Prohibir por decreto la indigencia no es más que una alcaldada, tanto como pretender prohibir la prostitución, la corrupción, el sicariato y otros tantos males que consuetudinariamente hacen parte del paisaje social en el que estamos incrustados.

Por: Carlos Victoria

En Colombia los mandatarios locales se han distinguido por muchas cosas. Unas veces porque han ido a parar a la cárcel por avivatos, otros destituidos; en unos casos desgraciadamente asesinados, y uno que otro en su desespero institucional apelan a medidas que nos recuerdan a un programa que se ganó el cariño de los colombianos el siglo pasado: Operación Jaja Tal vez, en esta ligera taxonomía, clasificaría al mandatario de los pereiranos.

Prohibir por decreto la indigencia no es más que una alcaldada, tanto como pretender prohibir la prostitución, la corrupción, el sicariato y otros tantos males que consuetudinariamente hacen parte del paisaje social en el que estamos incrustados. La medida no solo es represiva, sino carente de toda moral, porque en el actual modelo todo está diseñado para que haya más indigencia, y no menos.

Hay muchas maneras de leer la realidad. Esta es propia de un analfabetismo gubernamental que sigue la tradición autoritaria y excluyente de una clase política incapaz de resolver con fundamento las causas estructurales de un fenómeno en auge en todo el mundo. “Sin valentía imaginativa, lo único que probablemente nos quedará será el cinismo y la desesperanza”, argumenta Martha Nussbaum en su bello texto Las fronteras de la justicia (2007).

Históricamente las políticas sociales locales en esta materia han fracasado. La compasión y misericordia de grupos ligados a comunidades religiosas y ciudadanos que actúan con el corazón en la mano no ha sido suficientes. En cambio la medida en cuestión es propia de la pérdida de rumbo de quienes en los últimos años han tenido a cargo la conducción de los destinos de una ciudad en la que la indigencia es el acicate para unas élites víctimas de su propio invento: La ciudad sin puertas, Pereira lo tiene todo  y Pereira región de oportunidades.

Por supuesto que el canon de la competitividad alusiva a las estrategias del city marketing tiene en la indigencia un agente incómodo. En otras épocas, no muy lejanas, no eran necesarios los decretos, sino los proyectiles de escuadrones dedicados a exterminar seres humanos por su condición de toxicómanos, habitantes de calle y menesterosos. Nunca se supo la verdad, pero la memoria no olvida. Las limpiezas sociales revelan la miseria social de sus determinadores.

La clase indigente de Pereira, la misma que ocupa un lugar en los laberintos de la miseria, tiene derecho a ser respetada, y no expulsada del espacio público el cual, no olvidemos, sí ha sido entregado a inversionistas de dudoso  pasado que hoy ofician como  grandes prohombres de la sociedad local. Tampoco es suficiente la compasión, más aun tratándose de seres humanos con derechos plenos los que escamotea el tristemente célebre decreto.

Razón tiene el Comité Permanente para los Derechos Humanos al repudiar, denunciar y convocar a los ciudadanos a evitar que esta medida se convierta en la cuota inicial de una carnicería contra cientos de hombres y mujeres que el modelito de desarrollo ha criado para escarnio de la mano invisible del mercado. Los indigentes antes que nada son sujetos primarios de la justicia por su diversidad de incapacidades.

El decreto 716 de Vásquez Zuleta no es más que el correlato de lo dicho en su momento por Safford (1977) al referirse al contexto institucional de nuestra clase dirigente a finales del siglo XIX a la que no dudo de calificarla de clase indigente ante sus penurias económicas para responder por la balbuceante república. Lo mismo diría de la nuestra: sin ideas y sin autoridad moral a cambio del facilismo prohibicionista. Esta es la otra clase indigente que algún día no muy lejano será expulsada del paraíso donde hoy habita.