Porque está claro, al menos por los datos referenciados anteriormente, que en la mayoría de casos el Estado no está dispuesto a mover un dedo en una protección real de los líderes políticos y sociales de la izquierda democrática colombiana. 

 

Por: Daniel Jiménez Cardona

Parece increíble, pero el genocidio contra la Unión Patriótica (UP) se está repitiendo, esta vez sobre el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Desde de la gestación de este movimiento, en 2011, se han registrado, hasta enero de este año, 129 asesinatos contra los miembros de esta organización. Apenas hasta 2014 se habían registrado 29 asesinatos y 3 desapariciones forzadas [ver]. Es decir que, entre 2014 y 2017, ha aumentado en 100 la cifra de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos del movimiento, más las desapariciones forzadas que se han presentado, todo en el marco del regreso de la guerra sucia [ver1 y ver2].

El carácter sistemático de estos crímenes es claro. Las muertes se presentan en casi todas las regiones del país y en su mayoría son contra líderes campesinos [ver]. En 2016 hubo 23 líderes asesinados y en lo poco que ha corrido de este año van seis más [ver]. Sin embargo, el Gobierno nacional y otros agentes del Estado insisten en negar dicho carácter y, además, en negar el fuerte regreso del fenómeno paramilitar. Como en la oscura época de Álvaro Uribe Vélez, se ha caracterizado a este como un mero surgimiento de bandas que realizan acciones criminales de manera aislada.

No sobra recordar que ese negacionismo fue el que amparó la muerte y desaparición forzada de cerca de 5.000 miembros y simpatizantes de la UP. Es el caso, por ejemplo, de Imelda Daza, quien había regresado al país después de un largo exilio (28 años) a causa de ser miembro de ese partido. Excandidata a la Gobernación del Cesar, se encontraba en una reunión con sindicalistas y otros líderes políticos y sociales, cuando hubo un atentado en su contra [ver]. De nuevo salió el Gobierno a decir, en una actitud inaudita, que se había tratado de un intento de robo.

Todo esto deja muy mal parada la implementación de los Acuerdos paz firmados con las FARC-EP. Si esto es lo que le ocurre a un movimiento político y social que no tiene nexos con la organización guerrillera, ¿qué se puede esperar que les ocurra a los miembros del partido político que surja luego de implementados dichos Acuerdos, cuando haya entregado del todo las armas y no tenga poder de fuego para defenderse? Porque está claro, al menos por los datos referenciados anteriormente, que en la mayoría de casos el Estado no está dispuesto a mover un dedo en una protección real de los líderes políticos y sociales de la izquierda democrática colombiana. 

Esto lleva a hacer un llamado aun más fuerte, tanto al Estado en general, como al Gobierno en particular, para que se implementen de la manera más pronta posible las garantías de participación política y social a que se llegaron en los Acuerdos de La Habana. La continuación de los asesinatos sistemáticos y desapariciones contra un movimiento político en particular no solamente es preocupante por el vacío que dejan en la sociedad en general, sino también porque, en tanto que significan el regreso de la guerra sucia en Colombia, amedrentan a todos los críticos sociales y del establecimiento, como ocurrió en el caso de Jaime Garzón, quienes son fundamentales para la recuperación de la democracia, en un país que se ha caracterizado por ser, en 200 años de vida republicana, uno de las más violentos del continente americano