Los medios de comunicación, que se suponen median¸ median entre la política y la sociedad civil, han fallado en su papel como mediadores, o más bien, nunca ha sido ése su interés, los medios de comunicación han sido un poder dentro del poder.

 

Por / Damián Rodríguez Vera

Ilustración portada / El Periódico

Después de los ignominiosos casos donde el ESMAD arremete brutalmente contra el movimiento estudiantil del país, ingresando ilegítimamente a las instituciones universitarias y agrediendo desproporcionadamente contra la integridad de los estudiantes, en el Congreso, Victor Manuel Ortiz, representante a la Cámara del Partido Liberal, presentó un proyecto de ley que busca regular la protesta. A esto, se suma la iniciativa de la bancada del Partido Conservador como también la del senador ‘Manguito’ con los mismos fines impulsados por el representante del Partido Liberal.

No les bastó a ellos ni al gobierno con que el ESMAD hubiese gaseado a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes pacíficamente y en solidaridad habían acompañado el descontento generalizado de los estudiantes de la Universidad Distrital, cuya administración estaba siendo carcomida por la corrupción. No les bastó con que en el ejército atemorizara a los estudiantes de la Universidad del Atlántico haciendo disparos al aire para así dispersar una protesta legítima y pacífica. No les bastó con que la policía hubiese ingresado a la fuerza y sin consentimiento alguno en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. No les bastó…

Irónicamente y con cierto aire de cinismo, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez manifestaba que, por parte del gobierno, no se pretendía impulsar algún proyecto de ley que pretendiese regular la protesta; sin embargo, ha sido reiterada la posición de la vicepresidenta la idea de que “urge” un proyecto de ley con dicha finalidad. De igual manera lo manifiesta Guillermo Botero, ahora exministro de Defensa, el mismo que sindicó a los estudiantes durante las protestas del movimiento estudiantil el año pasado, de ser financiados por grupos “armados al margen” y de “mafias supranacionales”.

El gobierno no puede por un lado aducir que no impulsará dicho proyecto, pero por el otro tener a figuras como la vicepresidenta y el ministro de Defensa alzando la voz con insistencia sobre la urgencia de regular la protesta civil. Esto no es otra cosa que lavarse las manos, excusándose en que al ser otros sectores políticos los que quiere impulsar esta iniciativa, el malestar es general.

Pero más allá de la discusión de si el gobierno se deba desenmascarar o no, el problema creo radica en dos elementos. El primero de ellos versa sobre los aires con que quieren investir el gobierno y sus portavoces sobre un “malestar general” con respecto a la protesta civil. Que Guillermo Botero diga que “nadie en Colombia duda que hay que presentar ese proyecto”  está diciendo que él y la clase política dirigente no dudan en que se hace necesario tener que presentar ése proyecto.

En política, quien pone el orden del discurso lleva una clara ventaja con quien no tiene esa posibilidad. Por eso, la responsabilidad no sólo recae en el gobierno o, en los partidos afines a él. Los medios de comunicación, aquellos que tienen el poder de poner en el plató cuáles son los temas de “crucial” importancia del país, las primicias, los análisis, traen consigo el cariz ideológico con que se busca dar la noticia.

Los medios de comunicación, que se suponen median¸ median entre la política y la sociedad civil, han fallado en su papel como mediadores, o más bien, nunca ha sido ése su interés, los medios de comunicación han sido un poder dentro del poder.

Para colocar solo un ejemplo, el hecho de que les hayan dado mayor importancia a las teorías conspiranoicas acerca de que, detrás de las manifestaciones de los estudiantes, están los intereses de Nicolás Maduro patrocinando e infiltrándose en las marchas y, por el contrario, no permiten darle cabida sobre las causas y motivaciones de la movilización como el rechazo a la represión policial, el cumplimiento total de los acuerdos entre los estudiantes y el gobierno durante el año pasado o, el entonces artículo 44 de la ley de financiamiento, es un ejemplo claro de que quien no está en el ojo de la mal llamada opinión pública queda completamente marginado.

Lo segundo y tal vez lo más complicado, consiste en la necesidad de querer instaurar en el imaginario de la sociedad colombiana la idea de que, por un lado, el ejercicio de la protesta hace parte de los repertorios vetustos de una generación melancólica cuyos efectos son pocos o nulos. A esto se suma, la urgencia de alimentar la irónica idea de que la gente puede protestar sin la necesidad de generar incomodidad.

La gente puede protestar, claro –dice el gobierno–, pero en modo alguno puede hacerlo si le molesta a clase política dirigente o a le élite económica. Si por el gobierno fuera, las marchas deberían hacerse en los andenes y los fines de semana. Todo esto funciona como un crisol que busca, a la manera más reaccionaria, desprestigiar la protesta y con ella todos los derechos que se han ganado al calor de la movilización.

Reprimir la protesta no sólo se hace bajo la acción violenta de la fuerza pública, amedrentando físicamente a quien ejerce este derecho. Reprimir la protesta es, también, una acción simbólica mediante la cual, con el imperio de la ley, el poder dentro del poder como los medios de comunicación, buscan desprestigiarla o incluso corromper con su naturaleza, la desobediencia y la inconformidad, el grito en alto ante las injusticias que buscan incomodar, pero también transformar la realidad para mejorar las condiciones de la gente.

Reprimir la protesta es también encubrir el vandalismo, sí, el vandalismo de Estado al que, ni los partidos de gobierno, ni sus portavoces, ni los medios de comunicación se atreven a decir ni lo más ínfimo sobre un tema que se ha vuelto recurrente en las últimas jornadas de movilización.

Por último, esto es un llamado a la ciudadanía para defender un derecho, no sólo porque está amparado como un derecho constitucional, sino también porque con él se han logrado grandes victorias de la movilización ciudadana. Fue gracias a la protesta que se tumbó la nociva reforma a la ley 30 en el año 2011, fue gracias a la protesta que centenares de habitantes frenaron proyectos minero energéticos que atentaban contra el medio ambiente, fue gracias a la protesta que el movimiento estudiantil logró sentar al gobierno nacional el año pasado para exigir mayor financiamiento para la educación superior.

Por aquellas victorias y muchas victorias más, es perentorio la defensa de la protesta como un derecho que merece el respaldo de toda la ciudadanía del país.

Twitter: @damian_rv