Carlos Victoria izqLa destitución y muerte política del alcalde de Bogotá es una constancia supremamente peligrosa para cualquier proceso que busque en Colombia encauzar al país por la senda de una democracia incluyente.

Por: Carlos Victoria 

La crisis institucional desatada en Bogotá por cuenta de la decisión del Procurador Ordóñez se explica, en buena parte, por la injerencia histórica que los empresarios y sus organizaciones han tenido en los asuntos públicos de la nación, mediante todo tipo de arreglos que han constreñido las democracias representativas y los contrapesos sociales.

La conspiración denunciada por uno de los implicados en el carrusel de la corrupción de Bogotá contra los jefes del cartel de la basura, por haber guardado el parque recolector durante tres días cuando agonizaba el 2012, fueron suficientes para que los aliados mediáticos redimensionaran la crisis, desempolvando así viejas tretas de las que se han valido las élites en otras ocasiones para imponer sus designios.

En distintos momentos de la historia política nacional y de otros países como Venezuela y el cono Sur, los empresarios apelaron a lenguajes contenciosos con el propósito de confundir, morigerar y deslegitimar los procesos reformistas que pusieran en riesgo sus intereses y privilegios. En unos casos ayudaron al ascenso de dictaduras militares y en otros a interrumpirlas, como sucedió en 1957 con Rojas Pinilla.

En 1949 la Andi fue uno de los gremios que encabezó el cierre del Congreso de la república que “dominado por los liberales, se había opuesto a las medidas de protección al sector industrial” (Sáenz, 2002). A comienzos del siglo pasado ya la Sociedad de Agricultores extendía su poderosa mano para que los gobiernos les concedieran gabelas fiscales. Desde entonces el corporativismo se erigió para asegurar sus inversiones. Su lealtad ha sido con los rendimientos del capital financiero.

Sobran hechos que superan nuestras modestas opiniones. Todos conectados por los hilos que dan cuenta de la injerencia del poder de las élites económicas. En 1909, por ejemplo, se constituyó la primera versión de la Sociedad de Agricultores como cuerpo consultivo del gobierno. Gracias a su enorme poder, el gobierno creó el Ministerio de Agricultura en 1914. Lo mismo acaba de decir el nuevo presidente de la Andi, Bruce Mac Master: “Deberíamos tener un ministerio exclusivo de industria en el país” (El Espectador, 15 de diciembre de 2013). Por supuesto que abundan muchos más ejemplos y en vísperas de elecciones parlamentarias ni se diga.

Frenar las medidas reformistas que favorecen el interés público y, en particular, el de los grupos más desfavorecidos de la sociedad ha sido la especialidad del lobby empresarial. Lo contrario ha sido tildado de populista y adverso al buen clima de los negocios, asunto que, finalmente, es lo único que les preocupa. Por eso la empatía de los círculos gremiales y empresariales con el credo de la “confianza inversionista” y la nefasta  “seguridad democrática” impulsada por Uribe.

Petro es una víctima más de la conspiración empresarial que a lo largo de la historia de la república ha interpuesto sus intereses hegemónicos por encima de los del mismo Estado de derecho, el cual queda en una simple retórica ante la ofensiva del libre mercado y su capacidad de distorsionar las políticas públicas, entronizadas con el deseo de los sectores más conservadores de la sociedad.

Por eso cuando el Procurador invoca su actuación en nombre de los intereses de la sociedad, en correspondencia del diseño constitucional de 1991 que creó el Ministerio Público, no hay nada más confuso y perverso a la vez, como si esta fuera un todo monolítico, y no como lo es: una colcha de retazos, raída cada vez más entre otras cosas por un modelo que privilegia el interés particular. En otras ocasiones otros voceros del establecimiento han actuado a título de  la “sociedad civil” para auto legitimarse.

Tampoco es gratuito que una hija de Fernando Londoño Hoyos, ex ministro de gobierno de Uribe, intrigara ante Juan M. Santos para que la CIDH desestimara las demandas de Petro, hechas la semana pasada en Washington ante ese organismo. Recordemos que siendo senador de la República Gustavo Petro demostró hasta la saciedad los oscuros manejos de Londoño Hoyos en la defraudación al Banco del Pacífico.

La destitución y muerte política del alcalde de Bogotá es una constancia supremamente peligrosa para cualquier proceso que busque en Colombia encauzar al país por la senda de una democracia incluyente que, además, permita la libre competencia pero sin menoscabo del Estado de derecho y, menos aún, sin detrimento de los grupos más desaventajados de la sociedad. Lo contrario sería permitir que un puñado de empresarios decida qué será de nuestras vidas. Esa es la cuestión.

¿Qué pretenden? ¿Una sociedad orgánica a sus intereses? Una que funcione como un sistema de lealtades con el capital privado, mientras que el público se estigmatiza como una amenaza a su orden económico. Una sociedad corporativizada en manos de élites que hacen de su modelo una dictadura del mercado. ¿Quién dijo que el Estado no puede hacerse cargo de los servicios públicos? La verdadera amenaza es que el populismo empresarial tiene mancorna.

Construir nación, transitar hacia la democracia y acabar con la inequidad han sido tres de las materias en las que los colombianos nos hemos enfrascado desde el siglo pasado con resultados infructuosos, porque  esos mismos puntos han sido determinantes en el pulso entre justicia, orden y violencia. La reciente destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ratifica una vez más que la frustración prosigue, pero la lucha social y política también.

PD: quienes estén interesados en ampliar sus indagaciones sobre esta problemática les sugiero que lean de Eduardo Sáenz Rovner: Colombia años 40. Industrias, política y diplomacia, y del mismo autor La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia.