para extraer moñoEn la primera entrega, realizada a Ángela Rivera en el municipio de Salento, en el Valle del Cocora, se tuvo un testimonio alrededor de las consecuencias de salubridad que trae consigo la minería tanto legal como “ilegal” y un poco del impacto ambiental que se genera alrededor de dicha dinámica. Hoy ampliaremos esa voz con los testimonios de Aldívar*, líder de procesos ambientalistas en Córdoba, y Belén*, investigadora del proceso en el municipio de Pijao, Quindío.

_MG_9672Unidad Investigativa

Después del tercer encuentro internacional de Responsabilidad social por el territorio, surgen algunas dudas alrededor de las acciones que pueda tomar la ciudadanía para establecer posibilidades que faciliten a la misma tomar decisiones sobre su territorio. Sin embargo, según los expertos, la mejor participación es a través de la consulta popular, que desde el quehacer administrativo exige un protocolo.

Por consiguiente, podría ser necesario articularse al pronunciamiento del Tribunal Administrativo  del Tolima (ver), mediante el que considera constitucional preguntar a la ciudadanía  y su respectiva ejecución.

Con esto, se tendría una excusa para continuar con el conducto regular de la misma, puesto que se presentaría difícil para el Tribunal rebatir lo que ya se ha trabajado  en el territorio tolimense.

Gran parte de los alcaldes en el Quindío han dicho no a la megaminería, pero tampoco han tomado riendas sobre la situación. El gobernador Carlos Eduardo Soto B., durante su campaña, mantuvo una postura de negación, sin embargo, dijo que el Departamento no debía consultar sobre lo que ya se sabía.

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Para los expertos, a pesar de ello las multinacionales ingresarán al territorio, por lo que es necesario protegerlo desde lo jurídico, a través de la consulta popular. Otras instancias son los consejos comunitarios o los resguardos indígenas, a los cuales se les deben hacer consulta previa, la cual no se ha hecho, lo que deja otro as bajo la manga.

La industria megaminera podría empezar el proceso, ya que por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) hay un contrato de concesión vigente y en ejecución otorgado por la ANM (Agencia Nacional de Minería). -Click en la imagen-

Pero si cerca existe un territorio donde haya comunidades afro, consejos comunitarios y/o resguardos indígenas, tienen como derecho demandar a la empresa y al Estado por no haber hecho una consulta previa, ya que es una obligación constitucional, o así lo indica la Sentencia SU-039  del año 1997 al decir:

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura…

Con esto, se expone que en el Quindío, en el municipio cordillerano de Córdoba, específicamente en el sector de Carniceros, existe un Consejo comunitario afro-descendiente, siendo tierras colectivas (espacios impulsados desde grupos humanos para la organización colectiva del territorio en lo referente a la autonomía productiva y social), que son cerca de ochocientas hectáreas ocupadas por estas comunidades.

Hay asentamientos en La Sombrera y hay un resguardo que queda en Bellavista, por la zona de Quebrada Negra, un área que aún no se tiene en planes de extracción minera.

 

Engaños vs legalidad

Las fuentes enfatizan en mantener a las comunidades en alerta, puesto que una vez conocido el caso, cabe la posibilidad de que la multinacional  reúna a la comunidad, para brindarles un refrigerio y después, hacerlos firmar una asistencia y así cambiar el encabezado del formato, como lo dijo el representante de la comunidad indígena de la Orinoquía, Luis Alfredo Cedeño: “dicen que es un acercamiento para realizar una consulta previa. Llevan comida, llenan las planillas de asistencia, toman fotografías, pero más adelante dan por hecho que ya se realizó la consulta previa”. Así mismo, se hizo una capacitación para que esto no ocurriera y que consecuentemente el consejo comunitario de Córdoba tuviese muy claro.

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Pijao- Quindío Las personas pegan los letretros para expresar su inconformidad con la minería a cielo abierto

Bajo el amparo legal, existen leyes como la 134 de 1994 –por la cual se dictan normas de participación ciudadana– que faculta a los alcaldes  y gobernadores para llevar a cabo la consulta popular; o la ley 1757 del 2015 –por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática– que también es estatutaria y refuerza la anterior.

Según los entrevistados, hay abogados, alcaldes y gobernadores que aún no conocen la Ley 134, quizá porque fue sancionada el 6 de julio del año anterior, entonces no ha sido socializada. Esta ley dice que para convocar una consulta popular solo se necesita el 10 por ciento del censo electoral de cada municipio y que, haciendo la consulta, si se logra un 20 por ciento de dicho censo, no habrá nada que la detenga.

También en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 se habla de que los proyectos turísticos, mineros o de la índole que, afectando el uso del suelo dentro de los municipios, pueden llevar a actuar al Concejo para pedir la consulta popular o facilitar las herramientas para su realización.

Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.

La constitución política en el artículo 105 también habla de la consulta popular y el derecho que tienen alcaldes y gobernadores para convocarla.

Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio

El artículo 105 de la ley 136  habla de las facultades legales que existen y la vinculación que debe haber entre los planes de desarrollo en el año acerca del presupuesto que se debe manejar para la participación ciudadana, sea la que sea,  por consiguiente, deben tener el rubro para dichos procesos, realícense o no.

Las fuentes consultadas aclaran que hubo un grave problema en Quindío, en cuanto a que los planes de desarrollo municipales fueron copiados. En Córdoba  pasó con el alcalde anterior Omar Valencia Vásquez y pasó casi en todo el país que, se copió el plan de desarrollo de Villavicencio (municipio del Meta) y en suma la administración no se percató de cambiarle el nombre a dicho plan.

 

Avances

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“El árbol de las Garzas”, protegido por la Casa de la cultura y Turismo de Pijao.

Según la información colectada, Pijao es el municipio con el proceso más adelantado gracias a las acciones inmediatas  y el posterior envío de la consulta a la Corte Constitucional debido a la falta de aprobación por parte del tribunal.

En el municipio de Córdoba se construyó un comité del trabajo para la consulta popular en donde participan el alcalde, el concejo y la comunidad; en el municipio de Génova, el alcalde está dispuesto a hacer consulta popular y en están esperando asesoría alrededor del proceso y la protección que los rige según la ley.

Entre las regiones del Tolima, Quindío, Norte del Valle, Risaralda, Caldas y la sub-region oriente del departamento de Antioquia hay un polígono que ya ha sido explorado por AGA, determinado como el proyecto regional La Colosa, que comprende una amplia región en cerca de 150 kilómetros a la redonda

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Fuente: Fundación Ecológica Cosmos

La Colosa es un distrito minero (área “apta” para la extracción), que la Sudafricana AGA  sigue negando como parte de su proyecto. En el 2011 aparece el informe de títulos otorgados para el proceso de megaminería  en trámite ante la autoridad minera nacional, el ministerio de minas y energía Minercol e Ingeominas. (Click sobre la imagen)

De  los 16 títulos otorgados a la multinacional, 11 están en el Quindío, pero también en la concesión de los títulos que se han visto contemplados en las cordilleras aparece el área de 248 Km correspondientes al departamento. (Click en la imagen)

El primer cìrculo expone el Tolima, el municipio de Cajamarca cerca a Roncesvalle y lo demás, el Quindío, se incluyen parte de Pijao y Génova. Si bien, son 25 kilómetros a la redonda, hay otro perímetro de 50 y a continuación otro de 100 Km, lo que conformaría el distrito. Realmente la mayoría del territorio a explotar lo integra el Quindío. Por otro lado, las áreas que se protejan, “estarán concebidas” en el patrimonio Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado por la Unesco. Es requisito por parte de los municipios demanda su conservación, las fuentes interpretan esta declaratoria como otro as para la protección del territorio.

..3En Córdoba se encuentran solo cinco veredas que están contempladas dentro del paisaje cultural. Tres están en zona de amortiguamiento (espacios definidos por su capacidad para minimizar el impacto de las contaminaciones y demás actividades humanas que se realizan de manera natural en el entorno inmediato a las áreas naturales protegidas) y las otras dos están asimiladas como áreas del paisaje cultural.

Aun así, revisando esas veredas, no están dentro de los polígonos o áreas concesionadas por el estado para minería, si se fija la mirada en las otras veredas, se observa que cumplen todas las condiciones para ser parte de la declaratoria.

Con lo anterior y antecediendo a los tìtulos que se ha renunciado, se halla un bache de identificación que aparece en los contratos de Concesion de multinacionales como AGA en Quindío. Con el ejemplo de Córdoba, la ANM (Agencia Nacional de minería) mencionó que Oro Barracuda y AGA habían renunciado a los títulos. En el municipio de Córdoba renunciaron a uno con la identificación JAS 08322, que abarcaba Cajamarca, Pijao y Córdoba, pero el documento que llegó después de que se “renunció” a los títulos  (el mismo que le llegó a Pijao), habla de la JAS- 08321, que solo es Pijao, y Córdoba ahora  no aparece en las casillas correspondientes y tampoco aparecen el resto de numerales de identificación.

..4Con esto se constata que no hay una coherencia en los títulos. El miércoles 11 de mayo, en el periódico La Crónica del Quindío (ver) apareció en un artículo donde se describían los  29  títulos que están dentro de la ANM y que, además, existen otros títulos que no aparecen y son muchos más de los que ya han sido renunciados. Allí se sugiere que deben estar en Ingeominas, que se supone son los coordinadores sobre otros títulos.

En el año 2011, justamente el 23 de diciembre, se divulgó un decreto navideño, en donde se hace hincapié en que la ANM tiene un peso sobre otras entidades.

“Que por virtud del Decreto Ley 4134 de 2011, Agencia Nacional de Minería es autoridad nacional minera concedente en todo el territorio colombiano.”

..5Es un nuevo documento que necesita respuesta. Además, se pide rapidez sobre estudios que no son posibles de hacer porque no se hay presupuesto. El asunto sería tratado por la Corte Constitucional debido a sus aparentes vicios.

La percepción que tienen los activistas sobre el futuro panorama de Quindío es que la megaminería es una cuestión de índole nacional, ya que todo el país padece las mismas circunstancias. Todas las cordilleras fueron concesionadas por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe V en el periodo 2000-2010,  pero el Quindío después de esta pelea tendrá que dar otra muy distinta y de mayor amplitud, refiriéndose a la vocación del suelo en el Quindío. Si será un departamento minero o de producción de alimentos, que en el pasado lo fue y ha dejado de ser. “Son discusiones necesarias  y creemos que es lo que continúa. Promocionamos el blindaje del territorio frente a la minería, pero empezamos a discutir cuál será la vocación de este y su proyecto a futuro”, dicen Aldívar y Belén.

*Se cambiaron varios nombres a petición de las fuentes