Un plebiscito sin ánimo en la billetera

¿Cuál sería el costo político si el gobierno decidiera presentar la reforma tributaria al Congreso antes que el plebiscito? Esta misma pregunta deben estar haciéndosela los asesores de presidencia y estará trasnochando al presidente.

 

GIUSSEPE RAMÍREZPor Giussepe Ramírez

Lo que tenemos hasta ahora sobre la reforma tributaria no son más que filtraciones de unas recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos al gobierno. El proyecto de reforma será presentado presumiblemente en marzo, para después pasar una serie de debates en el Congreso. Y si tal reforma llegara a pasar (o parte de ella), su entrada en vigencia no se haría sino hasta después de este primer semestre de 2016. Hay que disfrutar mientras tanto un IVA del 16%. Cabe aclarar que en 2015 el país aumentó su recaudo fiscal en 8,2% respecto a 2014, $123,7 billones en impuestos. Es decir, que no vamos mal en materia fiscal. Lo preocupante es el panorama económico de 2016.

 Una eventual reforma tributaria (por naturaleza impopular) tendría una desaprobación mayor, debida a la débil autoridad moral del gobierno respecto al gasto —a pesar de recomendar hace poco a sus ministros viajar en clase económica—: contratos de la Fiscalía para que terceros realizarán las mismas investigaciones que la Unidad de Análisis y Contexto, adscrita al despacho del fiscal; trivialidades, como el cambio de las cortinas de Palacio; decreto para aumento del salario de los congresistas. En criollo, la reforma viene con una mano atrás y otra adelante. Se pronostica una fuerte oposición en el Congreso, incluso por partidos de la Unidad nacional. Y la otra pata del gato es la impopular venta de ISAGÉN, con bono de éxito incluido.

Echemos en la olla también un bajísimo precio del petróleo (hace aproximadamente cuatro años la acción de ECOPETROL valía $5.850; hoy, mientras escribo esta columna, está cerrando a $881), devaluación del peso, la inflación más alta en siete años y pronósticos nada alentadores.

En septiembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos, sonriente —a pesar de tener que devolverse a darle la mano a Timochenko—, celebró que a más tardar en seis meses se firmaría el acuerdo con las FARC. O sea, en marzo. Tal escenario haría coincidir plebiscito y reforma tributaria. Mientras la reforma se tramita en el Congreso, el gobierno empezaría a socializar los acuerdos alcanzados para luego convocar a las urnas y buscar la aprobación de los ciudadanos.

Pero tal como pintan las cosas, y como lo ha advertido ‘Iván Márquez’, el acuerdo no se va a firmar en marzo. Seguramente será después. Y este escenario pondría en la cuerda floja el capital político del presidente. Porque para no dorar la píldora, hay que decir que ese plebiscito va a ser más el termómetro sobre la imagen del presidente, que la cacareada refrendación de los acuerdos. La Paz llegaría a las urnas pidiendo permiso.

 Como lo dije en una columna anterior, lo que afecta a todos es la economía, no la guerra, sobre todo en el contexto colombiano. En ese sentido, y a pesar de las buenas intenciones, la gente llegaría ese domingo a la urna, domingo que debería ser el comienzo de un logro histórico para Colombia, sin ánimo en la billetera, refunfuñando de la carga impositiva y maldiciendo al presidente.