En medio de procesos investigativos manipulados, desaparición de evidencias, abogados de las víctimas amenazados, desacreditación de testimonios y declarantes, fallos turbios, injustificados alargamientos de tiempo e intentos de asesinatos de testigos, amenazados y/o asesinados, ha trascurrido por más de dos décadas el sonado caso de Los Doce Apóstoles, aún en proceso.

 

Por C. Arteaga

Un bello cuadro renacentista engalana los comedores de casi todos los hogares colombianos, la pintura de Da Vinci titulada La última cena. Sus protagonistas: Jesucristo junto a sus doce apóstoles, cenando, discutiendo y sopesando, horas antes de la aprehensión del redentor traicionado por Judas.

Pero la adaptación criolla del pasaje bíblico es algo particular, sus suelos no son tapizados por la ardiente arena de Israel sino por los fríos pastizales de las montañas nordeste-antioqueñas de donde surgen altivas tapias de barro afincando las moradas del viejo pueblo de Yarumal. Estos apóstoles cargan bajo sus atuendos subametralladoras, pistolas, revólveres, sofisticados equipos de comunicación radial y una “lista negra”. Se transportan en automóviles camperos o camionetas 4×4 y su precepto “divino” no es precisamente amar al prójimo.

Usurpando la voluntad de Dios, deciden quién y cuándo debe morir. Pedro, Juan, Jesús, Santiago –al igual que en el pasaje bíblico– son algunos de sus integrantes, pero ahora Santiago es el líder, y su hermano Álvaro, el mesías, como lo ve buena parte de la sociedad colombiana y en especial la antioqueña. Un mesías protector y encubridor.

El 29 de febrero de 2016 fue un día excepcional, no porque el bisiesto le sumó un día al mes sino porque Santiago, el hermano del “todopoderoso”, era detenido por efectivos de la fiscalía general de la nación tras una orden de captura por la conformación del grupo paramilitar conocido como “Los doce apóstoles” y por el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera.

Santiago Uribe Vélez. Fotografía / Semana

Por primera vez en la historia del país un hermano de un ex presidente era llevado a prisión por la justicia. Santiago fue traslado al bunker de la fiscalía en Medellín bajo los cargos de concierto para delinquir, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado.

En 2010 Juan Carlos Meneses Quintero, un mayor retirado de la policía, afirmó que Santiago Uribe era el jefe de esa banda, distinguida –entre otros aspectos– por la sonoridad de su evangélico rótulo, debido a que Gonzalo Javier Palacio Palacio, un cura antioqueño, era pieza integral de ella.  Añadió que su hermano, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, tenía pleno conocimiento y apoyaba estas actividades.

Santiago Uribe también es acusado por algunos testigos (integrantes de la banda) de ser el determinador del asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, quien era señalado de colaborar con la guerrilla transportando en su bus escalera víveres para esos grupos que se asentaban en zona rural del municipio de campamento.

Las declaraciones salieron a la luz desde Argentina, luego de un tiempo de clandestinidad de Meneses, donde se refugió para preservar su vida. El excapitán dio su testimonio delante de unas ONG internacionales de Derechos Humanos y de personalidades argentinas como el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien valida las declaraciones ya que “Meneses se está autoincriminando” y deja en claro que las autoridades colombianas deben hacer justicia en este caso o que se acudirá a instancias internacionales. Luego de un mes fue publicado un extenso artículo del portal estadounidense The Washington Post, que recoge las declaraciones.

Su testimonio fue clave para reabrir el proceso contra Santiago Uribe, alias “El abuelo” en la organización. Santiago creía haber enterrado sus aprietos judiciales en las fosas del pasado, pero Meneses los ha revivido y junto a sus testimonios han aparecido otros que refuerzan las acusaciones.

Juan Carlos Meneses Quintero. Foto / Cortesía.

Santiago, de igual nombre que el discípulo del Cristo, nació en 1957, es el tercero de seis hermanos. “Cuando sea grande quiero ser el hermano del presidente”, repetía de niño después que su hermano Álvaro decía que “sería el presidente”. Compensa su delgadez y baja estatura con un recio carácter que para algunos es agrio.

Se autodefine como hombre de campo y amante de los toros y los caballos, sus hobbies predilectos, al punto de ser un afamado criador de toros de lidia y de magníficos ejemplares equinos de paso fino colombiano. Cuando murió su padre tomó responsabilidad en la parte agropecuaria de su herencia familiar, logrando estabilizar y crecer sus finanzas.

Desde 1994 el nombre del ganadero, caballista y criador taurino, es mencionado en varias oportunidades en las investigaciones y procesos, sabiéndolos sortear con relativa facilidad gracias al poder y la influencia política de su hermano, dictaminándosele –por el caso de los doce apóstoles– dos autos inhibitorios, uno el 8 de mayo de 1996 y el otro el 29 de febrero del 2000 (aunque ni en Colombia ni en ningún país del mundo se dictan autos inhibitorios cuando en la investigación hay desaparecidos y se continúa con el proceso, y en este caso hay decenas de desaparecidos).

“La Carolina” es una hacienda ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, en los llanos de Cuivá, propiedad de la familia Uribe Vélez en los años ochenta y noventa. Varios cientos de hectáreas de ideales suelos para la agricultura y la ganadería la conforman. Caballerizas y un criadero de toros de casta llamado “Ganadería La Carolina”, un orgullo antiqueño para los aficionados a la tauromaquia, se integran al paisaje.

en la plaza de toros La Macarena de Medellín junto a los toreros Sebastián Castella y Matías Tejela. Foto / Cortesía Fedegan.

Los mejores toreros del mundo lidiaban con la bravura y fiereza de las bestias marcadas con el hierro de La Carolina, liquidada a inicios de 2015. Pero la hacienda no solo es recordada por esas glorias taurinas sino por ser base de entrenamiento de paramilitares y epicentro de asesinatos, torturas y desaparición de personas, al igual que otras haciendas y propiedades de los Uribe Vélez.  Así lo afirma Meneses, el mayor retirado de la Policía y ex integrante de Los Doce Apóstoles en una entrevista para la reconocida periodista de investigación, ganadora del premio nacional de periodismo Simón Bolívar, Olga Behar, quien basada en su testimonio escribió el libro El clan de los doce apóstoles, publicado en 2011:

El mayor Meneses y la periodista Olga Behar durante la entrevista para el libro Los 12 apóstoles. Fotografía / Ícono Editorial.

“Usted llegaba a la hacienda La Carolina y encontraba gente armada, con fusiles y uniformados. Usted pensaba, “es Ejército”, pero no, al mirarles los fusiles R15, o al verles el fusil AK 47, se daba cuenta de que no eran soldados, esas son armas que el Ejército no manejaba. Me vi varias veces con Santiago Uribe allí en su hacienda. Los dos primeros encuentros fueron reuniones más bien formales, que se realizaron en la sala de la finca. En la tercera ocasión, Santiago es muy cordial. Me invita a conocerla porque, dice, que le he colaborado mucho. Lo primero que me muestra son unos radios de comunicación, unos radios portátiles y otros con bases. Me dice: “Esto es para comunicarme con los grupos míos”. Y en la misma hacienda La Carolina me muestra una plaza de toros, de esas de toros de lidia, de toros miura, ahí es donde los preparan para las corridas de toros. Lo que me sorprende es cuando bordeamos la plaza de toros; detrás de ella me muestra una pista de entrenamiento para paramilitares, de las mismas que usa el Ejército, de esas que conocemos los soldados y policías que tienen diferentes tipos de obstáculos, la escalera, la telaraña. Él me dice: “Mira, aquí es donde entreno a mis muchachos”. Allí era donde entrenaban físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas por Santiago Uribe. Yo estaba aterrado, impactado, porque mientras íbamos caminando por los terrenos, muy bonitos y bien cuidados, me decía que políticamente él estaba muy bien conectado, tanto así que su hermano, que había sido senador, tenía segurada la Gobernación de Antioquia. Me decía que tenía el apoyo de todo el mundo y yo entonces pensaba: “Esto está orquestado con todo el Gobierno, está amparado con los altos mandos militares” … “Luego del recorrido, ingresamos a la sala de la hacienda, un lugar muy bonito, tiene dos pisos y ventanales amplios. Allí, Santiago me dice que me quiere mostrar una lista. La saca del carriel –él siempre andaba con un carriel trenzado, al igual que con su poncho, botas de cuero y un sombrero–. Al abrir el carriel, vi que tenía un radio portátil. Me la muestra y me dice: “Éste es el listado de personas que hay que acabar. Usted aliménteme este listado y yo le suministro también información. De tal forma que estemos sintonizados para saber quiénes son y quiénes son los que siguen. -La lista estaba escrita a mano, algunos nombres estaban tachados. Supongo que ya habían sido asesinados-: “Mire, éstos son los que siguen, ellos poco a poco van cayendo. La hacienda La Carolina siempre la cuidaban paramilitares, incluso cuando estuvo el coronel Benavides a cargo del Comando de Policía de Yarumal. Es en ese lugar donde asesinan a una persona, a Vicente Varela. Después dirían que la guerrilla había ido a atacar la hacienda, pero la guerrilla no iba a ser pendeja de ir a atacarla, porque sabía que estaba cuidada por gente fuertemente armada y con la orden de responder ante cualquier sospecha. Santiago tenía sintonizadas todas las fincas, las tenía intercomunicadas, ahí no le iba a llegar guerrilla tan fácilmente”.

Una de las pocas imágenes conocidas de la hacienda La Carolina. Acá un individuo tienta a una de sus reses bravas. Fotografía / Rubén García

El relato del expolicía y exparamilitar a través del libro es extenso, en él narra pormenorizadamente los hechos ocurridos desde que fue trasladado a Yarumal para reemplazar a Pedro Manuel Benavides, el capitán que estaba al mando del puesto de policía de ese municipio y que hacía parte también de los doce apóstoles. De su relato se desprenden muchos nombres de asesinados en esa hacienda, de torturados por ser colaboradores de la guerrilla, de desaparecidos o enterrados en ella, y de la planeación de crímenes como el de Varela, un “vicioso” de Yarumal; crimen sobre el cual el propio Álvaro Uribe se pronunció: “allá sí apareció un muerto, pero porque hubo un enfrentamiento con unos extorsionistas que llegaron”. El cura Palacio también se había referido a este homicidio en los procesos judiciales en su contra: … “Vicente Varela, le puedo decir de él que lo habían matado en la hacienda La Carolina en los llanos del Cuivá porque había ido a extorsionar con un grupo a los dueños y a los mayordomos”.

Benavides había hecho mal el levantamiento, lo amarró al bómper del carro Jeep Toyota, le puso un letrero que decía “muerto por extorsionista” y lo paseó por las calles del pueblo. Lo investigaron por eso, pero finalmente salió exonerado. La muerte de un joven soldado retirado, denunciada por el sacerdote Javier Girado, fue otro de tantos homicidios en La Carolina.  Documentos de la finca de registros públicos de Yarumal confirman que, a finales del 2002, luego de posicionarse Uribe para su primer periodo presidencial, la hacienda fue vendida.

El padre Gonzalo Palacio Palacio era un hondo simpatizante de Monseñor Miguel Ángel Builes, un prelado recalcitrante, ultraconservador y contradictor acérrimo de las ideologías liberales y comunistas de inicios del siglo XX; modelo a seguir de muchos jóvenes que se adentraban en los senderos de la formación clerical. “[Builes] nunca se doblegó para pelear las buenas batallas de la fe ante sus difamadores, sus calumniadores, que se escondieron en el anonimato”, expresó alguna vez Palacio.

Palacio llega a Yarumal para instaurarse como sacerdote el 1 de octubre de 1960. En la época de los noventa era vicario de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el corazón del casco urbano. A las seis de la mañana el padre recibía confesiones las cuales, rotas en su secreto, servían para señalar a los “pecadores” que debían ir al infierno con ayuda de los apóstoles.

Un panfleto repartido por el pueblo el sábado 15 de febrero de 1992 anuncia la conformación de las ‘autodefensas del Norte Lechero’ para declarar la guerra a la guerrilla. Ese sería el primer anuncio arrojado a la población sobre el terror paramilitar que llegaba para actuar durante casi una década. Las matanzas empezaron a darse a finales de 1992. El alcalde, la personera, el inspector y miembros de la Cruz Roja y la Defensa Civil escribieron una carta al comandante de la IV Brigada para pedirle cambiar a los miembros del Ejército de Yarumal, a quienes denunciaron por estar involucrados en la desaparición de al menos cinco personas.

Pero fue en el segundo semestre de 1993 cuando se dieron las primeras referencias del grupo de Los 12 apóstoles. Un testigo, que iba a ingresar al grupo, cuenta que este trabajaba con la fuerza pública gracias al contacto de una persona “del gremio eclesiástico”. Todo está documentado en un informe de la Personería de la época, según el cual, a partir de julio se incrementaron los crímenes de personas con antecedentes delictivos. En cuatro meses se dieron 29 asesinatos.

Los grupos de autodefensa, también llamados paramilitares, contaron muchas veces con la aceptación o apoyo de las autoridades. Foto / Archivo.

Desde 1994, año en que empezaron las primeras investigaciones sobre el exterminio poblacional eufemísticamente nombrado “limpieza social” en esta y otra zonas del norte de Antioquia y que se atribuye a ese grupo paramilitar, el nombre del sacerdote surge en repetidas ocasiones; muchas de ellas lo apuntan como “informante del ejército”, acusación que confirma sintiéndose orgullo: “Las gentes acudían a mí para decirme planes que tenía la guerrilla (sic), para apoderarse, y aún se llegó a decir de una posible toma de Yarumal, entonces yo le transmitía al Ejército estas informaciones y ellos las verificaban con sus servicios de inteligencia y, si era del caso, organizaban los operativos. Y para que quede más claro aún, yo era el puente entre la sociedad civil y las fuerzas del orden”.

La investigación en su contra se origina el 2 de noviembre de 1993 por un informe rendido por la personera municipal de Yarumal. Luego de ese informe, la personera tuvo que renunciar a su cargo e irse del pueblo por amenazas. Testimonios plasmados en los procesos judiciales descargan la culpabilidad de las amenazas en el propio sacerdote: “Quien vigilaba la oficina de la doctora (Lillyam Soto Cárdenas) era el padre Gonzalo Palacio, puesto que se mantenía en la esquina del palacio municipal y en los pasillos”.

Sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio. Foto / Análisis urbano

En su prédica eucarística, el padre Palacio juntaba los preceptos cristianos con sus propias concepciones de la política y el Estado: “Hay que anunciar el Evangelio, como lo proclamara el Papa Pablo VI, pero no solamente se debe anunciar, sino que se debe denunciar… Y ser un gran defensor de las instituciones del Estado… He considerado que si no se denuncian los atropellos que se cometen a diario contra las instituciones del Estado, seguiremos abocados a un país débil repleto de problemas y con múltiples necesidades”.

Así mismo, el padre manifestaba púbicamente su animadversión por las doctrinas liberales, progresistas y con más ahínco por las comunistas/socialistas y en ese sentido, los grupos de izquierda armados como las guerrillas de las FARC-EP, ELN, EPL, y organizaciones desarmadas sindicales, obreras, defensoras de Derechos Humanos o contradictores del statu quo, eran blanco de sus ataques, y reconocía en ellos a un enemigo que debía combatirse; quizá sintiendo el llamado divino a abanderar su propia cruzada anticomunista.

En el pueblo todos sabían de la cercanía del párroco “godo” con gente de peligrosa reputación que luego se determinó eran paramilitares. Uno de ellos era Óscar de Jesús Arango Palacio, alias Pitufo, un acompañante que se había convertido casi en su sombra. El cura explica que Arango prestaba servicio militar, y que por eso le acompañaba en salvaguardarlo de alguna represalia de la guerrilla.  Pero la gente sí sabía quién era el temido Pitufo.

Las investigaciones arrojaron que el sacerdote recibía una cuota mensual de cien mil pesos (más de mil dólares actuales) de parte de Los Doce Apóstoles. Frente a este punto, Palacio ha dicho que es una confusión, que él sí recibía una cuota mensual pero no que no era de los doce apóstoles: “pertenecía a un grupo de informantes del Ejército que manejaba el señor Álvaro Vásquez, grupo por otra parte legal, ya que dependía del Batallón de Inteligencia del Ejército ubicado en Santa Marta; yo daba informaciones a los comandantes del Ejército, ya en Yarumal, o bien en Medellín”.  Añade que esa cuota era parte de sus honorarios por sus “servicios espirituales” como capellán del batallón Pedro Nel Ospina, en Bello-Antioquia.

Un testigo bajo reserva que prestó servicio militar en ese batallón del grupo de contraguerrilla urbana, aseguró que el padre “vestía camuflado, armado, con pasamontañas y que señalaba quién era guerrillero”. El padre negó todo, alegando que él no es nadie para mandar a matar a nadie y que esas eran calumnias amparadas en la reserva de identidad. Su abogado lo defendió presentando los antecedentes médicos que mostraban la incapacidad física de Palacio para esas actividades.

En todo caso, flotan en el ambiente los cuestionamientos sobre porqué un cura se había vuelto un informante del ejército, del porqué personas supuestamente señaladas por él como “pecadores” (guerrilleros, delincuentes, simpatizantes de izquierda, etc.), aparecían prontamente asesinadas, o del porqué de sus malas compañías.

En allanamiento efectuado por la fiscalía a la vivienda del padre, ubicada en la casa cural de la parroquia de Las Mercedes, se encontró un revólver marca Llama calibre 30, oculto en una biblia; 94 cartuchos, una sobaquera, 2 chapuzas y diferentes documentos del ejército.

“Me motivó a conseguir el arma el peligro que corría mi vida por las denuncias públicas, en mis homilías y predicaciones, ahí aprovechaba para hacer denuncias públicas sobre los abusos de extorsión, secuestro, amenazas que hacía la guerrilla o la delincuencia común organizada, ya que, por convicción, por formación, soy un gran respetuoso de la vida, la libertad y la dignidad de la persona humana. Como hacía denuncias públicas fuertes, temí por mi vida, y eso me llevó a conseguir el arma como medio de defensa. Directamente, no fui amenazado e indirectamente sí supe que me había convertido en objetivo militar de la guerrilla”, explica Palacio.

El revólver tenía salvoconducto, pero las investigaciones de la fiscalía especializada de Medellín continuaron y se detuvo al suboficial de la Sub SIJIN (entidad sindicada de hacer el trabajo sucio ordenado por Los Doce Apóstoles) Jairo Rodríguez Vanegas. Este dio más pistas de la vinculación de Palacio con el grupo criminal. El 24 de mayo de 1995, el cura no acudió a la indagatoria en la fiscalía regional de Antioquia a la cual fue citado.

El 21 de diciembre de 1995, en el barrio Laureles de la capital antioqueña, fue capturado por el cuerpo técnico de investigación judicial de la fiscalía (CTI) y confinado en el seminario mayor de Antioquia. El 17 de noviembre del 1997 fue beneficiado con libertad condicional, resaltando en el proceso que, si alguna prueba nueva surgiera, éste continuaría.

Sus supuestos cómplices corrieron la misma suerte, ya que la investigación al mando del fiscal Luis Camilo Osorio dio con un auto inhibitorio. La procuraduría adelantó un proceso disciplinario y pidió la destitución de los oficiales de la Policía Pedro Manuel Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero, Franklin Alexander Téllez y del agente Norbey de Jesús Arroyave, pero ninguno de ellos fue destituido, a pesar que el ente de control público afirma aquellos servidores públicos formaron parte del grupo irregular que se creó para dar muerte a personas calificadas de “indeseables” y donde menciona, además de los policías y comerciantes, al sacerdote Palacio como uno de los asistentes a una reunión en la que se decidió constituir un fondo con el fin de conseguir los elementos necesarios para “eliminar a determinados delincuentes aplicando justicia por mano propia”.

En 1999 el proceso fue reabierto y Palacio nuevamente citado a indagatoria, ratificándose en lo dicho en 1995. En 2001, la fiscal especializada Amparo Jiménez Zuluaga decide precluir la investigación. El octogenario cura sigue oficiando misas en la parroquia de San Joaquín, al occidente de Medellín, donde fue trasladado por el obispo Joaquín García Ordoñez (fallecido) luego del escándalo del grupo criminal al cual, por su figura religiosa, se le bautizó Los Doce Apóstoles.

El temible grupo paramilitar estaba conformado presuntamente por 12 miembros, en su mayoría ganaderos y comerciantes, quienes aportaban a una bolsa común para financiar su accionar. Fue una máquina de exterminio que dejó una amplia estela de muerte en el norte de Antioquia a inicios y mediados de la década del 90, especialmente en las poblaciones de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Campamento.

Ana Yoli Duque López y Marta Milena López , de 11 y 7 años, asesinadas en la masacre de La Solita. Fotografía / Cortesía

Sus víctimas se cuentan por cientos (533), dentro de las cuales se encuentran líderes de izquierda, colaboradores de la guerrilla, guerrilleros, testigos incómodos, equívocos, ladrones, adictos a las drogas, algún desafortunado en el lugar equivocado a la hora equivocada, y hasta infantes como Ana Yoli Duque López y Marta Milena López , de 11 y 7 años, respectivamente. Darwin Cristóbal López de 8 años y Renso Antonio Duque Velásquez, un bebé de 2 meses, fueron heridos en los mismos hechos en donde asesinaron a sus familiares, los militantes de la UP (Unión Patriótica) Marta María López Gaviria, Luis Gildardo López Gaviria y Elvia Rosa Velásquez Espinoza. Hernán Quintero logró escapar. El infausto suceso se conoce la masacre de La Solita, municipio de Campamento.

La Fiscalía categorizó los 533 asesinatos en 7 sectores, de acuerdo con la actividad y el modus operandi de los perpetradores de los hechos:

Sector 1 (246 casos): agricultores, mineros, forasteros, personas en estado de embriaguez, presuntos expendedores de drogas o adictos, estudiantes, amas de casa y personas dedicadas a oficios varios.

Sector 2 (136 casos): comerciantes, carniceros, ganaderos y transportadores, así como habitantes rurales, líderes o militantes políticos y personas señaladas de ser presuntos integrantes o auxiliadores de la guerrilla.

Sector 3 (81 casos): personas señaladas de ser delincuentes, extorsionistas, secuestradores o integrantes de bandas.

Sector 4 (51 casos): personas sobre las que no se conoce profesión, oficio u ocupación.

Sector 5 (11 casos): inspectores de policía y miembros activos o retirados de la Fuerza Pública.

Sector 6 (5 casos): personas cuya ocupación no está definida y fallecieron en extrañas circunstancias.

Sector 7 (3 casos): personas presuntamente integrantes de Los Doce Apóstoles.

Dentro del costal de la mal llamada “limpieza social” se metían todo tipo de personas que de alguna u otra forma eran “indeseables” –como llamaban a sus objetivos– para Santiago Uribe Vélez y sus secuaces.

La violencia ejercida por la banda transita por todas sus variables: física, psicológica, sexual, simbólica, etc. El grupo fue uno de los primeros gérmenes de lo que se conoce como el paramilitarismo actual, junto a otros en Antioquia, Córdoba, y otras regiones del país de similares características como “Los tiznados”, “Mano negra”, “Cali linda”, “Colombia libre”, “Los tangueros”, “Los grillos”, “Amo a Medellín”, “Muerte a revolucionarios del nordeste antioqueño”, “Grupo de Don Efraín”, “Las Águilas”, “Los Macetos”, “Grupo Hure”, “Los erres”, “MAS”., entre otros; muchos de los cuales terminarían mutando y legalizándose en las denominadas “CONVIVIR” creadas mediante decreto Número 356 de 1994 en el gobierno de César Gaviria e ideadas por Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia.

El grupo Los Erres lo conformaban aproximadamente 200 individuos con sistemas de comunicación muy avanzados para esas épocas (su denominación obedece al código característico de las radiocomunicaciones “erre”). Sus creadores y jefes eran Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, tíos y primos de Álvaro Uribe Vélez y primos también del mafioso Clan Ochoa. Ese grupo está señalado de asesinar a más de 70 personas en los municipios antioqueños de Titiribí y Armenia-Mantequilla, con algunas de sus veredas y/o corregimientos.  Los Vélez Ochoa fueron condenados por estos hechos en primera instancia, pero solo alcanzaron a estar presos cerca de un año hasta que un juez, acusado de nexos con paramilitares, los dejó en libertad “por falta de pruebas concluyentes”.

El MAS fue un grupo paramilitar (quizá el primero financiado directamente por el narcotráfico) antesala de estos otros grupos. Sus siglas consignan Muerte A Secuestradores y se creó a partir del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hija del patriarca Jorge Ochoa Restrepo. Su función principal era proteger a capos y terratenientes del cartel de Medellín de intentos de secuestro y/o extorsiones y, en segundo lugar, arremeter –al igual que todos los grupos paramilitares– contra integrantes de la izquierda, sea armada o política. Al morir Escobar se disipó y la mayoría de sus miembros terminaron en las filas de las Convivir o las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). En sus inicios contó con más de 2000 hombres armados.

Los “gatilleros” (sicarios) de Los Doce Apóstoles eran Leonidas “Leo” Pemberthy y su hermano;  Henry de Jesús Múnera y su hermano Dayron; José Paul Martínez Sánchez y Óscar de Jesús Arango Palacio, alias Pitufo. El Relojero (tenía una relojería al lado de la alcaldía) era otro de sus integrantes, aunque sus tareas eran informante, cooperador y organizador de los sicarios. El capitán de la policía Pedro Benavides Rivera se reunía con éste y los demás integrantes del grupo.  “Siempre que se reunión con él, aparecían los muertos en Yarumal”, afirman las gentes del pueblo. Alexander Amaya era otro “apóstol”, agente de la policía, escolta del comandante de Yarumal y sicario de la organización junto a otros dos efectivos: el cabo Rodríguez y un joven de apellido Arroyave apodado El Ruso, pertenecientes a la SIJIN. El grupo estaba dividido en dos: el urbano al mando de Hernán Darío Zapata, alias Pelo ´e chonta; y el rural, al mando de Rodrigo.

Desde 1996 el agente Amaya Vargas ha declarado como testigo protegido, identificado como “Código 002”: “Cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio, los resultados de los operativos. Santiago a todo momento andaba con una ametralladora Ingram dentro del carro. Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba…”. Amaya señaló que él mismo había sido testigo de una reunión de los 12 Apóstoles, que vio al padre Gonzalo Palacio, al oficial Juan Carlos Meneses, al “del restaurante San Felipe”, Álvaro Vásquez y a Santiago Uribe Vélez.

Santiago Uribe Vélez en los años ochenta en compañía de Fabio Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín. Foto / Cortesía.

La orgía de sangre era captada por los lentes y los escritos de la prensa nacional, y los constantes “errores” suscitados por el grupo acrecentaban los rumores de que autoridades y asesinos eran uno solo. Hubo un caso donde mataron a un muchacho a metros de la estación de Policía y todo el mundo cuestionaba la inacción de los agentes. Luego de eso, efectivos de la fiscalía encontraron en una habitación contigua a la estación, material de la banda como pasamontañas, uniformes, botas y otros elementos. Por ese escándalo y otro, en el que las vainillas de su fusil de dotación aparecieron en el sitio de una masacre y donde hubo unos niños heridos, Meneses estuvo detenido dos veces, pero él se sentía tranquilo; sabía que Santiago y su hermano, el gobernador, lo sacarían de apuros: … “él me decía: tranquilo que ese proceso va a salir adelante, que el hermano ya estaba encima del proceso y que el proceso iba a ser cerrado, como efectivamente ocurrió”.

En medio de procesos investigativos manipulados, desaparición de evidencias, abogados de las víctimas amenazados, desacreditación de testimonios y declarantes, fallos turbios, injustificados alargamientos de tiempo e intentos de asesinatos de testigos, amenazados y/o asesinados, ha trascurrido por más de dos décadas el sonado caso de Los Doce Apóstoles, aún en proceso.

Eunicio Pineda Luján, un extrabajador de una finca aledaña a “La Carolina” llamada “El Buen Suceso” de propiedad de Álvaro Vásquez Arroyave (ex alcalde Santa Rosa de Osos e integrante del grupo), es testigo de las reuniones de la policía de Yarumal con Los Doce Apóstoles en esas dos fincas. Asegura haber visto gente que portaba radios, que estaba fuertemente armada y cómo eran entrenados. También que Santiago Uribe Vélez es el creador de ese grupo paramilitar.

Según Pineda, se reunían en la marranera de la finca. Cuando él se negó a hacer lo que ellos le pedían (matar), luego de ofrecerle dinero y un arma, empezó su calvario: “Usted, si no hace lo que nosotros le decimos, eso se llama traición y eso se paga con la muerte”. A Vásquez y Uribe no les había gustado su rechazo: “…días después dijeron que a mí me tenían que matar que porque yo sabía mucho, dijo Álvaro Vásquez, Santiago Uribe, el Rodrigo ese (sic), y otros que habían ahí… me tumbó al suelo, me puso el pie aquí, me sacaba los dientes con un alicate, me decía que yo era un sapo”. Pineda logó escapar de sus captores y desde 1994 hasta el día de hoy sigue capoteando la muerte. Vive exiliado en algún lugar de Europa y es otro testigo avalado en este caso. Tres testigos más, extrabajadores de La Carolina en los noventa, señalan a esa finca como base de operaciones de ese grupo paramilitar.

Olwan de Jesús Agudelo Betancurt es testigo de excepción contra Santiago Uribe. Ha denunciado un plan para asesinarlo y que para efectuarlo ha sido trasladado del patio 6 al 5 de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, Antioquia. “En este Patio el testigo carece de garantías para su vida e integridad y posibilita la consumación del crimen”, señaló la Comisión intereclesial de Justicia y paz.  El testigo fue parte de la estructura de Los Doce Apóstoles. El 11 de noviembre de 2017, a través de su Twitter, el periodista Daniel Coronell pidió a la justicia brindar protección al testigo.

El apoderado de las víctimas, el abogado Daniel Prado Albarracín, ha sido objeto de múltiples amenazas e intimidaciones, incluso, su esquema de seguridad fue reducido a pesar de que su riesgo es extraordinario según la propia UNP (Unidad Nacional de Protección). La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ordenó al Estado colombiano proteger su vida. La fiscalía declaró delitos de lesa humanidad los perpetrados por Los Doce Apóstoles y, por tanto, pasaron a ser no prescriptibles.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso es testigo indirecto contra Santiago Uribe en este proceso. El 11 de mayo de 2016, desde una prisión federal de los Estados Unidos, Mancuso aceptó hablar del tema de Los Doce Apóstoles, no sin antes manifestar su renuencia al respecto: el desmovilizado de las AUC, Salvatore Mancuso manifestó en esta investigación que “la experiencia le ha enseñado que no es conveniente declarar en contra de los intereses del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez”. Mancuso indicó que por boca de Vicente y Carlos Castaño Gil, había sabido de la existencia de un grupo en el nordeste antioqueño. Su propósito era “contrarrestar el accionar de los delincuentes que tenían afectados a ganaderos en la región, el cual era liderado, según lo escuchó de ellos (los Castaño), por parte de Santiago Uribe Vélez”. El exjefe paramilitar contó igualmente que Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, era quien vendía las armas y otro material bélico a los 12 Apóstoles.

Coronel retirado Pedro Manuel Benavides. Foto / Noticias Uno.

El coronel retirado y excomandante de la estación de policía de Yarumal, Pedro Manuel Benavides, ha declarado en el proceso a favor de Santiago Uribe Vélez aduciendo que “se trata de un complot político con apoyo internacional (del entonces presidente Chávez) para destruir al expresidente Álvaro Uribe, porque les estaba dando duro al narcotráfico y a las FARC”. También nombra a la excongresista Liberal Piedad Córdoba y al senador del Polo Democrático Iván Cepeda como partícipes del complot. Sin embargo, su testimonio se torna débil frente a la prueba reina de Meneses, una grabación de una conversación con Benavides en 1996:

—Benavides: “Es que uno puede manejar esa situación. Santiago, cuando supimos de Santiago, yo por lo menos conocí de Santiago el día que asaltaron ahí su finca. A partir de ese momento empezamos a trabajar prácticamente en conjunto; en constante comunicación con información y todo para evitar que lo fueran a joder”.

—Meneses: “Uribe mientras tenga el poder no va a ser güevón (sic) de dejar enredar al hermano, y al defender al hermano, por ende, tiene que defendernos a nosotros. Lo otro ahora, es que ahora Uribe diga no pues mi hermano no tiene nada que ver, pero aquí les tengo estos y nos deje solos”.

Continuando la conversación, los dos ex oficiales admiten que recibieron plata por dejar funcionar ese grupo en Yarumal:

— Meneses: “En el momento en que Uribe nos ponga en bandeja ya toca es…decir. Definitivamente nosotros nunca fuimos, lo único que hicimos fue recibir…

—Benavides: “…plata para no meternos… recibimos plata y recibimos las pensiones de Santiago… para que la gente hiciera lo que quisiera por allá en esos municipios”

El coronel Benavides admite que participó en las operaciones con Los Doce Apóstoles, pero aclara que él no participó en los asesinatos:

—Benavides: “Yo no maté gente, yo no le hice nada allá como dicen ellos en operativo. Yo lo que decidí hijueputa (sic) fue la información que ellos me daban la trabajaba, toda esa gente. Hice varios operativos hermano, hijueputa… Es que no fueron uno hijueputa… Yo hice cualquier (sic) operativos allá”.

Ese era un fragmento de la demoledora grabación, publicado por Noticias UNO en su emisión del 28 de junio de 2010.

Meneses se entregó a la justicia el 27 de enero de 2014, siendo trasladado al bunker de la fiscalía. En sus declaraciones aseguró que el expresidente Uribe lo había intentado sobornar con contratos a cambio de su silencio, contratos que efectivamente se suscribieron el 26 de septiembre de 2008, en favor de amigos y socios de Meneses. Luego de permanecer un tiempo en el bunker de la fiscalía, fue trasladado a la cárcel La Picota. “A mí me mandaron aquí fue para asesinarme”, aseguró Meneses desde ese sitio mediante un video al portal Las Dos Orillas, al denunciar que fue trasladado a ese lugar a pesar de que su lugar de reclusión inicial iba a ser el ESPAB (Centro de estudios superiores de la policía) ya que era un convicto en alto riesgo de ser asesinado y de denunciar un plan para asesinarlo. En el mismo video dice no confiar en la fiscalía y tener otras pruebas que solo dará a conocer hasta que le mejoren sus condiciones de seguridad.

Los testimonios a favor de Santiago se limitan a dar buenas referencias de los Uribe, o que “se les olvidó lo declarado en 1996”, cono aseveró el ex agente Amaya. Santiago concluye que en su finca no podían existir grupos al margen de la ley ya que cerca de ella existía una base del ejército nacional. Su tesis es endeble porque las relaciones de la fuerza pública con el paramilitarismo y el narcotráfico han sido probadas en muchas ocasiones, de manera que no puede ser esa la condición sine qua non por la que un grupo ilegal se asiente en un territorio determinado.

La defensa de Santiago Uribe en cabeza del reconocido abogado penalista Jaime Granados se ha basado en sostener que Meneses es un desconocido para Santiago Uribe, que apenas lo conoció en 2010 luego de sus denuncias, que se contradice y que por tanto su testimonio no tiene ninguna validez; que los otros testigos no son capaces de argumentar desde la realidad contra su defendido, que sus testimonios no guardan coherencia por ser “descabellados, fantasiosos o inverosímiles”, y que detrás de esto (“como en todos los casos contra los Uribe Vélez”) están los intereses de las guerrillas y de políticos de la izquierda nacional y hasta la internacional (Venezuela). No obstante, la justicia ha desestimado estas afirmaciones mediante peritaje judicial (exámenes mentales a testigos), y el proceso ha continuado.

Frente a otros los tres testigos contra Santiago Uribe, ex trabajadores de La Carolina (sus iniciales –por razones de seguridad– son M.T.M, J.L.R y L.M.P), alega la defensa de Santiago que son testimonios falsos y/o comprados por las ONG afines al “terrorismo”, y que por ser su hermano, le han involucrado en todo esto. La excusa sigue siendo la misma pese a que los hechos sucedieron y vienen siendo investigados desde hace casi una década antes que su hermano fuera presidente.

Los Doce Apóstoles también tenían entre sus actividades delincuenciales la extorsión:

José Leonidas Rada López, asesinado en Bogotá luego de huir bajo amenazas de Yarumal, declaró el 4 de octubre de 1993 ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos que tuvieron que irse del municipio porque para el año 1991, cuando tenían un hotel, una discoteca y un teatro, unos grupos paramilitares que fueron conformados por los mismos comerciantes comenzó a cobrar vacunas. Para ese mismo momento asesinaron a un amigo de su esposa, de quien no recuerda el nombre, por lo que él decidió denunciar esos hechos ante las autoridades, siendo amenazada mediante sufragios y notas deslizadas bajo la puerta de su residencia.

La viuda de Rada López declaró tiempo después que “se enteró que el grupo paramilitar, llamado Los Doce Apóstoles, le exigió dinero (a su esposo), del cual hacían parte el señor Roberto López, Beatriz Calle, alias el Enano y un monseñor, y que por comentarios de su propio esposo y de un amigo de él, del cual no recuerda el nombre, se dio cuenta que de ese grupo también hacía parte el señor Santiago Uribe Vélez”.

La fiscalía, en un documento de 165 páginas, ha dicho contar con al menos diez testigos contra Santiago Uribe, entre quienes se encuentran paramilitares y policías. En el expediente están las declaraciones juramentadas de Albeiro Martínez Vergara, Carlos Enrique Serna Areiza, y John Jairo Álvarez Agudelo. Igualmente se destacan los testimonios de Hernán de Jesús Betancourt Lopera, Pablo Hernán Sierra García y Antonia Piedad Pinillos Guzmán. Posee un informe del CTI del 28 de julio de 1996, según el cual para la época había un grupo de autodefensas que hacía actividades de entrenamiento en la hacienda conocida y registrada como “La Carolina” y cuyo administrador era Santiago Uribe.

Por las maniobras dilatorias de su abogado y al estar detenido preventivamente por dos años en el batallón Juan del Corral de Rionegro-Antioquia, Santiago Uribe fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, quedó libre pero sujeto al proceso, bajo algunas restricciones en su movilidad y condiciones de comportamiento personal, desde el 15 de marzo de 2018.

Meneses ha sido puesto en libertad condicional por haberse acogido al tribunal de la Justicia Especial de Paz (JEP) y está en espera de ser llamado a entregar su versión. La defensa sigue dilatando el proceso: Por petición de la misma, el juicio quedó aplazado y aunque el juez del caso aún no ha fijado la nueva fecha, se sabe que esta no será antes de abril de 2020. La fiscalía asegura que siete testigos presentados por Santiago Uribe mintieron.

El fiscal del caso, Carlos Marín, aseguró que durante el juicio se montó “una sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos que con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados”. Agrega el ente acusador que “unas veces mintieron para favorecer su propio interés y otras veces porque inequívocamente querían proteger al señor Santiago Uribe”. Por eso, pidió que se les investigue por falsedad testimonial, petición que respaldó la Procuraduría: “Se evidenció el embuste, la falacia y el sofisma”. Durante más de 10 horas de intervención, la Fiscalía pidió que se condene al ganadero antioqueño, que enfrenta su proceso en libertad. Los familiares de las víctimas siguen esperando un fallo definitivo y muchos colombianos –seguidores del expresidente– siguen defendiendo lo indefendible.

Ningún pasaje de este apocalipsis hubiese surgido sin la aprobación, apoyo y protección del “gran mesías”, quien siendo funcionario y teniendo en sus manos el manejo de la gobernación del departamento, cubría con su manto los vejámenes que sus apóstoles cometían sobre la tierra prometida –al paramilitarismo– llamada Antioquia, y le lavaba la cara a su hermano, seguramente con agua bendita.

Son sobrevivientes, algunos a pesar de varios atentados, Alexander Amaya, actualmente recluido en la cárcel La Picota; el sacerdote de Yarumal Gonzalo Javier Palacio, quien vive en el barrio San Joaquín, en Medellín; Álvaro Vásquez, propietario de un restaurante llamado San Felipe en Yarumal, ubicado frente a la Caja Agraria. El último con vida es columna vertebral del proceso: Juan Carlos Meneses, el testigo estrella contra los Uribe Vélez.

Alias El Relojero, Hernán Darío Zapata (Pelo ´e Chonta), los hermanos Múnera, los hermanos Pemberthy Zapata, han sido asesinados, tal vez creyendo callarlos, pero los muertos también hablan y no por boca propia sino por los hechos en contexto: genera suspicacia, por decir lo menos, que no solo en el caso de Los Doce Apóstoles sino en todos en que testigos contra los Uribe Vélez, ya sean directos o indirectos, potenciales o confirmados, de oídas o presenciales, de cualquier modo, carguen, casualmente, una lápida a sus espaldas. Así lo ratifica la casi veintena de “buenos muertos” que se ha producido en las investigaciones contra la célebre familia.

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Nota: Este es el capítulo séptimo titulado “El mesías y los 12 apóstoles” del libro Cien razones reales para rechazar el uribismo, próximamente a la venta en Amazon, de autoría de C. Arteaga.

-Todo está debidamente referenciado.

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