Incertidumbre pensional

Cobertura y equidad no cumplen las expectativas de millones de habitantes a la espera que el Estado o los fondos privados les provean su mesada. 

Por: Juan Manuel Toro Monsalve

El crecimiento demográfico del país es de los más altos a nivel regional. Por eso Colombia es la nación latinoamericana que posee la tercera población más grande. Sin embargo, parte de ese grupo está llegando a la edad de retiro y por consiguiente, a la tan anhelada pensión. Ni hablar cuando a 2030 la población actual llegué al umbral de la tercera edad. De ese modo, es válido afirmar que el país no se está preparando para asumir esa carga venidera, y más aún cuando en la actualidad diferentes factores inciden en que el futuro de esas personas no sea para nada alentador.

Lo anterior dado por los altos índices de pobreza, la inequidad social, el poco trabajo a nivel institucional, la baja cobertura en seguridad social y la informalidad laboral. Hoy día más de 4 millones de personas están por encima de los 60 años, de los cuales 3 millones no reciben pensión, sumado a que el 75% de ese grupo está ubicado entre la pobreza y la indigencia.

Es evidente que el asunto pensional es netamente económico. El marco colombiano se rige por ese factor, decisivo al momento de un individuo querer pensionarse. Así pues, aunque la Ley 100 fue concebida para que el grueso de habitantes, trabajadores y activos accediera a su mesada, el colapso del sistema continúa debido a la baja cobertura y al escaso ahorro que tienen los colombianos.

Cuesta creer entonces que lo alcanzado por los fondos privados de pensiones, que fluctúa alrededor de los 63 billones de pesos, no sea transmitido hacia aquellos que por mandato constitucional, tienen derecho a ella. Cobertura y equidad no cumplen las expectativas de millones de habitantes a la espera que el Estado o los fondos privados les provean su mesada. Lastimosamente el régimen que funciona en Colombia fue pensado para que el trabajador sea quien aporta, pero solo lo consigue aquel que está formalizado y que tiene acceso a todas las prestaciones sociales.

Es diferente lo ocurrido con aquellos que rondan el campo de la informalidad y que acuden al rebusque para subsistir en el presente, sin ninguna capacidad de ahorro, pensando en el instante cuando lleguen a la vejez; el desamparo desde ahora los acompaña. De igual forma, a los viejos del presente el Estado les aparece de manera paternalista y con pensiones asistenciales que llegan a los 80 mil pesos, cifra insignificante para cualquier ciudadano y más aún para la subsistencia de 700 mil ancianos que están tirados a la suerte.

El panorama indicado dista entonces de un futuro asegurado. Todavía hay tiempo que permita planificar de la mejor forma el asunto pensional y de seguridad social para la tercera edad. Es claro que la incapacidad de ahorro, el desempleo y la informalidad no permiten acceder a esos privilegios que deberían ser derechos.

El país debe prepararse para afrontar que sus habitantes envejecen a paso acelerado, incluso por encima del promedio regional. Retos y expectativas se deben plantear para mejorar la calidad y cobertura, respecto al propósito de las pensiones. Sin embargo, la fuerza laboral del presente es débil y por eso como diría una exsenadora liberal, “se está pasando de tener un país con trabajadores pobres a tener uno con ancianos indigentes”; si el presente no está asegurado, ¿qué deparará el futuro?