Vivir ética y estéticamente la política, un legado de Carlos Gaviria Díaz: a propósito del apartamento de 400 o posiblemente 1.000 millones de pesos del alcalde Gallo.

 

Por Adriana González

Pocos como Carlos Gaviria Díaz, aquel hombre de pelo blanco como la nieve, que nos enseñó que la ética, el derecho y la política sí podían ir de la mano y que en sí mismo no podían ser contradictorios. Así lo vivió en su vida y dejó a Colombia un legado histórico.

La influencia del filósofo austríaco Wittgenstein, en el discurso y la vida particular de Carlos, lograron que Gaviria nos hiciera comprender que debemos observar como un hecho escandaloso las vidas ostentosas de quienes han hecho de la política su oficio cotidiano.

Hace pocos días, por este mismo medio, Daniel Silva publicó un artículo sobre el nuevo apartamento del alcalde del Cambio, Juan Pablo Gallo. En dicho artículo se exponían una serie de elementos que vistos suspicazmente desde el derecho penal, pueden contener la comisión de un delito como el conflicto de intereses o la concusión –aclarando que no soy penalista, por lo tanto esto es a manera de especulación jurídica–. Pero en dicha publicación hay elementos que sin duda rayan abiertamente con el cuestionable comportamiento ético de quien dirige los destinos de un municipio ubicado en un país del tercer mundo, donde las necesidades básicas en la mayoría de la población aun siguen insatisfechas.

He preguntado a tres asesores de propiedad raíz de la ciudad, y los tres coinciden en que los apartamentos ubicados en el edificio donde compró el alcalde tienen un valor comercial entre 5 y 6 millones de pesos por metro cuadrado, lo que significa que si el “nuevo” apartamento del “nuevo” alcalde de Pereira es de 150 m2, el total del valor comercial es de 1.000 millones de pesos. El precio en cuestión está determinado, además, por la ubicación del predio, esto es estrato 6, la cantidad de metros cuadrados y la altura del apartamento, comprendida entre el suelo y el cielo raso, caso que aumenta considerablemente el valor del predio.

En el artículo en mención, no se cuestiona en absoluto el valor del inmueble, pues se parte de la hipótesis que el alcalde es libre de comprar a cualquier valor un predio.

Sin embargo, yo sí me atrevo a cuestionar los excesos y lujos de cualquier funcionario público en esta ciudad y en el país, porque además de resultar escandaloso que un funcionario que vive de los impuestos que pagamos los ciudadanos que con sacrificio disponemos parte de nuestro propio patrimonio para sostener un Estado que poco nos brinda, éstos funcionarios terminan viviendo una vida de suntuosidades y de ostentaciones que el propio contribuyente en la mayoría de los casos no podría tener ni siquiera en sueños.

No se puede perder de vista nuestro propio contexto económico. El de un país en vía de desarrollo o tercermundista, que tiene sumida a la mayoría de la población en condiciones de pobreza. Tampoco podemos olvidar que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo a nivel mundial, y muchísimo menos que Pereira es una ciudad que en los últimos 12 años está ubicada en los cinco primeros puestos de desempleo en Colombia, que así mismo en el año 2012 fue ubicada por el DANE como el área metropolitana más pobre del país y en 2014 la tercera capital con el índice de pobreza monetaria más alta.

Si las excentricidades y los lujos fastidian en el primer mundo, en el tercero sin duda son obscenos, pues terminan siendo un verdadero acto de provocación en un país donde la desigualdad está a la orden del día, de ahí que cualquier ostentación en la vida pública es absolutamente criticable y por qué no, inmoral, pues sin duda ésta sale o de la corrupción o de la desviación del pago de los impuestos de los ciudadanos empobrecidos. La política es un servicio público, no un puesto de enriquecimiento sin causa.

De ahí que resulta poco ético y poco estético que el gobernante de los pereiranos, en tan sólo 6 meses de mandato, pretenda y logre vivir al mejor estilo de la farándula primermundista, mientras que los ciudadanos que sostienen esos lujos, en su gran mayoría, no devengan más de dos salarios mínimos.