Ni la Reserva es una zona improvisada sin utilidad ecológica ni es la única opción para garantizar el crecimiento de Bogotá. Aquí, una breve historia de este santuario natural de la ciudad y una previsión de su futuro.

Por Gerardo Ardila*

Una reserva protegida

La Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen fue planteada por primera vez en 1997 para:

  • Lograr la conectividad y recuperación de ecosistemas de la cuenca alta del río Bogotá, que estaba en franco proceso de deterioro, entre otras cosas, por su fragmentación acelerada.
  • Asegurar la vida de los humedales de La Conejera y Torca-Guaymaral; y
  • Producir un dique contra la conurbación de Bogotá con Chía y Cota.

Tras los debates que llevaron a adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2000, el gobierno de Bogotá tuvo que aceptar que esta zona seguiría siendo rural en su mayoría y que la franja de la Reserva tendría el carácter de área protegida. Este norma mantiene su vigencia puesto que  todos los recursos jurídicos interpuestos fueron fallados a favor de la delimitación y creación de la Reserva. Por las demoras para resolver estos recursos y el temor de las directivas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a enfrentar demandas si actuaban con ligereza, el proceso de declaratoria tomó en total once años.

Hoy el norte de Bogotá tiene tres instrumentos fundamentales para su planeación y desarrollo:

  1. La Unidad de Planeamiento Rural, que tiene una extensión de 3.759 hectáreas, de las cuales 1.395 son para la Reserva RPN Thomas van der Hammen;
  2. El Plan de Manejo de la Reserva; y
  3. El Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) Norte (con concertación demorada por la CAR desde comienzos de 2015 y presentado de nuevo a concertación por el Distrito con el nombre de Ciudad Lagos de Torca).

Además, desde el año 2015 la zona de la Reserva cuenta con la Resolución 835 que declara de utilidad pública e interés social un área de 1.169 hectáreas dentro de la Reserva Thomas van der Hammen.

 

Una reserva estudiada

En el año 2010, la CAR hizo un acuerdo de investigación y consultoría para hacer una evaluación de detalle del área correspondiente a la Reserva. En este estudio  intervinieron la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -órgano consultivo del gobierno nacional-, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) -con un sector importante de su campus localizado en la zona de la Reserva-, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la dirección de Catastro Distrital, y, en un segundo momento, la Fundación Avina.

Cada institución puso a sus mejores investigadores e investigadoras y produjo un documento de dos tomos donde se describen los suelos, las aguas superficiales y subterráneas y sus dinámicas, las interacciones entre suelos y aguas, las coberturas vegetales (más de 400 especies), las comunidades animales, el clima, la pluviosidad e irradiación, la historia de la propiedad de la tierra del área de Reserva desde el siglo XVI hasta el presente, los procesos actuales de ocupación del suelo y sus características, las variaciones del precio del suelo y sus posibilidades, además de sugerencias jurídicas y económicas para el manejo de la Reserva.

Este estudio detallado se completó en 2015 con un seminario internacional al que asistieron directivas del Bosque Chapultepec de Ciudad de México, del Bosque Collsarola de Barcelona, y del Bosque de La Haya, y se tuvieron contactos de intercambio con el Central Park de Nueva York y el Tiergarden de Berlín.

Los proyectos en la Reserva

Sobre la base de esos estudios las directivas de la CAR pudieron tomar las decisiones de declaratoria y Plan de Manejo con seguridad, y a partir de los modelos de otras ciudades se pudo proponer el diseño de un parque-bosque abierto al público, para lo cual debe comprarse una parte de las tierras. El dinero para esa compra se piensa tomar de varias fuentes:

  1. La CAR y la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) tenían un pleito ocasionado por una multa impuesta por la CAR, así que las dos entidades concertaron y decidieron dedicar los 134.000 millones de pesos en litigio a la compra de predios en la Reserva. De manera sorprendente, el magistrado Marco Velilla, juez del caso en el Consejo de Estado, se opuso a la concertación lograda entre las entidades, pero el dinero debe estar aún disponible en la EAB;
  2. La Alcaldía de Bogotá dispuso dedicar 90.000 millones de pesos más, provenientes de las ganancias del Distrito en sus empresas y con destinación específica para la compra de tierras en la Reserva en el Fondo para el Control del Riesgo y el Cambio Climático (Fondiger);
  3. La EAB dispuso 20.000 millones más para la compra de predios en la vertiente norte de la quebrada La Salitrosa, la cual tuvo declaratoria de utilidad pública. Allí se avanzó hasta hacer ofertas a los propietarios;
  4. El Consejo Directivo de la CAR en 2014 dispuso 19.000 millones de pesos con destinación específica para la compra de predios en la Reserva.

El hecho de que los predios correspondientes a la Reserva se encuentren en un área rural y tengan restricciones de uso, además de que estén cobijados por una declaratoria de utilidad pública e interés social, hace que su precio también sea restringido y no corresponda a las expectativas que sueñan algunos de sus propietarios, ni con el precio establecido para el sector que corresponde al POZ Norte.

Catastro Distrital calculó en 2015 que el valor del metro cuadrado en esta zona oscila entre 13.000 y 23.000 pesos, lo cual tiene sentido pues corresponde a los valores calculados en los estudios de 2010-2011.

Si se tiene en cuenta que no hay necesidad de comprar todos los predios existentes en la Reserva, tanto la declaratoria como el Plan de Manejo permiten los usos actuales, que son compatibles con la conservación y los estimula a permanecer y vincularse al proceso de la Reserva.

Pero el costo total de predios está muy por debajo de los precios declarados por el alcalde Peñalosa (quien ha hablado de dos billones de pesos). En estas condiciones, el dinero ya disponible permite negociar con holgura.


Pronunciamiento del Alcalde de Bogotá frente a la reserva natural.
Foto: Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

 

Hechos sospechosos

En el año 2012 se denunció en el Concejo de Bogotá que el exalcalde Enrique Peñalosa había comprado los pocos predios que el Distrito posee en la zona como base para la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) muy por encima de su valor real, es decir, el precio establecido por todas las ventajas que existen para la ciudad para negociar en este momento.

No se puede entender que los funcionarios de la administración distrital eleven el precio del suelo con sus declaraciones, levanten las restricciones y cambien el uso del suelo antes de entrar a negociar con los propietarios.

Es extraño que la administración no encuentre otro lugar para la urbanización y la concreción de sus sueños de planeación diferente a una Reserva que durante veinte años ha sido defendida y conservada como una medida frente a los graves impactos que tendrá el cambio climático sobre la ciudad.

Una revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial de la región (29 municipios y Bogotá) hecha por la Secretaría de Planeación Distrital deja ver que para el año 2030 se requerirán, si el crecimiento actual sigue igual, 7.359 hectáreas para la ciudad. Hoy en día hay disponibles un total de 21.586 hectáreas en áreas urbanas aún no urbanizadas, en suelo de expansión ya clasificado, en suelo con potencial de densificación y en el peligroso suelo suburbano de la región.

¿Por qué no ocupar este suelo disponible antes de seguir abriendo más áreas que no se podrán construir inmediatamente y que son los últimos santuarios naturales de la ciudad? La Fundación para el progreso de la Región Capital (ProBogotá) publicó en septiembre pasado uno de los documentos más serios y cuidadosos sobre el tema de la expansión de la ciudad al norte y sobre la zona de la Reserva. Vale la pena conocer y debatir este tema.

 

* Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia

*Articulo publicado en Razón Pública