“Desde que las compañías multinacionales Medoro Resources y  Gran  Colombia Gold llegaron con títulos mineros y con el supuesto derecho de explotación, las cosas se pusieron complicadas”, cuenta una pobladora.

MARMATO2

Por: Cloro Fila

 

Hacia la parte alta del viejo casco urbano de Marmato, llora  por entre  paredes de roca y estacones de madera un  viejo socavón. Es La Lagrimosa, una de las más de doscientas minas  incrustadas en las paredes de algo que ni parece pueblo ni parece montaña, pero ahí está, filtrando sus gotas de agua por oscuros, fangosos y alargados túneles donde transitan hombres y mujeres a la luz de una linterna o el destello de una que otra piedra revestida de polvillo dorado. Afuera, motos por doquier van y vienen, viejas volquetas cargadas de materiales rocosos transitan,  con  el abismo a escasos metros, casas destruidas, abandonadas, calles polvorientas donde indígenas, afros y mestizos le dan vida al lugar y hasta uno que otro extranjero con aire de documentalista hace su aparición en un paisaje, por ratos fantasmagórico.

 

En un ambiente que se caracteriza por una constante sensación de riesgo, este pequeño pueblo del centro occidente colombiano se mueve gracias a la extracción artesanal de oro; no sin dejar un olor infecto, suelos áridos y contaminados donde no crece nada y aguas  cargadas de cianuro desembocan en un rio Cauca de por sí ya contaminado.

 

“Desde que las compañías multinacionales Medoro Resources y  Gran  Colombia Gold llegaron con títulos mineros y con el supuesto derecho de explotación, las cosas se pusieron complicadas”, cuenta una pobladora; y luego de una larga caminata no me queda rastro de duda,  al ver cómo mis pasos son vigilados  por miradas suspicaces, seguidas de  susurros que pesan sobre mi  espalda de foráneo. Tal es la zozobra de quienes temen ser arrollados por la locomotora minera. 

 

Según el informe titulado Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista(ver aquí), presentado por  la misma Contraloría de la Nación, en Colombia, los títulos mineros se viene entregando sin un  proceso riguroso  y objetivo. Su asignación viene  bajo la lógica del que llegue primero  (al Ministerio), tiene el derecho, lo cual no aplica para la minería tradicional. Así la asignación de títulos por parte el ministerios de minas desconoce los procesos locales de planificación territorial en tanto están por encima de instrumentos como el Plan de Desarrollo Municipal y el de Ordenamiento Territorial. Además de otros mandatos constitucionales ¿Dónde queda la consulta previa a comunidades indígenas y afros, la normatividad ambiental y la responsabilidad social, en el caso de Marmato?, son preguntas que se cuelan entre las acaloradas conversaciones con la gente.

 

Así las cosas, la pobreza en medio del oro, el dinero en efectivo,  el constante movimiento y la presencia de la Medoro y la Gran Colombia (que ya  cuentan con sus propias minas, cerradas y custodiadas), hacen que se respire  cierto aire de conflicto  en Marmato.

 

Y nos quieren desalojar a todos los mineros artesanales  de Marmato, los verdaderos dueños del territorio”, afirma un minero.
MARMATO1En la actualidad el municipio viene siendo intervenido en aras de reasentar la población hacia el sector del llano, bajo pretexto de prevenir el riesgo geotécnico. Viviendas nuevas, colegio y  centros de salud hacen parte de las adecuaciones “formales” para desplazar su población. Sin embargo, la reubicación de este antiguo asentamiento es reconocida por la comunidad como una estrategia de desplazamiento forzado, ejecutada entre el Estado y  empresas canadienses, a fin de despejar  el cerro para la minería a cielo abierto.

 

Pero Marmato y su gente  se resisten  a ser  reubicados y perder sus derechos sobre la riqueza de un territorio que ocupan desde hace más de 400 años, y que ahora sus actividades resultan ser  ilegales a la luz del vigente código minero[1] escrito al amaño de un modelo extractivista que sólo se logr con grandes inversiones de capital (ver código), dando lugar al litigio entre los pequeños mineros de Marmato y las grandes  empresas canadienses.

 

No obstante  el artículo 58 de la Constitución Nacional, plantea  que el interés privado debe ceder al interés público y social; pero ¿quién y bajo qué criterios  define la línea entre el interés público y el privado?

 

Basta mirar hacia Cajamarca, La Loma, La Colosa y otros casos que no son ajenos a la conciencia política de la comunidad marmateña. “De ser reubicado Marmato, en vez de patrimonio histórico nos va es a quedar un cráter”. Vale recordar que para el  12 de febrero de 1982, Marmato había sido  declarado patrimonio histórico de la Nación.

 

Aun así, Marmato resiste,  conscientes sus pobladores de  que está en juego no sólo  el oro, sino el papel que las  comunidades asentadas sobre la riqueza  juegan en  el mercado global, un ejemplo de resistencia que ha hecho  del socavón un escenario de debate  para la  formación de activistas claros y dispuestos.

 

Pero, pagar el precio de toda lucha social que por veces es la sangre, no dejan de  ser una preocupación  sentida en los diálogos con sus gentes. El asesinato del párroco José Reinel Restrepo[2], uno de los principales líderes contra la empresa Medoro; está anclado en la memoria de muchos marmateños como prueba de ello. Y no  hay por qué ponerlo mucho en duda;  desde la masacre de las bananeras tan mordazmente narrada en Cien años de soledad queda demostrado que tras el capital extranjero suele venir la violencia.

 

Hoy por hoy,  el precio del oro -1.249,43 dólares/onza [3] en el mercado internacional- resulta atractivo no solo para las grandes empresas, sino para actores armados que ahora encuentran atractivo prestar sus “servicios” al mejor postor, en este caso la empresa multinacional.

 


 

[3] Precio internacional de oro a 2 de julio de 2013, en: indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr