Calidad, una utopía a la que 59 universidades del país se enfrentan por el poco tiempo que tienen para obtener los requisitos de una acreditación. Ingreso de trasnacionales educativas en condiciones inequitativas frente a las universidades locales.
Gilmar Enrique Perea Moreno (g-blaze83@hotmail.com) |
Unión sin distingos entre estudiantes de las universidades públicas generó la reforma a la Ley 30 propuesta por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos; un hecho sin precedentes en la historia de la protesta estudiantil. Ellos mismos la definen como una postura que defiende las posibilidades para un mejor futuro.
Para el Gobierno, la propuesta genera condiciones hacia una amplia oferta educativa, mejorar la calidad, ampliar las fuentes de recursos del sector, aumentar la cantidad de los bachilleres graduados, facilitar los créditos de financiamiento para los estudiantes de escasos recursos, adecuar el sistema de educación a la realidad nacional y adaptarlo a las tendencias regionales e internacionales. Eso por lo menos fue lo expresado por el Viceministro de Educación Javier Botero durante un encuentro en el auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnología de Pereira.
Según el senador Jorge Robledo en el foro “Diálogo democrático para pensar en la educación superior en Colombia”, se refirió a la reforma como negocio y comentó sobre la relación calidad – costos, teniendo en cuenta, que a mayor calidad más costos y menos posibilidades de ingresar para las personas de bajos recursos y mucho más si dicha eficacia es manejada por inversionistas extranjeros. “Si la educación pública está mal financiada será tan mala como la peor universidad de garaje…no es posible señora ministra intentar montar sinónimos de educación como negocio de calidad”.
El representante de la UTP, Duberney Galvis Cardona, del movimiento estudiantil se opone a la reforma de la ley 30 junto con los representantes de la universidad Libre y la Católica de Pereira; este ha estudiado a profundidad el articulado propuesto por el Ministerio de Educación con el objetivo de realizar foros estudiantiles en la región, para así informar, analizar y debatir dicho tema.
Galvis cree que el estamento sí necesita un cambio, debido a que esto es lo que ha mantenido el congelamiento de los recursos de las universidades públicas en Colombia, pero según él, no debe ser como lo está planteando el gobierno, porque el articulado expuesto por la Ministra está presentado de una manera maquillada para poder obtener el apoyo del grueso de la población, la cual no se da cuenta que la constituyente no soluciona los problemas de educación que se tienen en estos momentos.
Algunas falencias de la propuesta, según Galvis, son: el Icetex, que es “una compra venta con la que engatusan a la gente diciéndole a los estudiantes pobres que les van a dar estudio, cuando eso debiera ser una responsabilidad del Estado, y aquí lo presentan como un organismo crediticio, pero en realidad este se va engordar sobre la base de las deudas de los estudiantes”.
Además agrega que “la adaptación de los modelos educativos utilizados en otras partes del mundo, como lo son Brasil y Chile; no son convenientes para Colombia debido a que los modelos económicos son diferentes y los impactos causados también, respecto a que nuestra economía y modelos educativos no son tan fuertes como allá. Los arreglos a la ley son fundamentados por las políticas de exigencia que se requieren para poder realizar el TLC”.
Es evidente que se ha generado discusión en concordancia con el tema tratado, por lo tanto la postura de diversas personas que debaten de manera directa el contenido de la reforma presente es radical, entre estos sujetos hay: un estudiante, un individuo del común y un docente.
Otros sectores opinan
La académica de Derecho Orlyana Marín afirma que “la reforma es lesiva puesto que es una paradoja que constitucionalmente sea un derecho la educación y en nuestro país sea evidente el deterioro de este derecho y que quieran que nuestra universidad simplemente sea una empresa y que nosotros seamos unos usuarios, los cuales vamos a ser una mercancía vendible al mercado internacional”.
Diego Aguirre, un transeúnte que presenció una de las tantas marchas organizadas este año, afirma que “la reforma favorece más a los colombianos que no han podido ingresar a la universidad y ayuda para otra atmósfera de educación en la sociedad colombiana, y estoy de acuerdo con lo que propone el Estado”.
La docente Carmen Serna dice que “la Ley 30 atenta contra toda la comunidad educativa, afecta y es una limitante para todo aquel que quiera ingresar a la universidad sintiéndose privado de hacerlo, por lo que exige que haya un incremento en las matriculas, lo que inhibe a mucha gente hacerse profesional y los padres de familia no tienen cómo pagar; el hecho de que los docentes no tengan un doctorado no quiere decir que no sean aptos, porque hay docentes que leen demasiado, están bien preparados y están en capacidad para hacerlo”.
Bernardo Rivera, director ejecutivo de la ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) afirma que “el papel de las universidades es seguir todo el proceso de la ley en compañía del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que la alteración carece de un enfoque sistemático, no plantea resolver las debilidades de los pregrados y postgrados en materia de investigación, ciencia- tecnología y que va en contravía de la constitución de 1991”. Además, Rivera agrega que “el 9 de mayo se aplazó el proyecto según el Viceministro, ya que están sujetos a cambios 30 artículos”.
El abogado Jaime Cataño, acompañado por ASCUN, presentará ante el Congreso una ley estatutaria de autonomía universitaria. Este proyecto busca proponer una reestructuración de algunos artículos a la reforma. La Constituyente trata de los derechos fundamentales que tiene cada ciudadano, ésta habla del ejercicio y la protección de la autonomía universitaria.
Así mismo, el proyecto hace énfasis en la autonomía financiera constatando que el Estado no puede exonerarse de aumentar la inversión de capital a las universidades públicas; en aras de la calidad en la educación. También propone un replanteamiento en la autonomía académica, haciendo énfasis en que el estado no puede direccionar y uniformar el manejo de las universidades.
Cabe resaltar que en el articulado de tal propuesta lo importante es aportar al derecho social fundamental a la educación con autonomía propia, en la búsqueda y la lógica del libre pensamiento en el mundo universitario.
Sobre el impacto social que pueda tener en el estudiantado una reforma como la propuesta por el Gobierno, el sociólogo Luis Adolfo Martínez expresa que la afectación se da en tres direcciones: “una educación elitista de carácter cerrado que limita el acceso a la misma, generando impactos sociales a nivel de empleo, educación, tecnología y desarrollo, la cual segrega y discrimina. La segunda pretende una educación funcional orientada en los intereses del sector privado, que determinan los técnicos qué les importa, y la tercera, muestra un ingreso marcado al nivel de dinámicas globales de forma desequilibrada, permitiendo un nivel de globalización en condiciones precarias respecto al conocimiento”.
Es necesaria una reforma a la Ley 30, pero con observación de la financiación de la educación universitaria y el pago de deudas del Estado con este sector. Según estimativos, el Estado colombiano le debe a las universidades 700 mil millones de pesos.
La reforma propuesta a dicha ley no llena las expectativas en cuanto a la solución de los problemas que se refieren a educación en el país. Dos puntos que llaman la atención con esta reforma a la Ley 30 son la profundización de la política basada en los procesos de financiación, autonomía universitaria y estándares de acreditación, y por otro lado en el capítulo del comercio se les va a permitir a las transnacionales de la educación superior ingresar al país en condiciones de supremacía.