Allí donde la tierra huele a sangre es porque huele a muerto por cuenta de la disputa feroz por los recursos naturales. Víctimas que, en vida, no son más que obstáculos para el desarrollo.
Por: Carlos Victoria
He deambulado por esta geografía que es un mapa de miserias y horrores. He visto paisajes atiborrados de heridas sin cicatrizar. He vivido lo suficiente para constatar que la vida ha sido arrinconada. He concluido que la aridez de la tierra es porque está profundamente contaminada de sangre inocente, y no solo por el mercurio. Matar y comer del muerto ha sido el menú preferido de los vencedores. Las voces de los vencidos, de los ausentes, duermen en el olvido. Están por fuera la historia oficial.
Esta semana me posé sobre un pedazo de esta tierra atrapada por el miedo. Aún revolotea por el aíre. Revolotea. Solo un susurro de aula de clase lo pone en su sitio. Mi interlocutor suelta el chorro. Apela a la memoria. A esa frágil recuerdo acariciado con cautela. Callar es parte de la estrategia. Este maestro no solo borra el tablero. También ha limpiado la sangre del piso de una escuela olvidada en las breñas de Santuario. Hasta allí llegaron los asesinos para matar lo más sagrado de la patria: una maestra rural.
“La tierra huele a sangre…”, me dice con la voz de un testigo que se resiste a olvidar. De inmediato a mi memoria regresan las imágenes de un relato de una sobreviviente de la guerra, selva adentro de San José del Palmar, Chocó. La mujer desplazada me aseguró haber visto un promontorio de cadáveres en descomposición y cientos de gallinazos disputándose un pedazo de muerto. “Olía a muerto…”, balbuceó la vez que la entrevisté en San Pacho, Toro, Valle del Cauca.
Al día siguiente del encuentro con el maestro de Santuario, Risaralda, escuché otro testimonio de un líder minero de Quinchía. Hasta ahora ha sobrevivido a las amenazas y al asedio para que abandone la resistencia que encabeza frente a la locomotora de las multinacionales instaladas en su municipio. Empezando este siglo su tierra fue bañada por la sangre campesina que siempre ha corrido a lo largo de la historia en esta región, rica en oro y carbón, pero pobre hasta los tuétanos.
Desde el balcón de mi Facultad acuden las miles de voces ausentes, las mismas que se pudren en el olvido y la impunidad. Las de las víctimas sobre las cuales, hoy por hoy, se tejen los discursos del desarrollo sostenible, la competitividad, la responsabilidad social y otras tantas entelequias que encubren con sus predicados el despojo, el asesinato selectivo, la masacre y el desplazamiento. Indudablemente que estamos ante una sofisticada dialéctica del ocultamiento que abarca todos los ámbitos entre los débiles y los fuertes (J. Scott, 2000)
En varios de estos territorios aún no ha llegado el brazo de la justicia, y mucho menos el de la reparación. Las comunidades están igual que al nacer después de la Colonia: en la práctica carecen de derechos civiles y políticos, los cuales reposan en el papel, mientras el discurso del postconflicto termina por cavar aún más la fosa en la que han quedado sumidos sus sueños. Violentos de derecha e izquierda han interpuesto sus consignas sobre el derecho humanitario, al tiempo que la impunidad institucionalidad hace crecer el capital social incívico sobre el que prolifera la incertidumbre.
Apenas ayer escuchaba al presidente del concejo de Apía, Gonzalo Marín (foto), sentenciar que serían “cafeteros hasta la muerte…”, mientras advertía que las multinacionales mineras “vienen por el Tatamá”. Se refería a los yacimientos de plata alojados en esta montaña monumental. Los cafeteros están en pie de lucha, los pequeños mineros también. Ambos sectores son conscientes que se juegan la última carta ante un gobierno que tiene la brújula del desarrollo orientada hacia los grandes inversionistas dispuestos a arrasarlos con capital y tecnología pro-rico.
En conclusión: las apuestas por el desarrollo vienen haciendo tránsito a través de la guerra de exterminio que las multinacionales le han declarado a la “minería ilegal”, criminalizándola, tal vez, desde algunos sectores académicos que con sus investigaciones podrían legitimar aún más su posición dominante en el mercado. No es gratuito que entre 1995 a 2002 se produjeran 343 masacres en municipios mineros del país. Sin embargo este reguero de víctimas parece no inmutar a quienes ejecutan jugosos contratos de consultoría que, sin duda, fortalecerán la llamada “minería responsable”. El problema, como advierte Marta C. Nussbaum (2010), es que tipo de mercados terminen imponiendo su agenda a la educación superior.
No hemos salido de la Colonia. Estamos atrapados bajo el paradigma de servir, como ayer, al extranjero. Campesinos, indígenas y pequeños mineros son meros habitantes territoriales. Incómodos ante el poder despótico del gran capital y un Estado que se acomoda al proyecto imperial dirigido a la “colonización interna” de territorios (Larson, 2002). Así ha sido desde la conformación de un Estado generoso con el extranjero pero duro con el nativo. El proyecto de borrar del mapa a negros e indios ha seguido su curso, tal como lo pregona el progreso eugenésico.
Allí donde la tierra huele a sangre es porque huele a muerto por cuenta de la disputa feroz por los recursos naturales. Víctimas que, en vida, no son más que obstáculos para el desarrollo, como sucedió con el cura de Marmato, Caldas. Enterrar derechos, memorias e identidades, solo expresan la agresividad de un Estado y un mercado avalado por la tecnocracia que relativiza y descafeína la esencia de una modernización en lo que lo vernáculo debe ser proscrito por el positivismo del siglo XXI, el mismo que niega los conflictos, la interdisciplinariedad y lo subalterno.
Por esto y por mucho más que escapa a este artículo, cientos de mineros marcharon desde la plaza de toros de Manizales.