El caso del perro que atacó dos niños en Dosquebradas, el pasado 12 de abril, es paradójico. Los animalistas defienden a capa y espada al canino, pero no mencionan los niños víctimas del ataque.
Por: Nathalia Gómez Raigosa
El sol de una mañana de sábado cobijaba la zona social de la Unidad Residencial Los Cerezos en Dosquebradas (Risaralda), conformada por una piscina de aguas diáfanas y un parque con juegos infantiles, en el que infantes reían y disfrutan su niñez. Una cámara de seguridad captó el momento en el que las risas se convirtieron en gestos de horror y llanto, ante la estampida de un bull terrier sin correa, ni bozal, que se arrojó sobre un niño de nueve años que se estaba columpiando. El cuadro es aterrador, el cuadrúpedo lo baja de un tirón, lo revuelca y con la fiereza de sus mandíbulas lo arrastra dos metros. El dueño del perro, otro niño de 11 años, presente en el ataque, corre hasta su perro y lo jala de sus patas traseras, para que suelte el cuerpo del menor. El canino responde mordiendo el dedo meñique de la mano derecha de su amo y le arranca una falange. En ese momento aparece Robert Hernández, quien en una carrera maratónica llega al sitio y oprime el cuello del perro con sus manos hasta que suelta al pequeño. Ese mismo visitante recoge la falange del piso y la pone en hielo con la errónea idea de que así podrá salvar el tejido.
La grabación registra que el ataque duró 40 segundos, en los que el perro le desgarra, al niño, la piel de su abdomen y pierna, en la que llevará de por vida una cicatriz de 10 centímetros. Parece como si se tratara de un capítulo del programa “Atracciones Fatales” de Animal Planet, pues Katherine García, “madre humana del perro” como ella misma se denomina, niega que el animal le hubiera mutilado una falange a su hijo, aunque la clínica Comfamiliar, a donde fueron remitidos los niños, confirma que el dedo le quedó amputado. García, quien además es enfermera, minimiza dos ataques anteriores, en los que se vieron implicadas otra niña de la unidad cerrada y la empleada del servicio. Tal vez con el fin de que no se aplique la ley de manejo y tenencia de mascotas, que específica que a la tercera lesión provocada por un perro, éste debe ser sacrificado.
Ante la posibilidad de que el perro fuera condenado a muerte, sus dueños diseñaron una cortina de humo a la altura de J.J. Rendón. Explotaron el lado más tierno de su mascota y el nombre de Rocko pasó a ser la insignia de la lucha. Publicaron conmovedoras fotografías familiares y videos lacrimógenos, que ganaron en segundos miles de “likes” en las redes sociales. Tildaron a los medios que decían la verdad de amarillistas. Manipularon la información en entrevistas al aire y obligaron a su hijo, quien se observa muy afectado, a mentir ante las cámaras. Organizaron plantones en la plazuela de la Alcaldía de Dosquebradas, el Ciudad Victoria y la Plaza de Bolívar, con banderas, proclamas y camisetas estampadas en defensa del animal.
La ‘zoociedad’ se unió al propósito de los propietarios, que a simple vista se ve tan justo. En Facebook se crearon populares grupos de diferentes ciudades, como “Rocko estamos contigo” o “Cartas a Rocko”, donde se piden perdón en nombre del perro. En twitter se masificó el hashtag:♯Rock, en el que se colgaron numerosas imágenes de personas con sus perros, como apoyo al animal. Se recogieron 15 mil firmas en pro de la vida del canino. El alcalde Diego Ramos, por no perder el respaldo de la fuerza activista, se lavó las manos como Pilatos. Por ironías de la vida un comunicado de prensa de la administración biquebradense informó: “los dos menores atacados por un bull terrier en días pasados quedarán con secuelas permanentes, lo cual podría significar su sacrificio”.
Ese error en el comunicado de prensa resume la tragedia, por no matar el perro terminaron sacrificando los niños. Ninguna fundación ha salido a abogar por ellos, ni se les ha realizado un seguimiento psicológico. La cuarentena a la que fue sometido el peludo agresor es una burla, pues a falta de un coso municipal, el perro está en poder del que fue su adiestrador y hasta allí van a visitarlo su familia y los defensores animales.
Para inclinar la balanza a favor de Rocko, se está urdiendo en secreto otro plantón ambientalista, frente a las oficinas de la inspección tercera de la Policía de Dosquebradas, donde a partir del 7 de mayo se comenzarán a llevar a cabo las audiencias de conciliación. Diana Patricia Pardo, inspectora encargada de dar el veredicto, está a tiempo de cambiar un trágico final que todos intuimos. Pueda ser que ella se aparte del fanatismo, analice con rigurosidad el caso y no permita que unos irresponsables tapen su infamia con el nombre de un perro.