BALANCE DE VÍCTIMAS Y CAPTURAS DURANTE EL PARO

Conozca el informe detallado del Comité de Derechos Humanos de Risaralda en cuanto a homicidios, desaparecidos, amenazados, detenciones con judicialización, detenciones arbitrarias y torturas desde el inicio del paro nacional y hasta el 13 de mayo en esta región del país.

 

A 20 días de iniciado el paro nacional Risaralda ha registrado numerosos casos de vulneración de los derechos humanos. La situación ha sido alarmante, a tal punto que la Comisión de Paz del Senado de la República, en cabeza de Roy Barreras, Antonio Sanguino y Aída Avella, le dio prioridad al departamento para escuchar a familiares de las víctimas y representantes de diversos sectores que se manifiestan en las calles.

En este evento el Comité de Derechos Humanos de Risaralda presentó el acumulado de homicidios, desaparecidos, amenazas, detenciones con judicialización, detenciones arbitrarias y torturas que se presentan a continuación:

Baudó AP y La Cola de Rata confirmaron el fallecimiento de 5 personas en hechos relacionados con las manifestaciones. Dos de ellos no aparecen en el informe presentado por el Comité de Derechos Humanos de Risaralda. Se trata de Evelio de Jesús Flórez, de 86 años, quien murió asfixiado luego de que gases lacrimógenos se filtraran a su vivienda en La Virginia; y Walter Buitrago Jaramillo, de 32 años, quien murió después de ser atropellado, en la calle 9 del centro de Pereira, por un bus de Flota Occidental, un incidente que se dio en medio de las manifestaciones.

Yolanda Henao, madre de uno de los jóvenes asesinados, quien asistió a la sesión de Comisión de Paz, dijo “ya no podemos seguir lavando las calles de Pereira con la sangre de nuestros jóvenes”.

Todos los detenidos judicializados posteriormente quedaron sin imputación de cargos.

Detrás de cada cifra y cada nombre hay una historia que necesita respuestas a sus interrogantes. Queda en manos de los organismos de justicia actuar con prontitud para dar con los responsables y esclarecer la complejidad de cada caso. Además, de un llamado para que las instituciones como Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo sumen esfuerzos con la ONU y la sociedad civil para conformar una mesa de trabajo permanente que vele por garantizar los derechos de la ciudadanía.