Bajo sospecha está el proceso de paz que han comenzado el Gobierno y las FARC. Colombia no olvida la zona de despeje y los temas de la agenda de negociación han generado un gran debate, en especial el de la participación en política.
Por: Steven Morales Palacio
En el proceso de paz que han iniciado el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, se han pactado una serie de puntos a tratar en el documento “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En dicho documento se tratan seis temas: desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto, drogas ilícitas, victimas y por último la implementación de los acuerdos.
La participación en política dentro del acuerdo general está comprendida por tres sub temas: (1) Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación, (2) Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas, (3) Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Nuevos movimiento y libertad de opinión
A nivel nacional ha comenzado a surgir un movimiento político que lleva por nombre Marcha Patriótica. Dicho movimiento está conformado por minorías y a su cabeza está la destituida ex senadora Piedad Córdoba, que ha sido señalada por tener vínculos con las FARC, dada su cercanía con el presidente de Venezuela Hugo Chávez y el papel que ha jugado en la liberación de presos políticos.
Del naciente movimiento, los organismos de inteligencia del Estado colombiano han identificado que la Marcha Patriótica es un “movimiento político concebido por las FARC”, y por lo tanto debe de ser judicializado para así “fracturar este intento estratégico por la toma del poder político de este grupo armado ilegal”.
La judicialización de dicho movimiento ya ha comenzado. Hace unos días detuvieron a Ana Francisca Pérez –coordinadora de la Marcha Patriótica– junto con José León Riaño, primo de la ex senadora Piedad Córdoba, que pertenece a la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, a la que también está vinculada la ex senadora. Pero las cosas no paran ahí, militantes de la Marcha Patriótica han sido desaparecidos en el Caquetá y el Putumayo.
Una parte del establecimiento colombiano (los militares) no está aceptando las posturas del movimiento, pues creen que tienen “vocación de poder sobre la base de construir un bloque histórico que se oponga al bloque hegemónico de poder en Colombia”. El difunto general Fernando Landazábal Reyes, en sus libros, habla de la postura que ha asumido el Ejército, ya que en virtud de los compromisos adquiridos contra el comunismo en las luchas a nivel internacional los ejércitos de América latina y, entre ellos, el ejército de Colombia se politizan y se comprometen a la defensa hemisférica por encima de los compromisos que pudieran marcar las constituciones particulares de estos pueblos.
En medio de la división está el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos quien habla que “debe existir una salida, y esta salida debe permitirles (a las FARC) participar en la arena política”. En teoría su postura promueve la unión y por eso ha invitado a los militares para que hagan parte de la mesa de diálogo, ¿pero será suficiente con invitar a los militares? ¿Más bien no se debería buscar que las partes asuman sus responsabilidades, que tanto los actores políticos, como armados reconozcan su papel en la guerra? Que el Partido Comunista Colombiano acepte que la combinación de las formas de lucha –armada y política– ha tenido efectos contraproducentes (¿el exterminio de la UP?) y que los liberales y conservadores, contemplen que el status quo actual no se puede mantener.
Pasando a la participación en los medios de comunicación, las FARC en los medios colombianos no tiene un espacio. Si observamos la difusión del discurso de Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, gran parte de los noticieros solo reprodujeron apartes de la intervención. Solo Razón Pública lo mostró en su totalidad y el alcance de dicho medio en comparación con los otros es mínimo. Es sonado el caso del director de Anncol Joaquín Pérez Becerra que fue condenado a ocho años de prisión por concierto para delinquir. Anncol es un medio que publica contenidos de las FARC y en varias ocasiones ha estado fuera del aire por ataques informáticos.
Pérez Becerra fue llevado a la cárcel por hacer parte del secretariado, pero su accionar se concentraba aparentemente en la difusión de ideas a través de Anncol. Si no hay una libre circulación de ideas –libertad de expresión– es imposible que exista un debate público, ya que se judicializa a una de las partes.
Participación ciudadana
Cuando las FARC y el gobierno hablan de mecanismos democráticos de participación directa, se refieren a la posibilidad de llamar a constituyente o referendo para conocer el parecer de los colombianos sobre determinados temas, en este caso la paz. Ya que resaltan las FARC –no el gobierno- de que hay un problema de representatividad en el país, lo que se ha hecho evidente con las grandes movilizaciones sociales y el hundimiento de la reforma a la justicia.
Para lograr esta transformación las FARC proponen una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política. Esta reforma apuntaría a generar mecanismos democráticos que permitan la inclusión de esa minoría que ellos representan. Sería una medida que iría encaminada al reconocimiento a nivel simbólico. Ideológicamente las FARC deben de ser reconocidas –con todo lo que esto implique– y sus candidatos han de tener la posibilidad de ser elegidos. El reconocimiento político de minorías en Colombia no es algo nuevo. En 1980 el gobierno de Belisario Betancourt firmó un acuerdo de paz con el M-19 en el cual se reconocía el carácter político de dicho movimiento, entre otras cosas, y se les dio vía libre a sus militantes para que fueran candidatos y participaran en las elecciones de ese momento. La candidatura presidencial de Carlos Pizarro fue un fruto de ese acuerdo, aunque terminó con el asesinato del ex comandante guerrillero en plena campaña.
Igualdad de condiciones
La realidad histórica del país ha puesto a unos partidos por encima de otros. Tradicionalmente los partidos Conservador y Liberal han estado a la cabeza del aparato estatal, lo que les ha dado una serie de beneficios. Han contado con la posibilidad de diseñar el sistema electoral de acuerdo a sus intereses y cuando no han podido por dichos medios, han recurrido a la ilegalidad. Recuérdese la parapolítica.
Lo que se busca con este punto es poner de iguales a los nuevos movimientos con los que ya vienen de antes. Puesto que si entraran a la arena política en las condiciones en las que se encuentran, quizá serían exterminados como la Unión Patriótica (UP). El 73,8 por ciento de los miembros de la UP fueron asesinados tanto por agentes del Estado (Ejército, Policía y DAS) como por grupos paramilitares, según los estudios hechos años después. Dicha cifra es alarmante y si se repitiera un suceso como el mencionado, la paz sería inalcanzable, por lo cual los miembros de dichos movimientos deben contar con garantías de seguridad.
Para concluir, conviene citar a Antonio Caballero, columnista de la revista Semana: “hacer política es tener parte, como todos los demás, en el manejo de los asuntos públicos, a través del Congreso, y de las Asambleas, y de los Concejos Municipales, y del poder ejecutivo a todos sus niveles, y del judicial. Es tener representación electoral, pero también participar en el reparto de los puestos y de los contratos, de las embajadas y de las corporaciones autónomas regionales y de los órganos de control”. Permitirle a las FARC hacer política, es algo que va más allá de las dimensiones del acuerdo de paz, implica pasar del enemigo al amigo, perdonar sesenta años de guerra.