Las cifras aumentan, las líneas de atención están saturadas. ¿Será entonces que las entidades responsables son suficientes para atender el gran número de estos casos de violencia?

 

Por / Alejandro Sepúlveda Quintero

En una de las emisiones de su programa televisivo, el presidente Iván Duque afirmó que el confinamiento obligatorio es “una medida para la salud y la vida”. Puede que tenga razón. Tal vez una de las soluciones para combatir este virus ha sido quedarnos en casa y usar con frecuencia algún gel antibacterial, como ese que tiene el mandatario en su set de grabación. Pero, ¿de verdad la vida de muchas personas está a salvo durante la cuarentena?

Uno de los últimos informes de Medicina Legal arroja que en el primer trimestre de 2020 se registraron más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar. Por supuesto, la mayoría de estos corresponden a mujeres con 11.840 denuncias, en las que se notifica algún tipo de maltrato físico, verbal, psicológico, patrimonial o sexual.

Tampoco podemos olvidar un dato muy importante: 3.600 hombres fueron víctimas de violencia en la esfera familiar. Pero ojo, estimado lector, estas estadísticas son el resultado de los tres primeros meses de este año, antes de que el Gobierno nacional decretara el aislamiento obligatorio. Después del 25 de marzo estos números se han elevado de manera desproporcionada.

Antes de entrar a revisar esas cifras, el interrogante que nos asalta y que no podemos dejar para más adelante es: ¿estar en casa es sinónimo de protección? Para algunas personas, permanecer en sus hogares consiste en enfrentarse a una batalla entre la vida y la muerte.

En Colombia existen diferentes organizaciones o líneas activas para atender asuntos relacionados con violencia intrafamiliar. Por nombrar algunas: la Fiscalía, las comisarías de familia, el Observatorio Colombiano de las Mujeres y, para casos de niños, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También está la línea nacional 155, manejada por la Policía Nacional, en donde, supuestamente, ofrecen atenciones jurídicas y psicológicas.

Aún en el país muchas personas, especialmente mujeres, no se atreven a denunciar a su agresor. Otras, con valentía, han logrado romper esas cadenas del miedo y han acudido a algunas de las entidades anteriores. Patricia Aristizábal, a quien se le cambió el nombre por asuntos de privacidad, es una mujer pereirana de 45 años aproximadamente. Hace unas semanas se comunicó con la Línea de la confianza de la Gobernación de Risaralda para confesar que su marido la obliga a tener relaciones sexuales. Ella asegura que ya no lo ama, no desea satisfacerlo, solo quiere cuidar a sus hijos. Sin embargo, Patricia también cuenta que cada que se niega, su esposo le dice que entonces él ya no se encargará de pagar las cuotas de la casa ni de los gastos mensuales.

Aristizábal es uno de los 4385 casos de llamadas registradas por el Observatorio Colombiano de las Mujeres, entre el 25 de marzo y el 7 de mayo de este año. Un dato que da cuenta de casi tres veces más que las 1595 reportadas en el mismo periodo de 2019. De acuerdo con esta institución, las situaciones por violencia intrafamiliar representan el 71 % del total de llamadas atendidas. Según el periódico El Tiempo, maltrato psicológico y sexual son las principales causas de denuncia.

Las cifras aumentan, las líneas de atención están saturadas. ¿Será entonces que las entidades responsables son suficientes para atender el gran número de estos casos de violencia? Mónica Mogollón, psicóloga que presta sus servicios a la Línea de la Confianza de la Gobernación de Risaralda, sostiene que nunca serán suficientes las corporaciones encargadas de brindar apoyo, porque “en medio de una crisis humanitaria, afloran muchas más necesidades en salud, protección, alimento y empleo”.

Son varias, como hemos visto, las situaciones que se han conocido durante este confinamiento, porque las víctimas denuncian oportunamente. Pero es importante reconocer que todavía muchas mujeres, hombres o adultos mayores no se atreven a notificar estos hechos, a veces por miedo, a veces por desconocimiento, porque no saben de la existencia de estas instituciones.

Aunque parece que no siempre es así. Ángela Arias, vocera del Encuentro de Mujeres de Risaralda, y en entrevista con RCN Radio, revela que “muchas mujeres han reportado que, a pesar de existir líneas nacionales de atención, no han sido atendidas al tratar de comunicarse, deducen que por saturación. Y cuando les contestan, los funcionarios desconocen los protocolos para ayudarlas”. Ahí nos empieza a aturdir entonces un interrogante más: ¿de verdad todas estas instituciones brindan una atención oportuna y rigurosa?

Niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, muchos de ellos conviven, día y noche, con su agresor. En la mayoría de las ocasiones no solo deben enfrentarse al abuso, sino también al azote despiadado de la indiferencia y el miedo. ¿Quién les protegerá?

Si no encuentran cuidado en su propia casa, en su propia familia, ¿quién entonces les garantizará seguridad y protección? ¿Las mismas líneas de atención? ¿Las administraciones locales o regionales? ¿El Gobierno de turno y su partido político? ¿La sociedad? ¿Quién?

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