carlos_victoriaLa virulencia de Uribe y los mantras de Santos son el reflejo del mosaico de una cultura política enclavada entre el autoritarismo mesiánico y el pragmático transigente.

Por: Carlos Victoria

La agresión verbal entre Uribe y Santos es propia de las contradicciones que, históricamente, han sostenido las élites políticas y económicas por el poder en Colombia. No es, en consecuencia, una simple retahíla de mutuas recriminaciones, ni mucho menos una refriega pusilánime. Es la constante que nos ha hundido–como dice el profesor Oquist (1978)- en una conflictividad hegemónica y violenta entre las distintas vertientes del poder.

Uribe, como tanto se ha dicho, representa al conservatismo ultramontano articulado a grupos de presión que defienden un tipo de orden sobre la base de la concentración de la riqueza, pero además violando la constitución, usando el clientelismo sectario, el corporativismo y diversidad de tácticas y estrategias de mano fuerte, menoscabando la institucionalidad de los derechos humanos. La parapolítica que lo entronizó hizo de la ilegalidad el común denominador del modus operandi de un amplio repertorio de mafias locales.

Por su parte Santos, es la expresión de la oligarquía liberal. Su Unidad Nacional es la regla del juego heredada de sus antepasados políticos: la Concordia Nacional de Rafael Reyes; la Unión Republicana de Carlos E. Restrepo; la Unión Nacional de los cincuenta y el Frente Nacional de los sesenta y setenta. ¿Cuál es la diferencia? Muy pocas: como ayer estos arreglos se caracterizaron por el sectarismo beligerante, la preponderancia de las maquinarias electorales, la repartición del botín burocrático y las coaliciones para mantener el control social y político por encima de las divergencias.

¿Qué es lo que está en juego? El pulso entre un desarrollismo liberal, dispuesto a negociar privilegios para hacer viable el proyecto político del capital financiero internacional, por un lado, y por el otro la vigencia de una democracia de hacendados, a través de grupos de interés legales e ilegales, mediante la captura del Estado y buena parte de la sociedad. Esta contradicción tiene múltiples matices, diagonales y transversales, como la puja sangrienta por la restitución de tierras, la legalización del consumo de estupefacientes y la inversión extranjera para la explotación del suelo y el subsuelo.

El TAC de ambos da cuenta de las diferentes concepciones que las élites tienen sobre la viabilidad del desarrollo en el terreno institucional, económico, político y ambiental. La agencia de los grandes hacendados y ganaderos que por décadas han usufructuado el control de políticas y beneficios no está dispuesta a ceder un centímetro frente a las pretensiones redistributivas que en materia de derechos de propiedad han puesto miles de muertos a lo largo y ancho de nuestra historia.

En la práctica, como sostiene Oquist, estamos ante los constantes reacomodos y contradicciones que las clases dominantes han sostenido a lo largo y  ancho de la construcción del Estado y sus instituciones. En suma, son los enfoques que se debaten entre reforma y represión para facilitar la instauración y perpetuación de políticas públicas que fortalezcan las estructuras socioeconómicas vigentes. Uribe recortó derechos, violó la Constitución e hizo de la seguridad una estrategia para consolidar poderes en contravía a la constitución y la ley. Santos, como su ministro de defensa, no lo denunció ni se opuso.

La virulencia de Uribe y los mantras de Santos son el reflejo del mosaico de una cultura política enclavada entre el autoritarismo mesiánico y el pragmático transigente; es la constatación histórica que en materia de la lucha por el control de la dirección del Estado no solo se apela a la violencia verbal y simbólica, sino a la de carne y hueso. Lo peor de todo esto es que, como reza la definición de canalla, los colombianos terminemos siendo parte del elenco: una muchedumbre de perros rabiosos.

El calificativo de canalla de Uribe a Santos o rufián de esquina de Santos a Uribe, en este contexto y tal como argumenta M. Palacios en La clase más ruidosa (2002), en lugar de iluminar y dignificar el diálogo, va cediéndole espacios al grito o al silencio, aunque menos indecorosos que la mentira. En ambas expresiones se advierte la pugnacidad inherente a los proyectos políticos que ambos lideran, legitimando a su modo un orden económico y social que rivaliza contra las posibilidades de equidad y democracia plena.