Como se afirma en la izquierda: “los hechos son el criterio de la verdad”. Frase que sin duda es absolutamente pertinente para el caso colombiano y sus enormes problemas de corrupción, que además de ser un cáncer que corroe la sociedad en sus estructuras éticas y morales, son el gran impedimento para que exista más desarrollo y bienestar social en el país.

 

Por: Adriana González Correa

En campaña casi todos los políticos prometen y cuando se trata del tema de la corrupción, sin duda que aún más. Popularmente se dice que todo político –aun siendo corrupto– habla contra la corrupción.

Como se afirma en la izquierda: “los hechos son el criterio de la verdad”. Frase que sin duda es absolutamente pertinente para el caso colombiano y sus enormes problemas de corrupción, que además de ser un cáncer que corroe la sociedad en sus estructuras éticas y morales, son el gran impedimento para que exista más desarrollo y bienestar social en el país.

El actual presidente, como buen político tradicional, prometió combatir la corrupción, diciendo: “el que la hace la paga” –como recordó acertadamente Jorge Robledo en el debate a Carrasquilla–; sin embargo, volvemos a recordar los colombian@s que en el país “el que la hace, cae para arriba”.

Tres casos concretos que rodean a los Ministros de Duque demuestran que con este gobierno también se caen para arriba.

El debate del martes pasado contra Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, demuestra que entre más grande la trampa mejor le va al tramposo. Un hombre que siendo ministro de Hacienda gestionó una reforma constitucional –que posteriormente se convirtió en una ley– con el fin de configurar un proceso de endeudamiento a futuro de los recursos del agua y saneamiento básico para los Municipios.

Los intereses de la deuda para los Municipios rayan con la usura y la empresa que creó el Ministro, con dos socios más, se encargó de asesorar la gestión para la emisión de bonos que terminó siendo una deuda largamente pagable para los entes territoriales, como afirmó Coronell en su columna: empobreció a 117 Municipios.

Así el Ministro Carrasquilla haya ganado, por medio de una ley tramposa, “solo” 8.000 millones de pesos –como afirmó Uribe– o 70.000 o 500, la realidad es que a través de la puerta giratoria que va del sector público al privado y del privado al público, demuestra que es buen negocio para el funcionario y para la empresa privada que contribuyen a esquilmar el patrimonio público a costa del bienestar colectivo.

Ahora bien, ese Ministro que crea una empresa en un paraíso fiscal –Panamá–, que endeuda a los Municipios consiguiendo un negocio millonario para sí mismo, será el encargado de tramitar la nueva carga impositiva para todos los ciudadanos que generalmente no tenemos empresas en paraísos para evadir impuestos y mucho menos usurpamos el patrimonio público para nuestro propio enriquecimiento.

Pero para el gobierno Duque la cosa no para en Carrasquilla. La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también cuenta con un pasado dudoso –independientemente de haber salido absuelta ante la Justicia–.

En 2011 la Corte Suprema de Justicia le ordenó casa por cárcel en dos procesos adelantados en su contra. El primero, nexos con el paramilitarismo, toda vez que su propia colega Rocío Arías –condenada por parapolítica– declaró ante la Corte que Gutiérrez tenía nexos con el paramilitar “El pájaro”.

Sumada a esta investigación, la senadora y hoy Ministra del Interior realizó un debate contra la también senadora Piedad Córdoba, apoyándose en información confidencial o  de reserva nacional del DAS. Posteriormente, el procesado exdirector de inteligencia del DAS afirmó que por orden del Presidente Uribe se había suministrado dicha información a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez.

Fue absuelta por la Corte. Pero sin duda, que quien estuvo vinculada por paramilitarismo –la fuerza contrainsurgente del Estado– tiene un alto impedimento moral y ético para tramitar ante el Congreso, en su calidad de Ministra, aquellas leyes relacionadas con el Acuerdo de Paz y las Víctimas del conflicto armado.

Y podemos seguir sumando. La Ministra de Educación María Victoria Angulo también tiene su rabo de paja ante la opinión pública. En diciembre del pasado año se descubrieron parte de los costos exorbitantes que rodean en algunos departamentos la contratación de la alimentación escolar, en el cuestionado programa PAE.

En Cartagena el contratista y proveedor de la alimentación escolar facturaba pechugas de pollo a 40.000 pesos; fue escándalo nacional toda vez que el costo era cuatro veces su valor real.

Se descubrió que dicho proveedor también era contratista en Bogotá y que tenía el 3.7% de la contratación de la alimentación escolar en el Distrito. Sin embargo, con el ya acostumbrado tufo de cinismo del gobierno Peñalosa, su Secretaria de Educación y hoy Ministra de dicha Cartera, María Victoria Angulo, se atrevió a afirmar que dicho proveedor continuaría con su contrato de distribución de refrigerios en el Distrito, por carecer de irregularidades.

Hoy esa Secretaria que protegió y mantuvo a un contratista corrupto es justo la funcionaria de orden nacional encargada del Programa de Alimentación Escolar –PAE–.

Son estos Ministros, con múltiples impedimentos éticos, quienes estarán encargados de tramitar ante un Congreso, también comprometido éticamente, las leyes que son el destino de los ciudadanos en los próximos cuatro años.