La Contraloría de Pereira en los años 2016 y 2017 ha mostrado resultados, algo que sorprende en una entidad que durante varios años fue una invitada muda ante los grandes hechos de corrupción que en la actualidad son ya objeto de procesos judiciales de amplia resonancia.

 

Ante el concejo municipal Arias Dávila ha hecho varias denuncias, entre ellas las irregularidades que hay en la concesión de la APP del Aeropuerto Matecaña. El concejo no ha querido elevar el presupuesto de la contraloría.

 “Me encontré con actuaciones que no eran… es decir, con procedimientos que no terminaban, había denuncias y los procedimientos se quedaban como a medias, puede que por la escasez de personal”, es todo lo que Alberto Arias Dávila, actual contralor de Pereira, refiere sobre su antecesor, José Nelson Estrada –del mismo partido que el destituido senador Carlos Enrique Soto, dueño del poder político local durante más de una década– y sobre quien llovieron críticas durante la pasada administración por sus escasos resultados.

El excontralor Estrada y su asesora jurídica para el 2012 fueron sancionados por la Procuraduría en enero del 2016 con la suspensión temporal en el cargo, durante dos meses, por haber suscrito un contrato profesional con Esther Vanegas Pulgarín, su compañera sentimental, sin que fuera abogada titulada. Estrada apeló la decisión sin que a la fecha se conozca resultado de la misma.

Además, el excontralor Estrada no atendió de manera oportuna requerimientos ciudadanos para seguir el rastro de los dineros de la venta de las acciones que la alcaldía de Pereira todavía tenía en la Telefónica de Pereira, la Contraloría General de la República decidió hacer un control excepcional al manejo de 25 mil millones de pesos, parte del dinero producto de tal negociación que fue por 64.000 millones de pesos.

La solicitud la hizo la Corporación Vigía Cívica, cuyo director ejecutivo, James Fonseca, refiere que la acción de la actual Contraloría es mejor que la anterior: “Antes se ‘engavetaban’ procesos, se disculpaban implicados sin que empezara la investigación. El actual contralor da información sin muchas vueltas; el anterior dejaba pasar el tiempo y respondía casi al límite del plazo legal, con otras cosas no solicitadas o de manera incompleta”.

 

Algunas acciones

En julio de este año el contralor Arias Dávila denunció ante el Concejo de Pereira las que consideró “situaciones de coincidencia” en algunas de las propuestas presentadas por los oferentes a la Alianza Público Privada (APP) que se propone para el Aeropuerto Matecaña de la ciudad.

Esas coincidencias se refieren a que hay parecido entre las propuestas presentadas por los privados con el informe de cierre financiero hecho a pedido del mismo aeropuerto, lo cual sugiere posible filtración de la información.

Una de esas similitudes se dio en la propuesta del ganador, Consorcio CSS Constructores S.A, quien tendrá la concesión del aeropuerto bajo la figura de APP. La situación detectada se trasladó a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Comisión Regional de Moralización con el fin de ser investigada.

Indicó además que los análisis de la auditoría especial se realizaron con los informes entregados por el propio Aeropuerto Matecaña y será la Superintendencia la que se manifieste frente a la presunta irregularidad en la licitación de la APP.

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A raíz de una denuncia del concejal Carlos Alfredo Crosthwaite, la Contraloría de Pereira asumió la investigación por el valor desmedido de un lote adquirido en 2016 por el Municipio para un nuevo cuartel de la Policía Nacional en el llamado sector de los puentes de la novena. El sobrecosto habría alcanzado tres veces el valor comercial, lo cual fue corroborado por la Contraloría luego de la denuncia. El contrato lo firmó la secretaria Jurídica de la Alcaldía, ante la ausencia temporal del alcalde Juan Pablo Gallo Maya. La investigación avanza, pero no se han conocido hallazgos preliminares.

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La captura del exsecretario de Desarrollo Social Jhon Jairo Lemus, junto con otros funcionarios, se dio por investigaciones que en su momento fueron denunciadas por la ciudadanía y retomadas por la contraloría municipal.

Junto con la Personería, la Contraloría hizo seguimiento al desfalco presentado con los recursos de la estampilla del adulto mayor, a través de la contratación realizada por la Secretaría de Desarrollo Social con varios particulares. Por tales hechos ya fueron amparados con orden de detención intramural el exsecretario de Desarrollo Social Jhon Jairo Lemus, quien era parte del gabinete del alcalde Juan Pablo Gallo; la exsubsecretaria de Desarrollo Social, Diana Carolina Sánchez Lema; el exfuncionario de la Tesorería Municipal  Alejandro Ospina Coll; y los contratistas de la alcaldía Libardo Flórez Guerrero y Diana Inés García Benítez. Además de dos contratistas externos que fueron beneficiados con la casa por cárcel.

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Un último caso, de  impacto mediático, fue la denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría por el desfalco en la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la administración del anterior alcalde, Enrique Vásquez Zuleta.  Las denuncias hechas en el 2016 terminaron en el presente año con la orden de captura contra seis comunicadores y periodistas, acusados de participar en contrataciones irregulares. Cinco de ellos recibieron beneficio de la casa por cárcel y uno más quedó en libertad, pero todos siguen vinculados al caso. Según anuncio del Contralor Arias Dávila, todavía falta terminar de investigar otros contratos y es muy factible que se den a conocer irregularidades que involucran a otros periodistas.

La pérdida de investidura como concejal cuando ejerció dicho cargo -decisión de primera instancia- contra el actual alcalde Juan Pablo Gallo estremeció la ciudad. De manera sorpresiva el contralor Arias emitió un comunicado donde ponía en tela de juicio las acciones de la misma contraloría en el pasado, acciones por las cuales tomó vuelo la denuncia que condujo a la sanción.

Dudas de última hora

Aunque siempre ha enfatizado en la independencia que tiene como contralor, no dejó de sorprender el comunicado que Arias Dávila emitió una semana antes de que el Tribunal Administrativo de Risaralda le decretara la pérdida de investidura al alcalde Gallo Maya , proceso que se originó en la Contraloría Municipal años antes de que el actual contralor asumiera. En el comunicado afirma: “El contralor Alberto de Jesús Arias Dávila no concibe por qué en una pieza jurídica de apertura de proceso se incorpora mencionando a una persona que no aparece vinculada como gestor fiscal, en ese intervalo y de acuerdo a la línea de tiempo presentada por el funcionario del Instituto de Tránsito de Pereira, señor Juan Pablo Gallo Maya, hoy alcalde de la ciudad, cuando el auto de archivo del proceso debió hacerse durante la indagación preliminar, y así mismo hace hincapié además de las imprecisiones realizadas por el equipo auditor de la Contraloría Municipal de Pereira” (subrayado añadido).

Para Fonseca, este comunicado desconcierta, pues pone en tela de juicio a la misma Contraloría y le parece muy extraño cómo saca en limpio al Alcalde unos días antes de darse el fallo en su contra, con un comunicado que pretendía defenderlo, pero que en últimas de nada sirvió.

Ver: 

Un contralor pendiente de consolidar resultados (1)