La Contraloría General de la República desnudó numerosas irregularidades en la asignación de puntos salariales en la UTP, tomando como punto de referencia unos cuantos casos de una facultad. Falta por conocer los resultados de indagaciones preliminares en otras facultades de esa universidad, la única pública de la región.

Por: Unidad Investigativa

Este portal divulgó el caso de Liliana Margarita Portilla, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), que se benefició con un nombramiento y aumentos a su sueldo debido a la asignación de puntos salariales, en medio de irregularidades y favorecimientos que en este momento están en proceso de investigación por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

No es el más grave, ni el primer caso de corrupción relacionado con las publicaciones universitarias en el país, sobre el cual es urgente un balance profundo puesto que situaciones similares se presentan en muchas instituciones.

Estas auténticas “microempresas académicas” se originaron por las fisuras del régimen salarial de los profesores universitarios en Colombia, regulado con los decretos 1444 de 1992 y 1279 de 2002. Un docente recibe puntos que aumentan su salario si ha contribuido con producción intelectual en su campo del conocimiento. En teoría, dicho estímulo económico incentivaría el avance de la ciencia y la investigación en el país, premiando a los investigadores y profesores que hagan mayores y mejores aportes. Sin embargo, como apunta Pablo Rolando Arango en un artículo de mayo de 2009 en El Malpensante, muy rápido surgió en el país una abundante cosecha de libros de dudosa calidad, publicaciones académicas y artículos mediocres, cuyos autores –amparados en la ley– solo buscaban superar el requisito formal para lograr aumentos considerables del sueldo.

En el afán de publicar más para sumar mayores puntajes, muchos profesores optan por el auto-plagio o el plagio directo de otros autores y documentos, la explotación de sus estudiantes (que hacen el trabajo para que el docente firme el artículo), o la simple escritura de textos triviales que no circulan ni resisten el mínimo estándar de la crítica. Solo interesa publicar para ganar más, no importa qué se publica, ni cómo se hace. Ese fue el resultado de una política que muchos consideran errática, que, como señala Arango, pretende estimular con dinero una labor individual y aislada difícil de verificar, en vez de financiar centros de investigación y proyectos reales con resultados concretos y medibles.

 

Detrimento patrimonial

Como informó este medio, cursa proceso formal de la Contraloría por un detrimento patrimonial que ronda los 1.800 millones de pesos en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Esto, solo en los casos reportados de dos facultades, falta por rastrear el resto de ellas, labor que adelanta la CGR en estos momentos. Se da por hecho que existía una mafia dentro de la UTP dedicada a asignar puntos salariales de modo irregular, favoreciendo a profesores que no merecían incrementos de sueldo, certificando trabajos académicos mediocres, plagiados o que no cumplían los requisitos legales. En la investigación de la Contraloría aparecen vinculados profesores con gran influencia en la institución, como Fernando Mesa, William Ardila, María Teresa Zapata o José Gómez Espíndola, quienes por muchos años han combinado la docencia con posiciones de poder en decanaturas, consejos académicos o diversas instancias administrativas (ver cuadros).

Según la Contraloría, los presuntos responsables del desfalco al Estado serían “las personas que fungieron como rectores de la Universidad entre 2011 y 2014” y los “miembros del Comité interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje”, señalamiento directo a Luis Enrique Arango Jiménez pero también a funcionarios como William Ardila, Jhonier Guerrero o José Germán López Quintero, quienes ocuparon la rectoría de manera temporal durante periodos de remplazo.

Uno de los docentes vinculados al proceso de la Contraloría es Leonel Arias, profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial y decano encargado durante ciertos períodos. Arias ha publicado una serie de artículos académicos en la Revista Scientia et Technica de la UTP, siempre en coautoría con más docentes, incluyendo su esposa Liliana Margarita Portilla y a Sergio Augusto Fernández. TRAS LA COLA DE LA RATA supo que varios de estos artículos han sido señalados por plagiar trabajos de grado inéditos de estudiantes, situación por la cual existen disputas legales entre los docentes y sus antiguos alumnos, las cuales todavía no han sido falladas.

Profesor Fernando Mesa.

Otro ejemplo significativo es el del profesor Fernando Mesa, quien además fue director del Departamento de Matemáticas. Según la investigación de la Contraloría, Mesa es el docente que más dinero recibió por incrementos salariales fraudulentos entre todos los implicados: una cifra de 328 millones de pesos, percibida gracias a unos 40 libros que dice tener publicados y a numerosos artículos académicos. Muchos de estos libros no pueden siquiera consultarse en la biblioteca de la misma Universidad, pero lo más llamativo es que algunos parecen ser un solo libro publicado con diferentes registros, como sucede con el título “Conexidad y arco-conexidad en espacios topológicos” que figura en la base de datos de la Cámara Colombiana del Libro con dos números ISBN distintos, en años diferentes. 36 de estos libros aparecieron entre 2008 y 2012, lo que sugiere que el profesor Mesa sacaba en promedio unos 8 textos al año, para lo cual hubiera necesitado escribir un título diferente cada mes y medio. Un ritmo de trabajo impresionante. Sin embargo, este record lo supera Carlos Alberto Rodríguez, quién sólo en 2010 aparece con 12 libros publicados, siempre en coautoría con otros profesores involucrados en la investigación. A pesar de que desde hace más de dos años ha sido mencionado en estos hechos, tanto el profesor Mesa como otros docentes vinculados al proceso no se han pronunciado al respecto, negando incluso las declaraciones a los medios periodísticos.

Germán Correa sigue en la lista con 256 millones de pesos, percibidos por gran cantidad de textos con un detalle en común: fueron publicados por una empresa que era propiedad de su mismo autor. El asunto problemático radica en que desde el decreto 1279 de 2002 la ley es muy clara al afirmar que los libros solo pueden recibir puntos salariales sin son impresos en tirajes mayores a 50 ejemplares por “editoriales de reconocido prestigio”. No es difícil establecer qué tan prestigiosa era una editorial que ni siquiera tenía página web y sólo sacaba ediciones reducidas de un pequeño grupo de autores, todos docentes de la misma universidad. Se trataba de empresas de papel para surtir el trámite formal y burocrático de imprimir los textos, a veces con tirajes irrisorios de 15 o 20 ejemplares, ya que no interesaba su circulación, menos que fueran leídos, sino simplemente que figuraran con un registro.

Esta práctica fue generalizada. La utilizaron los profesores José Gómez Espíndola, Óscar Fernández Sánchez, Pedro Pablo Cárdenas, Hugo Armando Gallego, Edison Duque, Jhon Jairo León Salazar, Edwin Joe Orrego, Jairo Alberto Mendoza, Sergio Augusto Fernández y el ya mencionado Fernando Mesa. Todos publicaron con editoriales creadas por ellos mismos y que figuran con sus nombres. El hecho de que usualmente estos textos tengan tres coautores, que se repiten o intercalan según el caso, sugiere que compartían los gastos de publicación para que resultara más barato, así con una inversión dividida entre varios obtenían iguales beneficios por puntaje salarial.

Cuando estos docentes no usaban sus propias compañías de papel, solían imprimir los textos en empresas de la región que no figuran registradas como editoriales ante la Cámara de Comercio, sino como negocios de litografía o publicidad, lo que constituye otra violación al decreto 1279 de 2002. Tal es el caso de Gráficas Buda o Postergraph S.A. (ver registros ante Cámara de Comercio) donde imprimieron muchos de los docentes citados.

POSTERGRAPH

Hay más

Y aunque las anteriores son algunas de las anomalías que ocasionaron la investigación de la Contraloría, en todas las facultades suceden prácticas para inflar los currículos pero escapan al radar de las autoridades, pues no suponen irregularidades tan evidentes y gozan de la complacencia de profesores y directivos. En la Facultad de Educación era bien conocido un prestigioso docente –hoy ejerce en una universidad de otra región del país– que subcontrataba con estudiantes las labores de documentación y redacción previa para sus investigaciones y artículos académicos. Sobran las anécdotas de jóvenes que para participar en congresos con ponencias o publicar artículos, se vieron obligados a incluir como coautores a sus profesores, de lo contrario no eran aprobados.

El penúltimo eslabón de esta cadena de irregularidades es el más importante: el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP). Porque si un docente logra producir textos en cantidades industriales empleando el plagio, la pésima calidad en la escritura y un bajo rigor teórico e investigativo, para que dichos textos reciban puntos deben ser aprobados por dicho comité, supuestamente encargado de valorar la calidad.

Aquella instancia era un núcleo con mucho poder dentro de la universidad, allí se decidían los incrementos salariales que favorecían o no a los profesores y, en efecto, muchas solicitudes de asignación de puntos eran rechazadas. Durante la década del 2002 al 2013 entre los integrantes del CIARP se repitieron nombres de comprobada influencia al interior del campus: María Teresa Zapata, decana de la Facultad de Educación; William Ardila Urueña, docente y rector encargado; José Germán López Quintero, vicerrector académico; Gloria Inés Román, jefa de división de personal, entre otros.

A estas alturas hay anormalidades evidentes. Este comité no verificaba antes el contenido de algunas publicaciones y pasaba por alto los requisitos legales al momento de beneficiar siempre a los mismos individuos. Pero, paradójicamente, el CIARP se mostraba riguroso a la hora de asignar puntos a profesores que sí los merecían, porque desarrollaban un trabajo sin trampas y a conciencia.

El rector de aquel período, Luis Enrique Arango, también podría dar claridad sobre tales asuntos. Una de las banderas de su administración, el modelo de universidad-empresa, se materializaba con estas prácticas. Quienes siempre lo respaldaron en las instancias directivas, estaban convirtiendo la universidad en una empresa particular para sus propios intereses, a la vista de todo el mundo.

 

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