Que nuestra justicia siempre caminó en silla de ruedas es cultura general, pero, según el parte médico, ya no presenta ni signos vitales.

 

juan-alejandro-jaramillo-colPor: Juan Alejandro Echeverri

En la antigua Grecia, no en la ignota y embargada Grecia contemporánea, existía un panteón olímpico. En él moraban todopoderosos e insignes personajes que no solo tenían la explicación del porqué de las cosas, sino que también tenían la responsabilidad de “ejercer” –si es que se puede- la justicia. Y como buenos justicieros y semihombres que eran, en ocasiones la ejercían a su favor, otras veces en detrimento de sus semejantes, y en la mayoría de los casos (pensaban los griegos) buscando el porvenir de la humanidad. Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, por nombrar algunos de los catorce merecedores de ocupar los tronos vedados para los mortales.

Pero en este país metafísico en el que vivo no hay uno sino cuatro panteones olímpicos: el Consejo Superior de la Judicatura, encargado de administrar los recursos de la rama judicial (rama encargada de la justicia) y juzgar a los funcionarios que hacen parte de ella; el Consejo de Estado, que en pocas palabras tiene la responsabilidad de vigilar y juzgar el accionar administrativo del Gobierno Nacional; la Corte Constitucional –que otrora fuera la sala constitucional de la Corte Suprema y que desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 pasó a ser un órgano independiente- garante de que nuestra constitución, que parece más una quimera, sea cumplida a cabalidad; y la Corte Suprema –que se supone es la instancia última y “suprema” de la justicia colombiana- encargada de dar la última palabra sobre los asuntos civiles (una deuda), laborales (un despido) y penales (un asesinato) cuando involucran a particulares como usted y yo.

Dichos organismos no son inventiva de la justicia colombiana. Son adaptaciones muy criollas de los modelos de justicia de países como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Es cierto que ni en los países del primer mundo existe la utópica justicia, pero al menos hay una tenue confianza en que los gobiernos obran de la forma más justa posible. En mi país la única justicia que existe es la divina, y hasta los ortodoxos desconfían de ella.

El prócer cubano José Martí decía que el hombre debía poner la justicia en un lugar igual o más alto que una palmera. Martí olvido que el ser humano siempre está de su lado. Dejar la justicia en manos del hombre de entrada es un riesgo suicida, dejar la justicia en manos de los “honorables” magistrados de las altas cortes colombianas provoca un cataclismo de ciencia ficción.

En cualquier país donde, aún, el honor tenga un valor social, solo podrían aspirar a ser magistrados aquellas personas que tengan un historial intachable, ejemplar. En mi país llegan a ocupar el cargo de magistrados, abogados como Alberto Rojas Ríos, acusado de robarle la indemnización a una viuda que representó.

En cualquier país donde la sociedad civil exija honorabilidad a sus dirigentes, si hay indicios de que un magistrado pidió dinero para fallar a favor o en contra una tutela, ese magistrado por vergüenza y dignidad renuncia al día siguiente, incluso a las horas de que se conozca la noticia –basta con el indicio–. En mi país, Jorge Pretelt, Magistrado de la Corte Constitucional, acusado de pedir 500 millones para favorecer a Fidupetrol en un fallo de tutela, fue destituido por el Senado un año después de que saliera a flote el escándalo. Cabe resaltar que Pretelt fue destituido por ser un soldado uribista, si hubiese tenido en su oficina la escultura de una paloma blanca su exsecretaria todavía lo saludaría con un “buenos días, doctor”.

Que nuestra justicia siempre caminó en silla de ruedas es cultura general, pero, según el parte médico, ya no presenta ni signos vitales. Por culpa de “honorables” como Ríos y Pretelt y toda la bandada de mezquinos que hacen triquiñuelas en las altas cortes, la justicia en este país no es un derecho sino un premio: un bien escaso en manos de los que tienen otros premios como la verdad, la salud, y tantas otras cosas.

Una justicia amoral, tendenciosa, minada por la politiquería, y prostituida, en lugar de obrar a favor del pueblo, obra en contra de él. Se necesitan años de paciencia para verla obrar, aunque hay casos como los del coronel, de García Márquez, en los que no basta la vida para conocer el sabor de la justicia.

 

A modo de epílogo

Si Colombia fuera un país sensato se supondría que las sentencias de la Corte Suprema son palabra sagrada –son sentencias supremas-. Pero si un abogado de Unguía, Chocó, apela una sentencia de la Corte Suprema porque la considera inconstitucional, el fallo de la Corte Suprema pierde validez. Como el mal humorista, riámonos de nosotros mismos, no encuentro otra manera de hacer catarsis.

@j_alejo16