VIOLACIÓN GRUPAL DE NIÑA EMBERÁ: RADIOGRAFÍA DE UNA INJUSTICIA

“Hemos pedido un restablecimiento con enfoque propio”, agrega Lejandrina Pastor. Para los pueblos indígenas “el espíritu del territorio se fue, y pa que eso regrese es complicado”.

 

Redacción LCDR

El profesor Óner Jiménez recuerda que en el resguardo de Bajo Gitó, en los límites entre los departamentos de Risaralda y Chocó, los emberá katíos suelen narrar el misterioso caso de desaparición de una niña. “Es algo entre lo mítico y lo real”, asegura, aunque él mismo se encargó de acompañar al padre de la menor para que interpusiera acciones en la Fiscalía.

Una mañana, dos hermanitas indígenas volvían del río, una de ellas tenía nueve años y la otra era una bebé de brazos que iba amarrada a su espalda, como es costumbre en la región. Cuando iba por el camino hacia su casa la niña mayor vio a un hombre que describió como muy “grande y negro”, vestido de verde, que le echó mano a la bebé. Ella salió corriendo asustada y llegó al caserío para contar la historia. Una vez los mayores regresaron por la trocha encontraron a la niña pequeña ahogada junto al río. La Fiscalía, aunque investigó el caso, nunca pudo esclarecer realmente qué sucedió.

Óner vuelve a esa vieja historia por las similitudes que tiene a propósito de los hechos recientes ocurridos en ese mismo resguardo, donde siete soldados adscritos al Batallón San Mateo de Pereira secuestraron y violaron –según denunció la misma comunidad– a una niña indígena de once años el pasado 21 de junio. “No es sólo violar a una mujer”, concluye Óner Jiménez, “para ellos es violar su territorio, que es sagrado”.

Este crimen levantó una avalancha de indignación en todo el país. Hubo pronunciamientos, comunicados, columnas de opinión, furia en redes sociales. Luego llegaron destituciones al interior del Fuerzas Armadas, empezando por el Comandante del Batallón San Mateo, lo que no disuadió los plantones, marchas y protestas frente a guarniciones militares de Medellín, Cali, Bogotá y Pereira. Al final, en una rápida e inusual respuesta, la institución castrense entregó a la justicia ordinaria a los soldados involucrados, para que fueran apresados y juzgados. Aquellos aceptaron inmediatamente su responsabilidad en los hechos.

“La presión social los obligó a responder, no fue un acto del servicio, por tanto, no tenían por qué asumir el caso dentro de la Justicia Penal Militar”, asegura Adriana Arboleda Betancur, abogada y defensora de Derechos Humanos adscrita a la Corporación Jurídica Libertad. Arboleda interpreta la maniobra de entregar los soldados a la justicia ordinaria como una estrategia para salir rápidamente del asunto evadiendo el desgaste mediático. “Por eso los obligaron negociar un acuerdo con la Fiscalía donde salieron beneficiados, pues se calificó el delito como abusivo y no violento. Lo otro es que se ha cuestionado que hayan destituido al oficial que estaba al mando y que fue quien denunció, se interpreta como una retaliación por haber hecho público el caso y no dejarlo en control interno, como otros casos que se conocieron después”.

Los movimientos indígenas, particularmente la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que agremia a más de cincuenta etnias y consejos regionales, han cuestionado con severidad el manejo del caso pues consideran que no se los tiene en cuenta al momento de impartir justicia. “No nos quisieron reconocer el secuestro y el acceso carnal violento”, afirma Lejandrina Pastor, una de las lideresas que ha estado al frente del asunto, pues es la consejera de mujer y género de la ONIC.

Pero el asunto de la responsabilidad de los militares era apenas el primer escollo para lograr justicia, el proceso de restablecimiento de derechos de la niña implicaba una segunda puja que no ha terminado y donde pululan múltiples intereses.

“Hemos pedido un restablecimiento con enfoque propio”, agrega Lejandrina Pastor. Para los pueblos indígenas “el espíritu del territorio se fue, y pa que eso regrese es complicado. Para ustedes muy bien que le coloquen una psicóloga, pero para nosotros no funciona así”, insiste esta lideresa, quien puntualiza que el problema de fondo tiene que ver con una ausencia generalizada de derechos en las comunidades y territorios indígenas. “Y ahora quieren un hogar sustituto, como si la culpa fuera de la mamá, pero no vemos el fondo real de las familias indígenas, lo que está pasando en el Chocó, en la Alta Guajira, en la Orinoquía con los Sikuani, en Guaviare con los Nukak Makú que sufren exterminio físico y cultural, como lo reconoció la Corte. Se visibiliza y no pasa nada, eso es lo grave”.

El resguardo Dokabú queda ubicado en cercanías del casco urbano de Santa Cecilia. Se extiende a lo largo de la cuchilla del San Juan. Fotografía / Rodrigo Grajales.

Un territorio olvidado por la institucionalidad

El resguardo indígena Gitó-Dokabú se encuentra al noroccidente del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, cerca del corregimiento Santa Cecilia, en los límites con Chocó. Es una región selvática y montañosa con pésimas vías de penetración donde los trayectos suelen hacerse en bestia o a pie, montañas que por décadas han sido refugio para múltiples grupos insurgentes.

Gitó Dokabú es uno de los cinco resguardos reconocidos que existen en Risaralda y en él habitan mayoritariamente indígenas de etnia emberá katío. En Pueblo Rico también hay territorios del resguardo unificado del Alto San Juan (de mayoría emberá chamí), por ello una tercera parte de los pueblorriqueños son de etnia indígena.

Este es el municipio más pobre del departamento y registra los peores niveles de desigualdad en todo el eje cafetero: los datos del Departamento Nacional de Estadística señalan que el 52 por ciento de los habitantes de Pueblo Rico viven con las necesidades básicas insatisfechas, una situación que se agrava en el entorno rural –donde se incluyen ambos resguardos y las comunidades afrocolombianas de Santa Cecilia–, allí la cifra se incrementa hasta el 61 por ciento de la población.

Todos los datos son desalentadores: según el Departamento Nacional de Planeación la mitad de las viviendas no cuentan con servicio de alcantarillado y la tercera parte de los puebloriqueños es analfabeta o no cursó ningún nivel educativo. Una estadística que proporciona la Unidad de Atención a las Víctimas cierra el bucle de abandono institucional en la región: 5.699 puebloriqueños son reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado, dicho de otro modo, uno de cada tres ha sufrido la guerra en carne propia.

 

Conflicto de intereses

El revuelo mediático del abuso contra la niña emberá llevó a que Miguel Ángel del Río, quien ha sido abogado de Daniel Mendoza Leal, creador de la serie web Matarife, se ofreciera a representar a la familia ante una eventual demanda contra el Estado. Sin embargo, Gerardo Jumí, un líder embera de origen antioqueño que hace parte de las directivas de la Organización Nacional Indígena de Colombia le confirmó a LA COLA DE RATA que se revocaron todos los poderes otorgados por la familia, pues “no se tenía el enfoque étnico”. El caso será asumido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización con amplia trayectoria en demandas al Estado por crímenes de lesa humanidad.

Otras fuentes, que pidieron reserva para este reportaje, señalan que hay un conflicto de intereses local que terminó imbricándose en la demanda. Los indígenas de etnias emberá katío y emberá chamí sostienen una contradicción histórica que ha derivado en una división interna; por ello, la comunidad donde fue censada la niña no pertenece al Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), sino que es un cabildo independiente afiliado a un movimiento alternativo llamado Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), una organización que agremia a buena parte de los indígenas Misak del Cauca y de los Arhuacos de la Sierra Nevada, quienes a su vez mantienen una vieja disputa con la ONIC.

“A raíz de este problema entran en juego intereses económicos”, explica un líder social que ha recorrido la zona y conoce bien las contradicciones internas al interior del resguardo. Según él, varios parientes lejanos de la niña que viven desplazados en Pereira y nunca se habían preocupado por ella ni por sus hermanos aparecieron a raíz del suceso reclamando la vocería. “¿Quién asume el proceso de acompañamiento penal y jurídico?”, se pregunta este líder, “en últimas, ¿quién se queda con parte de la tajadita?”.

Por estas mismas contradicciones fue retenido el 16 de julio el Consejero Mayor indígena de Risaralda, William Nayaza, mientras hacía un recorrido por el resguardo unificado del Alto San Juan. Sus captores fueron varios miembros de la comunidad que reclaman ser reconocidos como un resguardo independiente. Este medio intentó varias veces comunicarse con Juan de Dios Querágama, el gobernador del cabildo de Bajo Gitó y quien denunciara inicialmente el caso de la niña emberá; no obstante, Querágama no contestó a nuestros mensajes ni a las llamadas telefónicas.

Según dos testimonios de vecinos de Santa Cecilia, las niñas indígenas no vivían en el resguardo, aunque frecuentaban a parientes y amigos y estaban censadas allí para acceder a los subsidios gubernamentales. Estas personas indican que no sería la primera vez en que menores indígenas de la zona habrían sido víctimas de abuso, pues hay antecedentes de explotación sexual por parte de militares o jornaleros en las fincas cercanas al pueblo.

Los roces y la mutua desconfianza entre afros e indígenas son de vieja data y ahora los afros han manifestado públicamente su descontento con la insinuación de algunos líderes indígenas exigiendo que la Fuerza Pública debía abandonar la zona. En Santa Cecilia la comunidad conserva vivo el recuerdo de la toma guerrillera del año 2000, que provocó el desplazamiento de casi la mitad de la población, y han reclamado más presencia institucional.

Violencia sexual: un panorama desolador

El caso de la niña emberá desempolvó múltiples denuncias similares, que a pesar de haber alcanzado las instancias oficiales no tuvieron ni el foco en los medios, ni una respuesta tan ágil por parte de las autoridades, lo que reavivó el debate sobre las prácticas de violencia sexual que involucran a militares y miembros de las Fuerzas Armadas.

“Me parece un poco atrevido decir que esto es parte del entrenamiento de los militares, pero un contexto tan machista y tan patriarcal como el nuestro, las mujeres son vistas como el premio al final”, explica Janeth Lozano, investigadora de la Corporación de Apoyo a las Comunidades Populares. “De hecho, hemos tenido algunos casos donde a los militares les daban el premio de que en una operación exitosa podían llegar al pueblo y hacer lo que quisieran con las mujeres”.

Lozano cumplió más de tres décadas acompañando a las organizaciones e indagando por casos de violencia sexual en comunidades indígenas y campesinas del país, por eso habla con propiedad cuando asegura que el problema está “oculto por la impunidad” pues “no hay condiciones de prevención o atención”. Según sus propias estimaciones y su conocimiento en comunidades del Cauca o el Valle del Cauca, más del noventa por ciento de las mujeres indígenas ha sufrido algún tipo de violencia basada en género. “Es impresionante, la excepción es la que no ha sufrido nada”, asegura. Ella misma fue víctima de una agresión a finales de los ochenta en un remoto caserío de Puerto Gaitán, cuando un soldado la sorprendió bañándose en un morichal e intentó abusar de ella. “Nunca se lo dije a nadie”.

Según un informe que la Organización Nacional Indígena de Colombia entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del conflicto armado, entre 1958 y 2016 se reportaron 127 casos de violencia sexual que involucran a 164 víctimas, la mayoría (más del 60%) ocurridos en la macrorregión del occidente, donde se encuentra Risaralda.

Pero esta cifra no es ni siquiera un atisbo de la real situación, pues la gran mayoría de mujeres indígenas jamás denuncia. Lejandrina Pastor cuenta que mientras la ONIC levantaba información para sustentar el auto 092 de 2008, encontraron casos de hace cuarenta o treinta años que no fueron documentados porque las señoras creían que “ya para qué iban a decir eso”.

El auto 092 motivó una sentencia de la Corte Constitucional en favor de la protección de las mujeres indígenas; sin embargo, existe el subregistro, muchas veces estimulado por los prejuicios y condiciones que imperan en el medio rural.

“Las mujeres que son víctimas terminaron siendo repudiadas por sus compañeros o comunidades, abandonadas, ultrajadas, eso determina que no quieran hablar de esto y no se dimensione la situación”, asegura Janeth Lozano, a lo que se agregan factores como la violencia estructural: “en territorios muy militarizados los actores armados hacen saber que si uno habla va a tener problemas. No hay ninguna garantía para que una mujer pueda denunciar, en muchos casos son personas cercanas, o de la misma comunidad. Es un tema mucho más grande y mucho más fuerte de lo que se ha empezado a conocer”.

Lozano cita, como ejemplo de estos prejuicios, un caso cercano que conoció en el Cauca donde miembros de un grupo ilegal violaron a una señora muy mayor y la comunidad se burlaba diciendo que a su edad debería “agradecer que le habían hecho el favor”. En otros entornos, agrega Lozano, culturalmente se considera que si la mujer no es virgen el asunto no es grave.

Consultada por este medio, María Cecilia Ramírez Cattaneo, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Risaralda, señaló que en el país durante los últimos cinco años 315 menores de edad han ingresado a procesos de restablecimiento de derechos por haber sido víctimas de violencia sexual. En Risaralda, hay tres casos reportados; pero llama la atención que el departamento vecino de Caldas tiene 98 casos en el mismo período, superando a regiones con mayor población indígena como La Guajira, Amazonas o el Cauca.

“Desde que el ICBF tuvo conocimiento del caso [de la niña embera] se ha brindado acompañamiento y apoyo a la adolescente y su familia en todo el proceso de atención”, sostuvo Ramírez, “así como al equipo de la Comisaría de Familia que inicialmente estuvo presente en todas las diligencias inmediatas que debieron adelantarse”.

Un acompañamiento institucional con el que las organizaciones tienen bastantes reparos, pues consideran que no tiene un enfoque étnico: “si se llevan la niña y la entregan a otra familia, para nosotros sigue estando secuestrada”, dice Lejandrina Pastor, “lo que necesitamos es implementar de manera concertada campañas para prevenir y reducir la violencia sexual dentro de los pueblos indígenas”.

La organización Temblores dio a conocer un informe que documenta un centenar de actos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública en los últimos tres años. Fotografía / Rodrigo Grajales

¿Una conducta sistemática?

A raíz de este suceso surgieron múltiples casos y denuncias en todo el país. Se conoció la historia de otra niña, esta vez de etnia Nukak Makú, que había sido sometida a esclavitud sexual en una base militar del Guaviare; se hizo pública la denuncia de otra niña violada por diez militares en la Sierra Nevada; volvió un viejo testimonio de una mujer abusada en un retén militar hace más de una década en el Cauca, hecho que fue documentado en su momento por la periodista Andrea Aldana; se conocieron casos similares en Nariño. Por ello, la organización Temblores dio a conocer un informe que documenta un centenar de actos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública en los últimos tres años.

Esto motivó el debate alrededor de una pregunta clave: ¿se trata de una conducta sistemática de las Fuerzas Armadas, derivada del entrenamiento o la doctrina militar? ¿Se trata de hechos aislados y “manzanas podridas”, según reza la teoría oficial? ¿O se trata de eventos circunstanciales donde confluyen múltiples factores como el racismo y la ausencia de garantías y derechos en las comunidades más apartadas?

Parece que no hay un veredicto certero, aunque desde el movimiento indígena insisten en que la violencia sexual es un asunto frecuente asociado a todos los grupos armados. Según el citado informe que la ONIC entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz, todos los grupos, incluyendo a guerrillas, paramilitares y fuerza pública, comparten responsabilidad en los hechos de violencia sexual reportados.

Gerardo Jumí recuerda que meses antes del caso de la niña emberá los funcionarios fueron grabados profiriendo insultos racistas hacia los indígenas del Cauca, luego “un supuesto palabrero y un humorista de Valledupar estaban ofreciendo en venta unas niñas indígenas y a las dos semanas reportaban que el ejército mató a un consejero de educación en Boyacá. Eso es expresión de racismo, de menosprecio hacia los indígenas”.

“Lo más grave es que este no es un hecho aislado, es un hecho sistemático”, cree el líder emberá Gerardo Jumí. “Pero hay algo más complejo: la sociedad y el Estado colombiano fallan en los postulados de un Estado social de derecho y de las garantías de la diversidad étnica. Hay un comportamiento racista hacia los indígenas que va enquistándose en el Estado, los funcionarios toleran y auspician”.