Manuel Ardila (BN)…cuando en realidad el Procurador no solo no es inofensivo sino que se ha convertido, junto con esa clase política que dice regular, en la punta de lanza de ese Estado que no desea transformarse, que desea continuar con esos vicios y hábitos que sumen al país en las penumbras del atraso.

 

Por: Manuel Ardila

Hay que  admitirlo: a menos  que seamos  espectadores ocasiona les de ese mundillo barato y decadente (adictivo también) llamado política colombiana,  es muy probable que no sepamos qué es la Procuraduría y para qué sirve. No, la Procuraduría no tiene el protagonismo y el halo de poder que despide el aura presidencial o el antagonismo eterno que levanta el Congreso. Hasta hace poco la Procuraduría era un ignoto organismo estatal cuya poco glamurosa misión era la de “investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado”, como recoge la Wikipedia, una misión sencilla de resumir en palabras, bastante compleja de llevar a cabo en la vida real y de suma importancia para el funcionamiento del Estado.

Bueno, eso es lo que la Procuraduría solía ser hasta hace unos años, más exactamente desde que salió de ella Edgardo Maya Villazón y entró a dirigirla Alejandro Ordóñez, procurador actual y uno de los personajes más delirantes que se haya engendrado en ese amasijo de instituciones que llamamos Estado. El señor Ordóñez, abogado de formación, ha convertido al organismo de control estatal en un caballito de batalla destinado a defender sus convicciones personales (muy ligadas a sus sentimientos religiosos). A tal punto ha llegado este empeño que en los seis años que lleva como máximo rector de la entidad pública, esta ha llegado al extremo de desdibujarse y a partir de ahí,  alejarse de su misión principal para ponerse a disposición de las ideas y deseos de una sola persona.

Ante las constantes críticas que recibe por la intervención destemplada que realiza en importantes discusiones sociales que exigen la participación de primera mano de gobernantes y legisladores, la Procuraduría se escuda afirmando que solo se limita a hacer su trabajo al vigilar la actuación de los funcionarios públicos, pero esgrimiendo siempre una curiosa interpretación de la ley que siempre le da mano larga para intervenir.

Si analizamos cada caso polémico en el que la Procuraduría se ha inmiscuido, lograremos aislar tres tretas (bastante astutas por cierto) que, utilizadas conjuntamente y de manera sistemática, han permitido al Procurador intervenir (e incluso imponer su criterio) en asuntos que no le competen directamente como servidor público encargado de investigar y sancionar a otros servidores públicos. Tácticas que dejan ver que las mejores armas del Procurador son el cinismo y la apatía:

  • Usar a la Constitución como arma esgrimiendo la interpretación más ortodoxa disponible del parágrafo en cuestión.
  • Escudar sus actuaciones en una supuesta defensa del ciudadano promedio.
  • Aprovecharse del conservadurismo, apatía, indiferencia e inmovilismo que domina al Estado y, no nos mintamos, al país.

Con esta sencilla receta Alejandro Ordóñez ha logrado exceder sus funciones sin recibir mayor condena que no sea la de la opinión pública, utilizar el poder que le fue conferido para defender sus posiciones personales  y políticas, y no para hacer las funciones para las que fue elegido y hacerse insoportablemente omnipresente en la vida pública nacional (hasta tal punto que muchos lo ven como presidenciable).  

Los casos en los que hemos visto a la Procuraduría aplicar estas tres tretas son numerosos: Cuando elevó un concepto desfavorable de la aprobación de los matrimonios del mismo sexo alegando que la Constitución del 91 solo concibe al matrimonio como la unión entre hombre y mujer, cuando a partir de la primera vez que se aplicó legalmente la eutanasia a un paciente terminal en el país se apresuró a señalar que el organismo que debía reglamentar la eutanasia debía ser el Congreso y no el gobierno a través del Ministerio de Salud (sabiendo plenamente que el Congreso tuvo 18 años para hacerlo y no lo hizo y que eso  implica mandar al derecho a una muerte digna de vuelta al congelador ) y reclamó que la eutanasia atenta contra el derecho fundamental a la vida (?), cuando ha defendido las barreras extraoficiales levantadas a las mujeres que desean abortar (y que cumplen con uno de los tres específicos declarados por la ley) en forma de objeciones de conciencia y trabas burocráticas varias con el argumento de la defensa del derecho a la vida establecido en la Constitución. Además de un largo etcétera.

Lo peor  de todo es que las actuaciones desatinadas de la Procuraduría ahora se han vuelto naturales ante nuestros ojos, ya no nos parece raro o inadecuado, nos hemos acostumbrado a ello y el resultado no puede ser peor: Nos ha vuelto complacientes y cortos de miras. Ahora vemos al Procurador como ese abuelo adorable que solo sabía lanzar acaloradas e inofensivas diatribas contra la modernidad y los nuevos valores sociales que se veían en las viejas “sitcoms”, cuando en realidad el Procurador no solo no es inofensivo sino que se ha convertido, junto con esa clase política que dice regular, en la punta de lanza de ese Estado que no desea transformarse, que desea continuar con esos vicios y hábitos que sumen al país en las penumbras del atraso.

Puede ser que el Procurador ya no le inspire miedo ni a los que debe vigilar ni a sus contradictores, pero es un personaje de temer, es la cara más visible de un país que se resiste a cambiar.