en otras sociedades no es otra cosa que una actividad tan legitima como otras tantas, en Colombia es sinónimo de negatividad y acumulación oportunista de derechos. Aún hay voces que señalan a los sindicatos del deterioro  competitivo de las empresas, a la vez que responsables de la perdida  de puntos del PIB. “La negatividad de la mirada sobre el sindicalismo que impregna todo el entorno, llega hasta los eventuales autores de los hechos violentos contra sindicalistas”, ante los jueces los autores materiales expresaron “la convicción de lo dañino que  consideraban sindicatos y huelgas para la sociedad y el progreso”, dice el informe del Pnud.

¿Quién y por qué los matan? Estas preguntas guiaron la investigación dirigida por el profesor Carlos Miguel Ortiz. No es difícil hallar las respuestas. Desde el punto de vista conceptual en Colombia se ha evidente una modernidad sin modernización, y lo que es peor una idea de democracia que ha excluido los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales. La asimetría entre derecho y poder se ha zanjado desde la violencia, la exclusión y no propiamente desde el debate razonado. Hoy Colombia experimenta una de las más  tasas más bajas de sindicalización como resultado de la criminalización y la estigmatización del derecho a la libre asociación. El miedo cunde. Los vacíos de información acerca de los autores es una constante: 2.232 casos están sin identificar, aunque los grupos paramilitares encabezan la lista.

…Empresas como Nestlé, Coca Cola y varias palmeras y cementeras han tenido que registrar numerosos homicidios contras trabajadores suyos afiliados a los sindicatos…

(Naciones Unidas, Colombia, 2012)

Sobre los móviles el estudio contrasta diferentes fuentes. Por ejemplo para la Comisión Colombiana de Juristas, de 269 sentencias condenatorias, el 40.52% el móvil del crimen fue la “calificación de la víctima como subversivo por ejercer la actividad sindical”, o “prejuicio insurgente”, como lo califica DeJusticia de la Universidad Nacional. El documento de Naciones Unidas, con el apoyo de países como E.U., Noruega, Suecia, España y Canadá, entre otros, señala que “será necesario emprender acciones que apunten a ir cambiando…el imaginario negativo y el estereotipo de estigma que se activa frente a la acción reivindicativa o de veeduría, de los sindicatos” en Colombia.

La nueva derecha que irrumpe en el concierto latinoamericano no quiere más sindicalistas asesinados. En el caso colombiano promulga el 0 asesinato de trabajadores sindicalizados. Angelino Garzón exsindicalista, candidato a ser el máximo jerarca de la OIT y vicepresidente lo ha dicho con toda claridad: “no más impunidad, no más asesinato de sindicalistas”.  Sin embargo cualquiera podría decir que, como lo ordenó un Alcalde de un pueblo italiano, queda terminantemente prohibido morir. Las aristas y pliegues de contexto son diversas. Por ejemplo el asunto se globaliza tras la investigación abierta en Suiza por el asesinato de un sindicalista que laboraba para una multinacional de alimentos, o en los sonados casos del sindicato de Coca Cola, Cerrejón, etc., ni se diga.

Frente al informe  “Reconocer el pasado: Construir el futuro”, con Todorov (2008) diría que es históricamente necesario una apropiación social y políticamente más radical de la memoria, porque de hecho hemos asistido a una guerra contra la memoria, en este caso de la víctimas del sindicalismo, desde diversas estrategias que alimentan el olvido. Lo que logran estos informes, auspiciados por las Naciones Unidas con el apoyo de la comunidad internacional, es SALVAR VIDAS HUMANAS, siendo tal vez uno de los resultados esperados en el inmediato. Ya hizo suficientes estragos humanitarios el modelo de “orden limpio”, lo que sigue no solo es la verdad y la reparación integral de las víctimas sino una auténtica apuesta por profundizar la democracia, sostenida en la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Agentes del Estado, Patronos y contra estatales estarán dispuestos a sumarse?