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El actual proceso de paz que atraviesa nuestro país, abarcado en un proceso histórico que ha de finalizar con una guerra de más de 50 años, ha teñido de sangre nuestra bandera y las universidades han tenido un rol fundamental.

Por: Alexis Barrios Mejía

Antes de hablar sobre cómo debe ser la universidad para la paz -una universidad preparada para una situación de post acuerdo- debemos entender cuál ha sido su participación en el conflicto, no solo armado sino también social. Entre los años 50 y 60 las protestas estudiantiles ya reclamaban el principio de autonomía universitaria, por medio de la cual la universidad pública se protegía frente a las políticas que pudiera instaurar un mandatario o partido de turno en el poder, garantizando con esto su capacidad de autogobernarse y autolegislarse, consolidando su independencia frente al Estado.

Pero era esta la misma década en que el Frente Nacional arremetía contra esa autonomía universitaria imponiendo una direccionalidad. Entonces, la protesta estudiantil, además de tener como pilar la defensa de dicho principio, pretendía también reclamar por la calidad de la educación, la democratización de la dirección de las universidades públicas y, viéndose en una época de aguda represión -sumada al asesinato de 12 estudiantes de la Universidad Nacional en una marcha del año 1954- la exigencia del respeto por los derechos humanos.

Y es precisamente fruto del movimiento de la época que los ideales de un cambio social mucho más profundo, que trascendiera de las reformas a la universidad, comenzaron a hacerse presentes en las universidades públicas del país; y es desde ahí que los estudiantes universitarios han jugado un importante rol en la conformación de los grupos insurgentes de la época.

En palabras de Camilo Torres Restrepo, fundador de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional y miembro del ELN: “el inconformismo tenía diversas clasificaciones, que incluían el utópico, el de frustración y el científico, los dos primeros temporales, el segundo permanente y dirigido a cambiar las estructuras del Estado bajo el ideal de resolver de manera radical los problemas sociales. Al contraponer estas dos perspectivas, no cabe duda de que las formas de conflicto y violencia del sujeto político universitario corresponden a un patrón antitético: como expresión de rechazo a un cuerpo de programas oficiales sobre la educación superior el denominado movimiento estudiantil no pretendía eliminar al Estado, ni modificarlo, ni mucho menos atentar contra el sistema de producción económica; como expresión de conductas contra-estatales radicales el movimiento estudiantil minoritario promovía comportamientos partidistas con objetivos de cambio social amplios, dentro de los cuales el ‘alma mater’ no tenía un papel preponderante.” (Restrepo, 1964)[1]

Fue el inconformismo el que inició estos ideales de cambio, el inconformismo en un ambiente de maltrato a la independencia de la universidad, y el inconformismo frente a un modelo educativo tecnicista y progresivamente inhumano.

Esto constituye las características de las primeras aproximaciones de participación de la universidad pública, tanto en el conflicto social, como en el conflicto armado en Colombia; participación estudiantil que los llevó a hacer parte de grupos armados, como reacción a modo de víctimas de un estado dañino frente a una universidad que aún hoy requiere de una financiación adecuada, de soluciones claras a los persistentes problemas para llegar finalmente a una universidad para la paz, una universidad con el presupuesto exigido de manera histórica en Colombia, una universidad con una real autonomía y democracia.

Una universidad para la paz no es la que el estado dirige como ser supremo al mejor estilo rojas-pinillista, sino que es la universidad en la cual se orienta ella misma haciendo valer su autonomía según las necesidades tanto de la comunidad, como del impacto regional que ella debe generar de manera conjunta entre trabajadores, profesores, estudiantes y administrativos.

En los últimos 30 años el estado ha desfinanciado progresivamente a la universidad pública, políticas que han buscado que ellas comiencen a gestionar una buena parte de su presupuesto. Hoy en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) esa parte ha llegado a ser del 50%; lo cual no representa una actividad que busca el cumplimiento de sus objetivos misionales, sino más bien el cumplimiento de una política que busca continuar con el proceso de privatización de la educación.

Para sostener esa denominada autogestión en la UTP hemos llegado a tener matrículas superiores a los tres millones de pesos, cantidades que la gente común (estrato 1, 2 y 3) no va a poder pagar; lo que lleva a no estudiar, desertar de las carreras costosas, o endeudarse con el estado a través del ICETEX; lo que ha fin de cuentas es comprar un derecho, comprar una educación que por definición debería ser gratuita.

Otra problemática de las universidades públicas colombianas en la actualidad consiste en la poca participación de los estudiantes en la elección del rector y de los decanos; elección que por ejemplo en la UTP antes del año 2008 se repartía de manera equitativa entre estudiantes, profesores y egresados, y que después del 2008, determinó una participación porcentual, correspondiéndole al Consejo Superior el 34% y a los estudiantes, profesores y egresados, el 22% de la votación final. (Consejo Superior, 2008)[2]

Si todos estos problemas influyeron de forma definitiva en la participación de las universidades públicas en el conflicto, una universidad preparada para el  post-acuerdo debe ser aquella que solucione estas problemáticas históricas de la educación pública colombiana.

No podemos pensarnos una universidad para la paz si no se plantean soluciones a los problemas de fondo. Es necesario que además de las distintas políticas de culturización, aceptación y reintegración a la sociedad civil, el estado deje de transformar la educación en un mercado y lo garantice como derecho fundamental que debe educar hacia la reconciliación y el reconocimiento de la diferencia; teniendo en cuenta que la universidad recibirá desmovilizados de estos grupos armados, se deben crear políticas institucionales que velen por una convivencia en paz.

Es prioritario que la sociedad en general comience a plantearse la necesidad de cambios en el país que puedan sostener esta paz. La paz -que no es la ausencia de guerrilla- también involucra el cese al fuego de los grupos paramilitares, involucra una sociedad más equitativa y más justa con la población, involucra una sociedad con verdadera justicia social.

La universidad pública colombiana tiene un rol fundamental para la paz y  debe mantenerla, propiciarla y vivirla siendo un ejemplo para la sociedad; pero para que haya paz es necesario solucionar todo lo que nos llevó a la  guerra.

[1] Restrepo, C. T. (08 de Octubre de 1964). La universidad y el cambio social. El Tiempo.

[2] Consejo Superior. (29 de Febrero de 2008). Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado el 01 de Octubre de 2015, de Acuerdo No 06, por medio del cual se modifica el acuerdo 39 de 1994 que reglamenta la eleccion de decanos.: http://www.utp.edu.co/cms utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/ACUERDO-No-06-POR-MEDIO-DEL-CUAL-SE-MODIFICA-LA-ELECCION-DE-DECANOS.pdf