PUERTO CALDAS: DESALOJO EN PANDEMIA

Este desalojo ha dejado sin hogar a por lo menos 70 familias de desplazados, jornaleros e indígenas de muy escasos recursos, en medio de una crisis humanitaria y económica que en la zona ya era permanente.

 

Escribe / Camilo Alzate – Fotografías / Colectivo Trocha Audiovisual

Durante un operativo del ESMAD y funcionarios de la Alcaldía de Pereira se llevó a cabo el desalojo de 70 familias que habían invadido una franja sobre la antigua vía de la carrilera entre Cartago y La Virginia, en Puerto Caldas, sector San Isidro. Puerto Caldas es el corregimiento más pobre de Pereira, con problemas crónicos de desempleo, desnutrición, analfabetismo y ausencia de servicios básicos fundamentales como el transporte y el alcantarillado. Los hechos ocurrieron el 3 de marzo.

Este desalojo ha dejado sin hogar a familias de desplazados, jornaleros e indígenas de muy escasos recursos, en medio de una crisis humanitaria y económica que en la zona ya era permanente, pero que se ha agudizado por la pandemia de la COVID-19, sin que la Alcaldía haya ofrecido otra solución más allá del uso de la fuerza, afirma la comunidad. En el operativo se destruyeron casas y ranchos con buldóceres, sin cuidado de la vida, los enseres y los bienes de los ciudadanos, y luego procedieron a quemar los escombros de las casas. La comunidad confirma que hay varios heridos, aunque no se logró precisar cuántos.

“Vinieron a desplazar a las familias, quemaron todo en plena pandemia”, explica el líder social y comunitario Julián David Zuluaga, quien acompaña esta comunidad desde hace más de una década con procesos educativos y de mitigación de la pobreza extrema. “Y no quedaron contentos, también se fueron a quemar el caserío, porque dicen que son terrenos del Estado”. El caserío era otro pequeño poblado de veinte viviendas junto a un caño, medio kilómetro más al norte de San Isidro, y que no hacía parte de los terrenos invadidos recientemente. Sus habitantes llevaban más de veinte años instalados y allí, por lo tanto, contaban con derecho a la posesión de estos predios.

“Esto tiene que ver con todo el proyecto económico que se está montando de hacer bodegas logísticas y del paso del nuevo ferrocarril del Pacífico”, insiste Julián Zuluaga, una opinión que comparten muchos en la región, toda vez que algunas fincas vecinas ya han sido adquiridas para la construcción de bodegas y obras de infraestructura. La región experimenta una alta valorización y especulación sobre el suelo toda vez que existen grandes proyectos de conexión ferroviaria del Pacífico y megaobras de infraestructura como la Concesión Pacífico III, así como el afianzamiento de la ya construida zona franca en el corregimiento próximo de Caimalito, a orillas del río Cauca. “Hay que entender la situación no como un desalojo por una invasión, sino por los intereses que hay en la zona y los predios comprados para bodegas”, asegura Daniela Castro, una activista que acompañó a la comunidad canalizando ayudas humanitarias y víveres.

Los líderes de la zona estiman que son 280 personas afectadas, entre ellos unos cien niños que pasarán las siguientes noches a la intemperie. Otros, con más suerte, están hacinados en la sede de la Fundación Comienzo del Arco Iris, un pequeño edificio donde se imparten clases a los menores, y donde se brindó un almuerzo de emergencia a varias familias indígenas desalojadas. El menú no podía ser más austero: arroz, lentejas y medio huevo.

El jueves 4 de marzo un pelotón del ESMAD seguía estacionado en los potreros aledaños a San Isidro y una tanqueta permanecía en Los Almendros, el barrio que colinda con la vía Pereira – Cali. Hasta entonces la Defensoría del Pueblo no había llegado a la zona. Mientras los afectados rebuscaban chatarra, varillas o sus propios enseres entre los escombros, pertenencias destruidas que envolvían en colchones y estopas, los Policías del ESMAD se burlaban y seguían provocando e insultando a los habitantes, aseguran los mismos pobladores.

Los desalojados y líderes locales anuncian desde ya una crisis humanitaria que va a desestabilizar aún más las precarias condiciones de vida de esta comunidad, además tienen miedo de hablar y denunciar los atropellos, pues en Puerto Caldas existe una historia reciente de bandas criminales y pandillas en extremo violentas que, según indican varios dirigentes locales que prefieren no ser citados, podrían terminar instrumentalizadas en favor de oscuros intereses.

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¿Quién invadió primero?

Los terrenos disputados hacen parte de la franja de 12 metros a lado y lado de la antigua carrilera, que pertenecen a la nación, por ende, sólo pueden ser reclamados por esta. Este es el argumento del proceso de desalojo, que inició en 2018 y ahora llega a su fase ejecutiva, pero es un argumento que sólo vale cuando se trata de ciudadanos humildes y sin vivienda, que toman la franja de los 12 metros para levantar sus casas. Nunca ha habido desalojos y operativos para recuperar esa misma franja de 12 metros a lo largo de kilómetros y kilómetros de haciendas ganaderas y agrícolas que circundan la antigua carrilera, donde los propietarios e invasores son prestantes familias vallecaucanas o pereiranas. Los hacendados han corrido sus cercos y se apoderaron de toda la franja, lo que es visible en fincas de la zona como Peñas, La Mariela o La Tigrera, una propiedad de casi mil hectáreas que pertenecía al narcotraficante y paramilitar Carlos Mario Jiménez “Macaco”.

Una de las fincas “afectadas” por la invasión es la Hacienda Peñas, propiedad del coronel retirado Alonso Vera Jiménez, de quien los pobladores más antiguos en la zona recuerdan que en los ochenta no dudó un segundo en movilizar tropas para desalojar a culatazos otro intento de invasión semejante. El coronel Vera también se ha apoderado de la franja de los 12 metros e incluso “donó” un tramo de esa misma franja para la construcción de la escuela local, como reza en una placa dentro del edificio, donación de terrenos que en realidad no le pertenecían a él, sino al Estado.

¿Por qué en unos casos la autoridad cae con toda su fuerza y brutalidad contra unos invasores, pero no actúa cuando se trata de los otros? Esa es la pregunta que una de las comunidades más marginadas y olvidadas de Pereira le grita hace años a los gobernantes.

@camilagroso