FABIAN MORALES (IZQ)Para nadie es un secreto el mal servicio que se presta a los usuarios y las condiciones cada vez más lamentables de los trabajadores de la salud.

Por: Fabián Morales

En alguna ocasión un docente hacía una reflexión muy interesante, él mencionaba que existen adagios populares que no son tan ciertos. Colocaba de ejemplo la frase: “todo tiempo pasado fue mejor”, argumentando que este dicho en la medicina no aplicaba, dado que esta con el pasar de los siglos ha mejorado los patrones de vida en prevención de las enfermedades, curándolas o disminuyendo el dolor en las personas.

Sin embargo, en nuestro país las políticas diseñadas para la salud no van en pro de su progreso sino que están  para causar estragos en todas las esferas de la población. Para nadie es un secreto el mal servicio que se presta a los usuarios y las condiciones cada vez más lamentables de los trabajadores de la salud.

Se podrían escribir decenas de libros exponiendo las calamidades del sistema, pero sólo al mencionar unos cuantos casos de cómo opera, sirve para tener unas ideas básicas para conocer a favor de quiénes funcionan. Hace unos años la Universidad Nacional de Colombia señaló en un estudio cómo algunas EPS incrementaron sus gastos en cifras bastante sospechosas, generando una sobrefacturación por 825 mil millones de pesos. Este informe también divulgaba que las EPS como Saludcoop presentaban porcentajes extremadamente elevados en precios de medicamentos populares, como en  Loratadina 246%, Aceteminofén  87 %  y 34 % en Ibuprofeno.

Por si fuera poco, las EPS diseñaron todo un cartel con el fin de negar la prestación de servicios contemplados  en el POS (Plan Obligatorio de Salud) con recargo a la UPC (Unidad de pago por captación) y recobro al Fosyga (Fondo de solidaridad y Garantía) – no pos -, para de esta manera ser aprobados con tutela y obtener recursos adicionales, es decir, la jugada macabra era: negarle el servicio de salud a los pacientes del POS, costos que el gobierno pasaba por anticipado a las EPS,  ante el rechazo el paciente instauraba una tutela para que un juez ordenara a la EPS el servicio, esta le recobra al Fosyga, haciendo así que el sistema tenga que pagar dos veces lo solicitado.

Además de estas jugadas, la ley 100 de salud fomenta la negación de los servicios a los usuarios. En el caso de las personas que están en régimen contributivo a las cuales el gobierno pasa a las EPS aproximadamente medio millón de pesos por afiliado para derechos de salud, también les indica a las EPS que de esa cifra saque las ganancias, es decir, entre menos servicios den, como medicamentos, turnos con médicos especialista  o tratamientos, más dinero se llevan al bolsillo estos usurpadores de la salud.

Ante estos y muchos otros hechos, los colombianos se han indignado y han manifestado su inconformidad contra la actual ley de salud y las EPS, pero el gobierno de Juan Manuel Santos se ha hecho el de oídos sordos ante este llamado y,  por el contrario,  en el año 2013 pretendió aprobar junto a su Unidad Nacional el proyecto  de Ley ordinaria 209, mediante el cual los negociantes de la salud plantaban todo un arsenal en el Congreso para aprobar medidas como la limitación de la tutela, la cual en el parágrafo del articulo 5 quedaba supeditada a la sostenibilidad fiscal que condiciona los derechos fundamentales a los recursos que haya destinado el Estado para un área en particular, dicho de otra manera, sino hay suficiente dinero el Estado no estará obligado a aumentarlo y con ello el incumplimiento de miles de tutelas que se tramitan para garantizar el derecho a la salud.  Por otro lado, las odiadas EPS  pretenden  cambiarse sólo el nombre –pasarían  a llamarse Gestores de Servicio de Salud pero toda su estructura seguirá intacta, y aceitada para continuar llevando a su bolsillo las ganancias por la “administración” de los recursos públicos de la salud  y por el “aseguramiento, dinero que les llega a las EPS por “riesgos“de la población a su cargo. Como si no les bastara con todo esto, en la reforma se proponía un enorme “candado” a los recursos públicos que llegaran a las EPS, convirtiéndolos en inembargables .

A pesar de toda esta realidad y de tener un Congreso en su mayoría de “hinchas” de la reforma a la salud de Juan Manuel Santos y de las EPS, miles de  colombianos se movilizaron de forma pacífica y civil en todo el país, con una participación fundamental  de la  comunidad  universitaria de las facultades de medicina, también enfermeros, médicos y otros trabajadores de la salud, que lograron aplazar la aprobación del venenoso proyecto de ley ordinaria 209. Lo anterior se convierte  en una enorme victoria –así sea parcial– y en otro gran ejemplo para la mayoría de colombianos que desean empezar un cambio a favor del progreso del país y sus habitantes.

Ahora, la tarea es consolidar la organización que surgió de las movilizaciones como la Mesa Nacional de la Salud como Derecho, la cual adelanta tareas de organización a nivel nacional y regional  aportando a  que  cada día más personas adquieran conciencia de  esta problemática y así poder contar con la suficiente fuerza para acabar con la macabra ley 100 y luchar por una nueva que esté a favor del bienestar de los colombianos.