Y LA CORTE DECIDIÓ…

Es legítimo en los ciudadanos estar o no de acuerdo con la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Pero descalificar a la justicia, llamar a la insurrección ciudadana, instigar a la ciudadanía para evitar el cumplimiento de sus decisiones, repeler la institución y  hostigar a los magistrados, es “pasarnos al bando de los criminales”, utilizando la metáfora del torpe Representante Vallejo Chujfi.

 

Por / Adriana González Correa

Impensable hace 10 años era que el hombre más poderoso de Colombia en los últimos tiempos fuera a tener una detención domiciliaria dictada por la Corte Suprema de Justicia. El “gran colombiano”, dos veces presidente de Colombia, senador desde 2014, quien hasta el momento ha manejado los hilos del poder más granado del país, es Álvaro Uribe Vélez.

A su servicio la politiquería hecha a punta de mermelada, a su servicio la corrupción encarnada en personas como Andrés Felipe Arias, a su servicio el hampa personificada por un hombre como Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz que simuló una desmovilización de las FARC, a su servicio el paramilitarismo representado en personajes como Salvatore Mancuso o Ernesto Báez y a su servicio los grandes conglomerados económicos que usufructuaron su poder y contribuyeron a sostenerlo, aumentando la desigualdad social.

Sin duda es un hecho histórico sobre el que se hace imposible no pronunciarse, un hecho simbólico que golpea esa Colombia radicalizada bajo la extrema derecha y casi irracional, que ha contribuido a la desinstitucionalización del país, a crear una cultura del todo se vale, del tomar la justicia por mano propia, a aplicar la famosa frase de todo aquel que no está conmigo, está contra mí, ampliando la base de enemigos sin consideración alguna, sin racionalidad alguna.

Este hecho histórico e impensable, tiene repercusiones más profundas de lo que intuimos a simple vista y al mismo tiempo, hace emerger circunstancias tranquilizadoras en el país.

Repercusiones que pueden ser preocupantes, cuando escuchamos por la red de Twitter a la senadora del Centro Democrático Paola Holguín llamando a los militares de la reserva activa salir a defender la democracia en favor de Uribe.

Repercusiones que pueden impactar en la justicia como institución, cuando el representante a la Cámara de Risaralda Gabriel J. Vallejo Chujfi –conocido de autos y por sus desafueros– descalifica a la Sala de Instrucción de la CSJ afirmando que: “al parecer la justicia se está pasando al bando de los criminales”.

Y la peor de todas, el propio Presidente de la República, quien en un acto de militante político y no de estadista o de quien dirige los destinos de una Nación, toma partido en favor de su mentor y descalifica las decisiones de la rama judicial, abriendo así una peligrosa ruptura de la institucionalidad.

Olvidar que gobierna para todos y todas, para la ciudadanía de bien –la que acata las normas– y para la que vive en el marco de la ilegalidad, no se puede calificar como un craso error, es una actuación irresponsable y que vulnera la propia Constitución Política.

Al mismo tiempo, y casi como una paradoja, “emergen circunstancias” esperanzadoras. La primera de ellas es el fortalecimiento de la democracia como forma de gobierno.

La división de los poderes públicos es uno de los elementos estructurantes del Estado de Derecho. Bien sabemos que Colombia es un país con impúdicas y abyectas cercanías entre las diferentes ramas del poder, las que se han encargado de difuminar esa división esencial, en especial entre el ejecutivo y el legislativo, en el que el primero se impone con evidencia sobre el segundo gracias a la repartición de la famosa “mermelada”.

Por ello, la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia ratifica su independencia, la división de los poderes públicos y la autonomía impuesta desde la Constitución y desde la teoría política.

La toma de esta decisión, sobreponiéndose a las presiones indebidas, incluida la presidencial, la del partido de gobierno y de algunos medios de comunicación que se prestan para este macabro juego, da para pensar que lo poco de Estado democrático que tenemos es aún saludable.

Es legítimo en los ciudadanos estar o no de acuerdo con la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Pero descalificar a la justicia, llamar a la insurrección ciudadana, instigar a la ciudadanía para evitar el cumplimiento de sus decisiones, repeler la institución y  hostigar a los magistrados, es “pasarnos al bando de los criminales”, utilizando la metáfora del torpe Representante Vallejo Chujfi.

Caer en las fronteras de la desinstitucionalización no nos lleva a fortalecer la democracia, por el contrario, nos conduce directo y sin retorno a la barbarie, esa misma que se le reprochó a las FARC durante años. Esperemos que la sensatez ciudadana sea superior al mesianismo de derecha.

@adrigonco