Lo que sí es cierto es que el problema del hacinamiento, la mala atención en salud y las condiciones indignas de vida dentro de las casi 120 cárceles del país rayan en lo medieval.
Por: Wilmar Vera Zapata
Más inquietudes que certezas trajo la recién aprobada reforma al código penitenciario a la cual el senado de la República dio su bendición el pasado 3 de diciembre. Inquietudes que, además, abundan en las dos orillas principales interesados: la sociedad y los presos.
Para estos últimos, la votación en bloque de casi 100 artículos, de los 105 que lo conforman, deja su manto de incertidumbre, pues muchos centran si esperanza en que lleguen abundantes ordenes de libertad, rebajas de la quinta parte de la condena, otorgamiento de casa por cárcel es cambio de condena intramural por condicional.
“Yo sé que con esto que pasó me voy este diciembre para la casa, ¿no ve que ya fue aprobada?”, dijo en la fila del desayuno un interno que vio el debate en su celda. “Qué va, yo también lo vi y ahí no hay nada. El Presidente se puede negar a eso y aquí nos quedamos hasta pagarlo físico”, contrapuntea otro, que se las da de más ilustrado y entendido y sacan sus conclusiones. Dudas, preguntas y sobre todo las esperanzas rodean esta ley aprobada que beneficiará a un porcentaje de los 130.000 presos que somos en Colombia, pero…
Oposición
Pero siempre hay un pero. Al otro lado de esta historia, se encuentra la sociedad y los dirigentes, que a través de los medios de comunicación señalan un total desconocimiento de la realidad de las cárceles colombianas. Senadores en la oposición, magistrados y personal del común consideran que una excarcelación masiva de 7.000 a 10.000 personas incidirá en los índices de criminalidad y la sensación de inseguridad, que de por sí, es precaria y frágil.
Roy Barreras, ex presidente del Congreso, por ejemplo, señaló que un atracador que amenaza a una mujer y un niño con un cuchillo, y está preso, quedaría libre porque no alcanzó a herirlos.
Y la opinión pública recoge estas palabras y la compara con la sensación ciudadana de que ni el campo ni las ciudades son hoy por hoy sitios seguros para vivir y trabajar. Además, a este cocido añádale el papel de medios televisivos o radiales amarillistas que, en lugar de interpretar y explicar, asustan a una cada vez más angustiada audiencia. Prenda el televisor antes de la tarde y disfrute de la vida idealizada y aleccionante de pandillas de fantasía, continúe con la dosis de desesperanza y horror con tintes rojos de realidad de los noticieros y finalice la carga de terror recordando la vida de capos que por muertos no dejan aún de enseñar que el delito sí paga y muy bien.
Política criminal
Lo que sí es cierto es que el problema del hacinamiento, la mala atención en salud y las condiciones indignas de vida dentro de las casi 120 cárceles del país rayan en lo medieval. Aunque condenados o sindicados, por decenas de delitos que están presentes y tipificados en el Código penal y Código de procedimiento penal, todos somos seres humanos, presos, pero no por eso indignos.
Al otro lado de las prisiones, la sociedad considera que quien cae a una cárcel se lo merece y cualquier castigo es poco ante el daño que causó a la comunidad. Eso es cierto, y los estudiosos del tema punitivo y penal, desde Rousseau, Fermi o Foucault, han señalado en estos lugares un elemento necesario e importante para el control y buen desarrollo de la sociedad. Incluso, la disfuncionalidad representada en el hombre que infringe la ley hace parte del libre albedrío y más que culpar al individuo antisocial hay que analizar las causas y circunstancias que lo llevaron a ese comportamiento. Y, claro, buscar minimizar los factores de riesgo y prevenirlos. En otras palabras, una verdadera y efectiva política criminal.
El detonante de esta causa, que golpea además las familias de los internos, fue la ley 1453 de 2011, conocida como de Seguridad ciudadana, o ley Lleras, por su promotor Germán Vargas Lleras, la cual elevó las penas para delitos de alto y bajo impacto, convencidos de que las penas más duras terminarían con los delincuentes. Sin embargo, terminó siendo un embudo penal, pues fue fácil caer en la cárcel y, la misma ley, redujo las posibilidades de la salida. Así, el sistema penal acusatorio terminó siendo una fábrica de presos, donde cualquier delito es merecedor de pena privativa intramural de muchos años y las cárceles, bodegas de reclusos sin distinción de sindicados o condenados.
Soluciones
Lo aprobado no es la solución y así lo aceptó el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, tampoco, como propone el congresista Efraín Torres del partido de la U, de endurecer penas con hasta 20 años a menores que cometan delitos, graves o no, entre los 14 y 18 años de edad, debido a que muchos delitos son cometidos por jóvenes cada vez más jóvenes, como informó La Crónica, del 25 de noviembre del 2013, en su página 5.
¿Qué perspectivas positivas puede tener un joven o adulto trabador, si para el 2012, cerca de 4.518.000 personas ganaban entre uno y menos de 1.5 salarios mínimos, “4.371.000 ocupados no devengan ni siquiera la mitad del mínimo y 1.475.488 trabajan gratis”, según El Tiempo del 1 de diciembre de 2013, página 26?
Jorge Otálora, el Defensor del pueblo, se opone a esa iniciativa, al igual que el jefe de la cartera de Justicia, debido a que, escalonadamente, los delincuentes que influyen en los menores de edad usarían personas cada vez más jóvenes, “y tendríamos que encarcelar gente desde los 8 años”, comentó en alocución en el Congreso Gómez Méndez, a finales de noviembre.
Para hallar una solución, hay que aceptar que estamos ante una crisis carcelaria, durante la cual tendría el Ejecutivo la potestad de enfrentarla con la declaratoria de emergencia social carcelaria. De esa manera, talanquera que la ley Lleras impone a los jueces para acelerar excarcelaciones permitirían disminuir el hacinamiento y, con él, la mejora de las condiciones de vida de los reclusos. Tan solo el 9.78 por ciento de 6.247 encuestados aprobarían la ley, de acuerdo con un informe del Canal Caracol, edición de las 12:30 pm, del 5 de diciembre pasado.
Otra sería adoptar una política criminal seria, juiciosa y acorde con la realidad nacional, donde la prevención de las causas que generan al delito y delincuentes sea abordado desde la raíz, con más oportunidades de trabajo y efectiva acción social.
Además se requiere una real política de resocialización pues las cárceles, como lo explican algunos senadores el día de la aprobación, son escenarios para “post-graduarse” de delincuentes. Y para ello son necesarios planes educativos y laborales que alejen a los internos de las horas muertas y ociosas que son dedicadas al consumo de vicio o continuación de los delitos desde las celdas. Con una verdadera política anticorrupción que afecte a funcionarios que toleran y participan de la venta de drogas al interior de los pabellones y actividades productivas de redención de penas (la reforma aprobada trae algunos de estos puntos) este problema se reduciría en gran medida.
En conclusión, se necesita un cambio de actitud. Dejar atrás los miedos, prevenciones y comprender que las cárceles y sus habitantes no son ajenos a la sociedad, sino reflejo de los ángulos oscuros y torcidos que en ella abundan cuando hay inequidad.