Y digo que la “corrupción” es el ataque más directo y más grave que podemos hacer al sistema político, económico, social y cultural en que vivimos.
Por: Emilio García Gutiérrez*
El departamento de Meta no ha tenido un ordenamiento territorial en el tiempo, solo se ha seguido metodologías centralistas que acomodan la población en diferentes territorios.
La gobernación del Meta a lo sumo ha reunido cien personas, “expertas” en ordenamiento territorial y al final concluye con un documento muy bonito, muy bien editado, pero que no toca los territorios ni sus pobladores.
Por eso prefiere repetir los viejos modelos sin escudriñar que el mundo y la sociedad y el Meta vienen cambiando. Veamos.
1.La sub región de la denominada cordillera (El Calvario y San Juanito, ricos en fauna y flora).
Solo ha tenido el análisis de que al Gobierno departamental del Meta le es muy cara la inversión, sin tener en cuenta los aspectos productivos (producción de agricultura, tilapia, frijol y agricultura en pequeña escala) y socioculturales, de las relaciones con la comunidad (cultura carranguera, manejo de recursos hídricos como Chingaza, lectura ,música y relaciones entre ellos).
Como el Departamento del Meta dice no tener recursos para atender con inversión, recomiendo negociar su traslado a los departamentos de Cundinamarca y de Boyacá.
2.La segunda sub región propuesta es Villavicencio, la capital, y las ciudades dormitorio como Restrepo, Cumaral y Acacias.
Obviamente el municipio con mayor número de habitantes es la capital del Departamento del Meta (Villavicencio) con 506.012 personas, que representan el 50,69% de la población total del Departamento, seguido de Acacías con 72.048 habitantes que representan el 7,21% referente a la población Departamental, para el mismo año (Gobernación del Meta, en su documento titulado El Meta en cifras 2019); Restrepo con 10.655 y Cumaral con 18.270 indicando así un total de 606.982 (representa el 60,81sobre el total de 998.162 habitantes del Departamento). Allí está concentrada la mayoría de la población y todos sus municipios y la concentración de servicios,agroindustria, vías, universidades, y telecomunicaciones.
3. Villavicencio, piedemonte central
Al respecto, en la mesa de trabajo desarrollada en la ciudad de Acacías con habitantes de Villavicencio y de Restrepo, surgieron inquietudes que son oportunas traerlas al presente documento, por ejemplo: “dicen los pobladores que…. con Acacías tenemos un grave riesgo de entrar en proceso de conurbación y dentro de un proceso de pérdida de identidad para Acacías, lo que pasó en Bogotá con Fontibón inicialmente, posteriormente con Usaquén, Soacha y Chía, de manera que es un escenario que podemos llegar a repetir, incluso se ha escuchado por radio, que alguien de Acacías decía que le parecía interesante que nos conurbáramos, ¿qué piensa Acacías con relación a esto?, y si es así: ¿cómo nos vamos a conurbarnos? porque la cuestión no es la conurbación, la cuestión, en este caso, es planificarla y una conurbación que vaya operando únicamente con la carretera nacional, seguramente tendremos que pensar en un nuevo puente sobre el río Guayuriba para conectarnos …”
La inquietante pregunta es saber cómo nos ve Bogotá. De pronto como una ciudad de descanso o como un destino turístico, de pronto como una zona industrial o como una despensa de alimentos o posiblemente como receptor de población.
De igual forma, ¿cómo vemos a Bogotá? Como un mercado potencial, como un socio estratégico o de pronto como una posible amenaza a nuestro crecimiento poblacional.
Estas manifestaciones advierten la necesidad de idear la ciudad de Villavicencio a un futuro no muy lejano (20 y 30 años) y a convocar a los secretarios de planeación y alcaldes de los municipios vecinos, con el fin de encontrar puntos que puedan permitir gestionar una agenda microregional, para tratar temas en común, con la función de determinar un mejor aprovechamiento del territorio
4. Otra región en el oriente está conformada por los municipios hoy en día petroleros de raigambre llanero, como son Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán.
Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán, son de esta subregión y los participantes en los talleres realizados con la academia y ciudadanía (curas, concejales, políticos locales y lideres de la comunidad) en el 2018, consideran que el futuro apunta al desarrollo del sector turismo complementado con grandes inversiones en cultivos de palma aceitera, caña para etanol y caucho, acompañado de ganadería, con mejoramiento de las vías y la comercialización para estos grandes sectores sin precisar en los procesos de tecnificación.
Tal y como lo mencionó el ex Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo en el Foro de la altillanura colombiana, celebrado en Puerto Gaitán (Meta) “…si se excluye la agricultura que se desarrolla en el litoral Caribe y en las laderas de la región andina, la altillanura colombiana se configura como la última gran frontera agrícola que le queda al país”.
La necesidad de buscar nuevas zonas agrícolas surge de la crisis alimentaria que amenaza la estabilidad global.
Las políticas agrarias han provisto de grandes avances, pero han llegado a un límite en la generación de resultados. Las políticas públicas en este campo, tales como promoción de producción agrícola de gran escala, la industrialización del campo, la instalación de clusters de producción, el auge de los cultivos permanentes, la intervención de grandes capitales y las políticas de libre mercado de tierras, con generación de incentivos y subsidios a sectores específicos, hace parte de la adopción de la eficiencia productiva envuelta en los preceptos de la competitividad y la promoción de exportaciones, en detrimento de la flexibilidad, la diversidad alimentaria, la diversificación productiva y la democratización de los medios de producción.
Esto ha logrado aumentar la productividad, pero no aporta significativamente a la solución de los grandes problemas de corte social que afecta a la sociedad rural colombiana”. Altillanura. Laboratorio de Hábitat y Eco efectividad (ver).
- El pie de monte sur, compuesto tradicionalmente por Guamal, San Carlos de Guaroa y Castilla la Nueva.
En el Piedemonte Llanero los latifundistas hace años mandaron a las guerrillas de paz o al DAS rural, a empujar a los colonos para más adentro, a las tierras frescas del Ariari – Güejar, de donde después también los sacarían para La Macarena o Mapiripán a sembrar coca. De eso tampoco se acuerdan los publicistas del sistema natural, les queda más fácil aplaudir la versión de los generales de que ese aporte es pura masa mafiosa”.
Otras características del proceso vivido en el pasado en esta zona fueron mencionadas de la siguiente manera por los participantes en el taller: con la comunidad, presencia de una economía agropecuaria apoyada en la explotación de los bosques y la madera; un comercio incipiente, pero con presencia de un bajo nivel de desempleo; la producción agropecuaria dedicada al autoconsumo; ausencia de servicios de educación, de vías y de salud, sin apoyo tecnológico ni crediticio y con presencia de los partidos políticos de la época.
La zona muestra interés por su desarrollo de la biodiversidad y el desarrollo turístico. Por otro lado, la carencia de alternativas económicas que modifiquen los vacíos históricos de inversión social para un desarrollo apropiado ha generado ilegitimidad en el ordenamiento ambiental del Departamento del Meta.
En virtud de los planteamientos anteriores, se requiere entonces que, Cormacarena como autoridad ambiental en el Meta, tome las medidas del caso urgentes y necesarias, que conlleven a la ejecución de acciones encaminadas a profundizar en el conocimiento sobre la biodiversidad metense, así como también hacia su conservación y el adecuado uso y manejo de sus recursos naturales, buscando con ello mitigar el impacto ambiental negativo ocasionado por las actividades productivas que desarrollan las comunidades y diferentes actores estratégicos dentro del territorio metense.
Guamal, Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa, genera un sistema funcional particular impulsado por los desarrollos agroindustriales y la ubicación estratégica dentro de la economía seccional de la zona del piedemonte y por consiguiente, del departamento del Meta.
En este sentido Edgar Bolaños, ex coordinador en el Meta de la cadena de biocombustibles de la secretaría de Agricultura y desarrollo rural del Meta, cree que están dadas “las posibilidades existentes en el mercado para el biodiesel y el etanol o alcohol carburante, las cifras de producción, el régimen de lluvias y las grandes extensiones de tierra que están disponibles en el Meta (que superan el millón de hectáreas) y en la altillanura en general para seguir sembrando palma, caña de azúcar, maíz y yuca, hechos que dan una idea de la enorme proyección que tiene esta actividad económica en el departamento y que, a pesar que hay un problema grave por la lejanía de los puertos para exportar, se tiene como gran ventaja la cercanía del centro de consumo más grande del país que es Bogotá”.
Esta zona del piedemonte del Meta se vislumbra como el territorio de mejor perspectiva económica en los próximos años. No solamente por la producción de crudos pesados, sino también por las cuantiosas inversiones en cultivos permanentes (palma, caucho y forestales), y el crecimiento del sector turismo en diferentes modalidades.
La noción de ser un territorio ganadero, con amplias sabanas y riquezas naturales, despensa alimentaria del centro del país, empieza a ser cambiada por un territorio con producción agrícola de gran escala, destino turístico y enclave agroindustrial.
A simple vista parece ser un cambio deseable para la esta zona y el departamento, pero es necesario visualizar la posible afectación de algunos sectores de la población. Esto sin contemplar los cuestionamientos graves que rodean actualmente a la producción de biocombustibles, por sus dudosos resultados ambientales y la presión en el alza de los alimentos. (Edgar Bolaños Aranda, Biocombustibles del Meta busca consolidarse dentro de la economía del departamento, recuperado el 26 de mayo de 2011 y Javier Fierro, Desarrollo equitativo o crecimiento espúreo, julio 28 de 2007)
El hecho de advertir los posibles efectos nocivos de este cambio estructural, no implica el rechazo a la inversión privada. Lo que realmente llama la atención es la poca proactividad de los gobiernos locales y regionales en el análisis de los posibles efectos y los planteamientos definitivamente pobres en medidas tendientes a fortalecer el tejido empresarial local, mejorar la oferta de empleo calificado o propiciar inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación que garanticen una endogenización de los beneficios de la inversión privada.
En términos coloquiales, es como preparar la cama para que se acueste un extraño y sacar al dueño de la casa para entregársela gratis a un vecino. Lógicamente, el dueño de la casa, por lo menos debería saber que es lo que está pasando y tener la posibilidad de prepararse y eventualmente negociar y beneficiarse de los recursos invertidos.
La idea es que los empresarios locales tengan oportunidades reales, posibilidades de formación y capitalización. Hay que brindar opciones equitativas para los pequeños y medianos productores, que llevan años pagando sus impuestos aquí, tienen sus hijos estudiando aquí y reinvierten su capital en la región.
Existen planes del gobierno nacional, de potencias extranjeras, multinacionales, empresarios y políticos pudientes para la región. Vale la pena preguntar: ¿Qué piensa la región sobre su futuro? ¿O simplemente asumimos con ignorante beneplácito lo que piensan otros por nosotros?
- San Martín y Mapiripán.
Esta una región de difícil clasificación. Mapiripan no tiene conexión terrestre con el departamento del Meta. Para San Martin se siguió el Perfil Productivo del Municipio de San Martin de los Llanos – Meta, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Trabajo:
“En el Municipio, se evidencia un alto grado de concentración de la tierra, porque el 89,69% de los predios privados pertenecen al 18,08% de los propietarios; es decir, existe una desigualdad en la tenencia porque la tierra está en pocas manos. Estos predios son mayores a 200 hectáreas y representan 503.815,03 Ha. (Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC.).
Lo anterior se corrobora con la evolución del Gini de tierras y de propietarios, en donde en el municipio de San Martín entre los años 2000-2008 se presentó un crecimiento mantenido de estos dos indicadores al pasar de 0,85 a 0,88 y de 0,82 a 0,86 respectivamente, es decir, la concentración de la tierra está en pocos propietarios; sin embargo, para el año 2009 el Gini de tierras se ubica en 0,742 y el de propietarios en 0,71 evidenciando una reducción en la propiedad privada.
En el Meta se evidencia el alto grado de concentración de la tierra entre los años 2000-2009, siendo uno de los departamentos con “mayor porcentaje de su área catastral asignada a propiedad privada” a nivel nacional. ( Información tomada de “Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia” del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.)
Infraestructura Vial. En un 64,49% las vías del municipio se encuentran pavimentadas; sin embargo, el 35,51% de las vías urbanas se encuentran sin pavimento. En total existe 64,62 Km viales en la zona urbana de este municipio. (P.B.O.T Municipio de San Martín Año 2013 e información Secretaría de Planeación municipal y Obras Públicas)
En la zona rural, las condiciones de las vías están en malas condiciones. De los 597.92 kilómetros viales que intercomunican a veredas y centros poblados, ninguno se encuentra pavimentado, dificultando la interrelación entre las zonas rurales y la comercialización de los productos.
En San Martín existe en total 260.09 kilómetros de vías terciarias, las cuales se encuentran entre regular y malas condiciones. Se recomienda gestionar recursos para el mejoramiento de estas vías con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el cual viene implementando convenios con las alcaldías municipales para el mejoramiento de la malla vial terciaria.
A siete conclusiones llega Gabriel Montenegro Perini, de la Universidad javeriana, en el trabajo de grado presentado en marzo de 2014, “Agroindustria y conflicto armado en el Meta: palma de aceite en el municipio de Mapiripán (1997-2013)”. Veamos:
Palma y violencia en Mapiripán. La violencia ejercida por los paramilitares ha sido un factor que ha posibilitado el establecimiento del cultivo de palma de aceite en el municipio. Como pudo constatar este trabajo, los paramilitares despojaron de sus tierras a campesinos y, con posterioridad, dedicaron algunas de esas tierras al cultivo de palma. Así mismo, el despojo causado por los paramilitares benefició a empresarios legales al permitirles apropiarse de tierras que habían sido abandonadas por campesinos desplazados, para luego establecer cultivos de palma.
Palma y corrupción en Mapiripán. El despojo a los campesinos fue reforzado por hechos de corrupción. Por un lado, los paramilitares directamente interesados en el cultivo utilizaron testaferros y lograron que el Incoder les adjudicara tierras baldías de campesinos desplazados por las masacres. Por otro lado, empresarios legales lograron adquirir de forma irregular tierras baldías de deslazados, las cuales dedicaron con posterioridad al cultivo de palma. Compraron tierras eludiendo las medidas de protección que había impuesto el Comité Municipal de Protección a la Población Desplazada (CMPPD).
La palma: una estrategia de doble vía por parte del gobierno. a. La vía legal: los últimos gobiernos han hecho una apuesta explícita a favor del cultivo de palma a través de un amplio marco normativo y una gran cantidad de estímulos tributarios y financieros. El apoyo del gobierno se ha dado a pesar de que las condiciones del mercado nacional e internacional no han sido favorables al cultivo. El sector palmero en Colombia se encuentra en desventaja respecto de los países líderes como Indonesia y Malasia.
b. La vía ilegal: como se vio en el trabajo, históricamente ha existido una estrecha vinculación entre el estado y el paramilitarismo. En Mapiripán hubo colaboración del estado con los paramilitares en la comisión de las masacres, que permitieron el despojo y la posterior llegada de la palma de aceite. De acuerdo con los campesinos y el experto nacional entrevistados, el estado apeló a la vía ilegal e instrumentalizó a los paramilitares para disponer el territorio y facilitar la llegada del cultivo de palma.
La palma y el conflicto. La palma, al ser un recurso agrícola, no está relacionada con la probabilidad de conflicto. Para Ross (2004) es poco frecuente que los ingresos de los actores armados provengan especialmente del sector agrícola. Además, la palma no es un recurso “saqueable”, ya que al tener altos costos de entrada y requerir grandes inversiones de capital, difícilmente puede ser apropiada y explotada por individuos o pequeños grupos (Ross, 2003, Snyder 2006). De igual manera, la palma tiene un bajo nivel de peligrosidad, por cuanto su relación valor peso es baja (Auty, 2004).
Sin embargo, la palma, por ser un cultivo de tardío rendimiento y necesitar grandes inversiones de capital, difícilmente puede movilizarse ante la presión de los actores armados y, por ello, es altamente susceptible a la extorsión (Collier, 2000; Le Billon 2001; Ocampo Valencia, 2009). En efecto, es probable que la palma, al ser una actividad agrícola, haya tenido que pagar a los actores armados, ya que estos, al operar en las zonas rurales, en ocasiones obtienen parte de sus ingresos de la extorsión a las actividades agrícolas (Ross, 2004).
En Mapiripán, la palma no puede ser entendida como un recurso que hubiera aumentado la oportunidad de financiamiento del conflicto –como lo sostiene el modelo CH (Collier-Hoeffler). Más bien, siguiendo a Le Billon (2001) y a Keen (2000), el caso de Mapiripán es un conflicto por la apropiación de los recursos, particularmente, la tierra. En Mapiripán la guerra ha proporcionado oportunidades para que los paramilitares y sus aliados obtengan recompensas y atesoren distintas formas de riqueza a través de abusos y crímenes en contra de la población civil (Keen, 2000). Los beneficiaros del botín han sido directamente los paramilitares y una capa de nuevos propietarios y empresarios.
Así mismo, el conflicto en Mapiripán ha implicado la interacción de las violencias topdown y bottom-up (Keen, 2000), puesto que el estado colaboró con los paramilitares en la comisión de las masacres, al tiempo que los paramilitares buscaron por cuenta propia hacerse con distintas formas de riqueza, como el narcotráfico y la tierra. En Mapiripán, la palma, solamente ha sido uno de los usos que se le ha dado a la tierra, luego del despojo.
El interés específico de los paramilitares en la palma. Como se sostuvo en el trabajo, los paramilitares estuvieron particularmente interesados en sembrar palma en Mapiripán por tres factores. Primero, vieron en la palma un medio atractivo para el lavado de dineros provenientes del narcotráfico. Segundo, la coyuntura de la desmovilización paramilitar generó incentivos para que los paramilitares consideraran reinsertarse a la vida civil como empresarios palmeros. Y tercero, la gran cantidad de estímulos otorgados por el gobierno al cultivo de palma, generó incentivos para que los paramilitares invirtieran en palma, al considerarla un buen negocio.
La implantación de la palma ha sido un proceso. Rangel, Tobón y Betancur (2009) han sostenido que la violencia ha tenido lugar en regiones distintas a las palmeras. Estos autores hacen su análisis superponiendo el mapa de la violencia y el de la palma de manera simultánea en el tiempo, y ello los lleva a concluir que no existe relación entre la violencia y el cultivo. Evidentemente, un análisis de esa naturaleza desconoce el hecho de que el vínculo entre la palma y el conflicto se inscribe en un proceso. El caso de Mapiripán muestra que la violencia es una etapa previa que permite que posteriormente llegue la palma. De manera que para encontrar una relación entre el cultivo y la violencia es necesario comprender la dinámica de proceso.
Los paramilitares y la pretendida dimensión contrainsurgente. Curiosamente, durante el desarrollo del trabajo ninguno de los entrevistados consideró que los paramilitares que incursionaron en Mapiripán en 1997 hubieran tenido un interés en combatir a la guerrilla. Por el contrario, la mayoría de los entrevistados adujo que el interés de los paramilitares provenientes de Urabá fue el control del narcotráfico y la apropiación de la tierra. Esto refrenda el planteamiento de Echandía (2013) para quien el interés de los paramilitares ha obedecido fundamentalmente al narcotráfico y la apropiación de la tierra, y ha desbordado la pretendida dimensión contrainsurgente”.
7. La subregión de los ríos Duda y Guayabero puede dar iniciación a la gran región de la Macarena llanera compuesta por los municipios de Mesetas, San Juan de Arama, Uribe, Vista Hermosa, Granada , Fuente deoro, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, y la Macarena.
En la subregión de la Macarena llanera ,el gobierno nacional con base en la Ley 160 de 1994 y en el Código Civil, entre otras disposiciones, ha decidido que las tierras en Colombia se pueden clasificar en dos grandes ‘grupos: 1) tierras de la Nación (baldíos), y 2) tierras que han salido del Estado sobre las que ejercen posesión entidades públicas y particulares (de manera individual, asociativa o colectiva como los grupos étnicos), con o sin títulos de propiedad.
Conforme a esta clasificación, el acceso a las tierras puede derivarse de acciones estatales o de transacciones entre personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sin que exista un límite de la superficie sobre la que se puede ejercer propiedad. No sucede lo mismo con las tierras baldías, las que son objeto de las prohibiciones que se indican a continuación, que aplican por igual a nacionales o extranjeros:
– Adjudicar baldíos que superen o que estén por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la que se determina con base en variables como las condiciones de los suelos, la disponibilidad de agua, la cercanía a centros poblados y vías de comunicación. En promedio, la UAF mixta mínima y máxima están entre 8 hectáreas y 1.000 hectáreas en el oriente del país (En algunas zonas de los departamentos de la Orinoquia como Vichada y Meta la UAF supera las mil hectáreas) .
– Adjudicar baldíos a personas naturales o jurídicas que tengan un patrimonio neto o superior a mil salarios mínimos mensuales legales, a personas a las que se les hayan adjudicado tierras baldías, y a quienes sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional, salvo que se declaren zonas de desarrollo empresarial (Artículo 72, ídem).
– Aportar baldíos titulados a sociedades, cuando éstas puedan consolidar superficies mayores de la UAF.
– Adquirir predios baldíos que hayan sido titulados si las extensiones exceden el tamaño de la UAF y antes de que hayan transcurrido 15 años desde su adjudicación, salvo que se obtenga autorización del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder (Decreto 2664 de 1994, artículo 10).
– Ocupar baldíos sin titular y sin autorización estatal, máxime cuando se trata de terrenos no adjudicables, tales como las zonas de conservación y preservación ambiental (parques nacionales naturales y reservas forestales de la Ley 2 de 1959) y los territorios colectivos de grupos étnicos (pueblos indígenas y comunidades afro descendientes). (William Gonzalo Puentes y Emilio Garcia Gutiérrez ,ESAP 2017. pp 8 La Macarena y los impactos en la tenencia de la tierra )
– Adquirir baldíos no adjudicados a través de procesos judiciales de pertenencia alegando la posesión, dado que son bienes imprescriptibles.
Con el ánimo de allanar algunas de estas prohibiciones y estimular inversiones en proyectos agroindustriales, principalmente en las regiones en las que se implementó la política de seguridad (Meta, Montes de María, entre otras) y en la Orinoquia (altillanura), durante las dos administraciones de Uribe se impulsaron fallidamente iniciativas para reformar la UAF (Incoder. Acuerdo 148 del 29 de julio de 2008. En: Diario Oficial. Ed. 47.149 del 21 de octubre de 2008).
Así mismo, se incrementó la titulación de baldíos en la Orinoquia y con el propósito de obtener grandes extensiones de tierras (“haciendas de 40, 45 mil hectáreas”), se exploró sin éxito la posibilidad de otorgar concesiones sobre tierras estatales a favor de grandes empresarios –Caso del predio Carimagua en Meta que no prosperó por las denuncias de organismos estatales y organizaciones sociales – (Lemaitre & otras, 2011).
El gobierno de Juan Manuel Santos definió el agro como una de las locomotoras del crecimiento económico, por lo cual dio continuidad a varias de las iniciativas del gobierno anterior encaminadas a lograr la competitividad de la producción agropecuaria y atender los requerimientos mundiales de alimentos y seguridad energética (se parte de los estimativos de la FAO sobre la existencia de por lo menos 9 millones de hectáreas de tierras subutilizadas pese a su posibilidad de aprovechamiento para nuevos cultivos en Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia (Suramérica) y en Congo, Angola y Sudán).
Es así como en el Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” (Proyecto de Ley Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, “Prosperidad para todos”. Febrero, 2011), se incorporo la posibilidad de adquirir más de una UAF, sin establecer un tope máximo, y se flexibilizan las condiciones para crear zonas de desarrollo empresarial en beneficio de “conglomerados Productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización” para la producción de energía y alimentos (DNP, 2011). La participación de los pequeños productores en dichos conglomerados, incluyendo a las víctimas a las que se les restituyan sus predios, se concibe en esquemas asociativos o mediante la destinación de sus tierras a los proyectos de las grandes empresas y grupos económicos (Ídem).
Las anteriores medidas, así como los programas de asistencia técnica, créditos e innovación (como metas se señalan 9 planes de acción de conglomerados y el Plan Integral de Desarrollo de la Orinoquia) , y las inversiones en infraestructura (vía Puerto Gaitán, Meta – Puerto Carreño, Vichada, la que hace parte del eje de la IRSA – Buenaventura – Venezuela), se focalizarán en la altillanura en donde se implementará el macro proyecto “Aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la altillanura ” (DNP, 2011). (William Gonzalo Puentes y Emilio García Gutiérrez, ESAP, 2017, p.9)
Reflexiones finales
Se dice en distintos medios y en repetidas ocasiones que el espinoso asunto de la “corrupción” es un problema no solamente político, sino además religioso. Ahora doy un paso más. Y digo que la “corrupción” es el ataque más directo y más grave que podemos hacer al sistema político, económico, social y cultural en que vivimos.
Quiero decir, por lo tanto, que, si no se controla y se suprime el virus de la “corrupción”, ese virus acabará liquidando el sistema de sociedad, de convivencia y de creencias en el que vivimos.
O sea, si este problema no se ataja de raíz, lo más probable es que la sociedad en que vivimos no tendrá futuro. Y conste que no sería la primera vez que esto ocurre.
Ya tendríamos que haber aprendido, de los antiguos imperios, que se hundieron precisamente cuando menos lo esperaban sus tranquilos ciudadanos, los “corruptos” de entonces.
Me explico. El conocido historiador irlandés y profesor en Oxford Peter Heather, en su voluminoso estudio La caída del Imperio Romano, nos informa de que, en el siglo IV, no se percibía ningún signo de que aquel imperio estaba “a punto de derrumbarse”. Y, sin embargo, el derrumbe, cuando nadie lo esperaba, no tardó en producirse.
Por supuesto, y como es sabido, los ejecutores del derrumbe fueron los “bárbaros”, que vinieron de fuera del imperio. Pero la verdadera causa de aquel derrumbe estuvo dentro, en el imperio mismo, cuando en aquel imperio de siglos se traspasaron con creces “los límites de la gobernanza”.
Sencillamente, se produjo lo que se ha denominado “la corrupción del sistema romano”. Que no fue otra cosa que el destrozo de la relación normal (y honesta) entre el poder y el lucro.
Quienes eran designados para ocupar cargos de poder, utilizaban aquel poder, no para servir al imperio y sus ciudadanos, sino para robar a la gente indefensa. Esto ocurrió cuando el nepotismo resultó ser un componente del sistema. La cosa era tan simple como destructiva.
Por lo general “el nombramiento para un cargo se aceptaba como una oportunidad para hacer el agosto, y se daba poco menos que por descontado que se produciría un moderado grado de malversación” (P. Heather).
Lo cual, dicho de forma más clara y contundente, significa que, si para algo se inventó el Derecho romano fue para defender y asegurar la propiedad, al tiempo que, si para algo se ejercía el poder y los cargos públicos, era para robar esa propiedad a quienes les correspondía.
Como es lógico, en un imperio en el que se había instalado semejante contradicción, tal imperio se veía minado en sus cimientos y en sus raíces. Y así fue. Es verdad que hubo emperadores, como fue el caso de Valentiniano (364-375), que tomaron enérgicas medidas contra la “corrupción”, pero ni siquiera Valentiniano trató de cambiar el sistema. Porque lo decisivo no era castigar determinados casos de corrupción, sino atajar la raíz de tales comportamientos en todo cuanto se movía utilizando el poder y sus privilegios, no para servir a los ciudadanos, sino para robar a tales ciudadanos.
Pero eso no se podía evitar desde el momento en que los cargos públicos en aquella sociedad no eran ocupados por las personas más competentes y honestas, sino por quienes gozaban de la desmedida preferencia que el emperador (y sus más allegados) daban a sus parientes, amigos o personas del propio partido, que eso – ni más ni menos – viene a ser el nepotismo. Pero, es claro, un sistema que funciona así, termina por destrozar sus propios cimientos.
Algo así nos pasa en Colombia y en el Meta, ¿o no?
* Catedrático ESAP, Villavicencio, 2019