GUSTAVOCOLORADOLas familias desplazadas por la expansión urbanística esperan algo más que discursos para que de verdad se muevan las industrias capaces de brindarles  opciones frente a las nuevas formas del destierro.

Por: Gustavo Colorado

Pedro Nel cultivó durante más de medio siglo una pequeña parcela en los alrededores del Alto del Nudo, en el municipio de Dosquebradas. Con los frutos de esa tierra levantó media docena de hijos y catorce nietos. En compañía de dos hermanos llegó a la zona desplazado por la violencia entre liberales y conservadores  en la  localidad caldense de  Belálcazar.

Corría el año de 1957 y el hoy llamado  “Municipio Industrial” era apenas un reguero de casas dispersas en un terreno perteneciente a Santa Rosa de  Cabal. Estaban habitadas por familias de inmigrantes llegados al corregimiento atraídos por la presencia de nacientes empresas como Comestibles La Rosa y Paños Omnes, pioneras de la que más tarde sería toda una corriente estimulada por el dinamismo de los mercados nacionales, por la cercanía con localidades como Pereira, Armenia y Manizales, así como por su ubicación estratégica  en el centro del país y su  proximidad al puerto de Buenaventura,  en el mar Pacífico.

A pesar del rápido y desordenado crecimiento urbanístico de Dosquebradas, Pedro Nel y muchas familias como la suya siguieron disfrutando de relativa paz, interrumpida solo por las esporádicas incursiones de malandrines dedicados al  robo en menor escala: llegaban, hurtaban alguna cosa y rara vez acudían a la violencia.

 “La  verdadera tragedia empezó con la llegada de los constructores de urbanizaciones y condominios”, me dice Pedro Nel en  la cafetería donde nos citamos un sábado de  agosto al medio día. Con ochenta   años de edad tenía la esperanza de morirse tranquilo en su parcela, sin deberle  un peso a nadie y sin molestar al prójimo. Pero fue este último el que empezó el asedio. “Desde hace  unos ocho años empezamos a recibir la visita de gente interesada en comprar la tierra para construir”, afirma, y  en sus  ojos asoma una chispa de rabia  y desazón. Según él,  desde un principio dejó claro que no tenía interés alguno en vender. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas.

En solo seis meses  fueron víctimas de dos asaltos a mano armada, en los que  fueron más el alboroto y la agresividad verbal que el monto de lo robado. Luego se hicieron frecuentes los daños en los servicios de agua y energía  eléctrica. Un tubo roto, un cable cortado y cosas así. También se volvió cosa común la desaparición de los animales domésticos. Iguales  cosas les sucedían a las familias vecinas. A  ese ritmo no tardaron en cundir el miedo y el desconcierto. Fue así como al menos doce familias acabaron vendiendo sus predios. Cuando se dieron cuenta estaban engrosando el grupo de personas que recorrían barrios  periféricos como Los Pinos, Galaxia, La Mariana, El Martillo, Camilo Torres, Los Alpes o Santiago Londoño, en busca de una casa para arrendar o comprar. De otra manera habían sido víctimas de una forma de desplazamiento más sutil pero no menos dramático: la perpetrada por los urbanizadores dedicados a construir  condominios campestres  o suburbanos para estrato seis, en un municipio donde, curiosamente, no existe esa categoría.

Los nietos de esos viejos colonos  ya no tienen tierra para cultivar. Algunos recorren las calles con una carreta, ofreciendo los frutos  comprados a un intermediario: mangos, aguacates, naranjas, guanábanas. Lo que dicte el ritmo de las cosechas. Otros buscan trabajo en el mismo sector de la construcción que  les cambió la vida para siempre. Unos cuantos ya andan enrolados en las  pandillas que crecen como hongos al ritmo del tráfico de drogas a pequeña escala. Por su lado,  las muchachas se emplean en cafeterías o tiendas en condiciones que violan de principio a fin el código laboral. Las que ni siquiera contemplan esa opción ejercen la prostitución sin haber llegado siquiera a la adolescencia. Un día entre semana me reuní con dos de  ellas que operan de manera abierta en la plaza cívica Ciudad Victoria. En un día rentable  cada una puede reunirse cincuenta mil pesos para comprarse ropa, teléfono móvil y ayudar a su familia.

Mientras eso sucede, la industria local sigue desapareciendo, a resultas de políticas erráticas y de la imposibilidad de competir con la avalancha de productos llegados de China. Sectores como la confección y el calzado, tradicionales generadores de empleo, libran una agónica batalla por sobrevivir. En el medio, las familias desplazadas por la expansión urbanística esperan algo más que discursos para que de verdad se muevan las industrias capaces de brindarles opciones frente a las nuevas formas del destierro.