El desarrollo forzado contenido en la política de biocombustibles va en contravía de lo pregonado por la Constitución, porque  en lugar de facilitar el acceso a la propiedad rural lo que está logrando es la concentración de la misma en pocas manos.

Por Carlos Victoria


Manuel Ruiz se convirtió en una víctima más de la lucha por la restitución de tierras en el Urabá Chocoano. Sobre su cadáver los grandes propietarios ratifican en esta  paramilitarizada región del país  que  impedirán a cualquier  precio el cumplimiento de la ley. No valieron sus ruegos, exigiendo protección a su vida,  ante el Ministerio del Gobierno. El crimen de Ruíz y su hijo Samir, ocurrido el 23 de marzo, se suma al de Ana Fabricia Córdoba y otras tantas víctimas que pagaron con su vida la desigual batalla por la defensa del territorio.
Es un duro golpe para una política que naufraga en medio del discurso gubernamental y la racionalidad de la llamada mano negra. Se trata de no menos de 25.479 hectáreas, según pudo constatar la Superintendencia de Notariado  y Registro, las que les fueron arrebatadas a los campesinos para dar paso a megaproyectos industriales de la palma africana y ganadería. En el año 2000 el propio Incora había reconocido títulos de propiedad colectiva así: 46.084 hectáreas al Consejo Comunitario de Curvaradó y 54.973 al Consejo Comunitario de Jiguamiandó.
“No es posible garantizar el respeto por la vida, la seguridad de la población y la no repetición cuando estos procesos se dan en medio de un ambiente de amenazas y miedo, donde los responsables quedan impunes y los que generaron el despojo no han sido investigados”, dijo en un comunicado Acnur. Mientras por un lado el gobierno anuncia la recuperación de la institucionalidad, por el otro lado prevalecen los diversos y complejos modelos de captura  de lo público y lo privado que a nivel regional ejercen grupos de poder para la extracción de rentas del suelo, incluida la minería.Giorgio Agamben (2004) en su extraordinario libro Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida reconstruye la figura del derecho romano en el que se legitimaban prácticas de odio en términos de nuda  vida. La vida humana se incluía en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión. Con esta figura se consumaba la muerte de los que podían ser asesinados, a quienes se les suspendían derechos y eran eliminados. Fue la misma vara utilizada por los nazis en los campos de concentración.
La nuda vida prolifera a través de listas negras y  las correspondientes ejecuciones extrajudiciales bajo el prejuicio de insurgencia en aquellas zonas donde la crisis de los derechos humanos es la regla. La política del odio y el exterminio a los contradictores se vale del asesinato para transformar en norma el principio mortífero de “amigo y enemigo” que Carl Schmidt diseñó para que Hitler se deshiciera de millones de seres humanos. Los violentos ya no apelan a masacres sino a asesinatos selectivos. Esta política de escarnio se desenvuelve en medio de la impunidad, el silencio y beneplácito de sectores de la sociedad permeados por la nuda vida.
Para el Movice “desde el 2005 se han registrado más de 66 asesinatos de líderes de organizaciones reclamantes de tierras, de las cuales el 40%, es decir, por lo menos 26 víctimas, fueron  asesinadas entre el  2010 y 2011.  Este año, las amenazas y agresiones con el fin de obstaculizar la restitución, se han incrementado de forma alarmante. La impotencia del establecimiento es inocultable, a pesar del consenso que la Ley tiene entre la comunidad”.

Otros 37 líderes y lideresas de Curbaradó y Jiguamiandó, están en la lista negra de las bandas de asesinos, sin que  hasta el gobierno haya reconocido las amenazas ni dispuesto de protección. Manuel Ruíz se cansó de solicitar del alto gobierno la protección de su vida y la de su  familia. En diversas protestas llevadas a cabo en Bogotá las comunidades negras han denunciado la impotencia del gobierno frente a todo tipo de asedios entre los que se destaca el terrorismo humanitario agenciado por las ONG que les señalan y estigmatizan. Los negros resisten.

Hoy en El Espectador un desmovilizado de las autodefensas en la clandestinidad sostiene que el contexto de los asesinatos se debe  a que “En primer lugar, poco a poco está volviendo la guerrilla y esa realidad ha puesto en alerta a ganaderos, agricultores, comerciantes y autoridades. Además, al igual que en los días de la confrontación, existe entre la gente que apoyó o fue afín a la causa de las Auc, la desconfianza hacia los reclamantes de tierras, porque se piensa que son infiltrados de la subversión”. Por cuenta de esta presunción la población civil está llevando la peor parte.
Jiguamiandó y Curvaradó, en el Chocó, se consideran territorios emblemáticos para un proceso quebrantado por intereses estructurales arraigados a un modelo de orden local que obstruye las posibilidades de arraigo de los derechos de las víctimas. Es aquí donde se está midiendo el pulso entre barbarie y civilización. Entre el Estado de derecho y los grupos de poder político y económico. La confluencia de poderes del narcotráfico, terratenientes y pamilcultores es un muro  de hierro que impide que prospere la justicia y la reparación de las victimas del despojo. Las garantías de los reclamantes están en el papel.

Bajo el título “Los nuevo llaneros” la revista Dinero informaba sobre los pasos dados por grandes conglomerados económicos encabezados por Luis Carlos Sarmiento Angulo para “…producir granos, principalmente soya y maíz, primero para el mercado interno y, en el largo plazo, para el mercado global. Santodomingo es el símbolo de un nuevo estilo de inversionista que está asumiendo posiciones en la altillanura colombiana en la actualidad”. ¿Se repetirá la tragedia humanitaria del Urabá Chocoano, donde la nuda vida silencia las voces de los campesinos?

El desarrollo forzado contenido en la política de biocombustibles va en contravía de lo pregonado por la Constitución, porque  en lugar de facilitar el acceso a la propiedad rural lo que está logrando es la concentración de la misma en pocas manos. El despojo violento ha hecho parte de este repertorio. Política que, entre otras cosas, ha sido posible gracias a la bancada gobiernista que en el Congreso ha impulsado gabelas tributarias a grandes propietarios y productores de biocombustibles, tal como lo demuestran los expertos en el texto Y refundaron la patria (2010).
“En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a estas zonas, llegan las instituciones del Estado”, dijo en su momento Vicente Castaño. Desde esta perspectiva la institucionalidad de la para política ha tenido un gran calado económico en la medida en que catapultó el poder terrateniente a través de una legislación generosa a los intereses de modernización del campo. Es decir a un proyecto conservador de alta envergadura (C. López, 2010).
El negocio de la palma africana, al igual que otros de proyectos,  ha sido agenciado por  inversionistas y familias poderosas, quienes se han valido de estructuras irregulares apoyadas por agentes estatales con el fin de proteger sus intereses. Iniciaron con las Convivir, luego con las Autodefensas Unidas de Colombia y hoy las Bacrim. Colombia está despedaza por el despojo ilegal y violento de las tierras arrebatadas a sus legítimos dueños. Los condenados de la tierra son un estorbo para el propósito refundacional de  esta agroindustria. La tragedia humanitaria no cesa.
Ya no se ordenan investigaciones exhaustivas, sino necropsias exhaustivas. El cuerpo de Ruíz fue  llevado a Medicina Legal de Medellín. Diez días antes del asesinato del líder y su  hijo la Corte Constitucional había proferido un ultimátum al gobierno para ejecutar un “plan integral de prevención, protección y atención a la población afrocolombiana” puesto que la ausencia de este plan se ha traducido en “el agravamiento de la crisis humanitaria que viven varias de las comunidades protegidas en el auto 005 de 2009”. Como en la  antigüedad, seguimos bajo el imperio de la nuda vida.