Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP. Foto: Daniel Cima.

Preocupante acoso judicial contra periodistas: FLIP

Los personajes públicos deben ser tolerantes a la crítica y responder a las denuncias en su contra en el plano de una discusión democrática abierta. Cuando optan por judicializar o estigmatizar a quienes formulan esas denuncias generan un ambiente óptimo para que surja otro tipo de agresiones.

Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP. Foto: Daniel Cima.

Por: Redacción TLCDLR

En la ciudad el ambiente se tornó enrarecido para el ejercicio periodístico luego del llamado a juicio contra algunos comunicadores involucrados en contrataciones irregulares con la administración del entonces alcalde Enrique Vásquez, según la Contraloría Municipal y la Fiscalía. Además, está haciendo carrera que personajes de la vida pública local demanden a los periodistas que en sus espacios de opinión o informativos hacen reparos a su gestión.

Mauricio Vega, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Pereira. Foto: Vecinos Pereira

Por eso, a raíz de las dos denuncias con exigencias de rectificación y las de carácter penal que instauró el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega, contra los periodistas Leonel Arbeláez y William Restrepo, entrevistamos a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Estas son sus respuestas, en las cuales enfatiza cómo el acoso judicial y las amenazas se convierten en mecanismos de censura indirecta y directa, respectivamente. Además, resalta las irregularidades que se están dando en el desarrollo del caso del periodista Leonel Arbeláez por parte de la juez encargada.

 

El periodista Arbeláez argumenta que nunca recibió solicitudes de rectificación por parte de Vega. ¿Es legal que la juez haya pasado por alto este hecho al momento de admitir la demanda penal?

Para que una tutela por rectificación sea admitida por un juez se requiere de manera obligatoria que quien reclama aporte pruebas que indiquen que ha solicitado previamente la rectificación al medio y que este o se ha negado o a evadido contestar. En el caso del periodista Leonel Arbeláez no solo se incumplió con esta garantía constitucional, sino que sin justificación el juzgado consideró que no se trataba de un medio de comunicación y que eso le permitía obviar este requisito legal. La sentencia contra Arbeláez violó las garantías de libertad de prensa en su favor.

 

Leonel Arbeláez, periodista demandado. Foto: Archivo

Debido a este hecho, el periodista Arbeláez decidió impugnar la tutela interpuesta en su contra por Vega. ¿Hay antecedentes en Colombia de acciones similares? ¿Cómo han fallado los jueces, en caso de que sea afirmativa la respuesta?

Es común que los medios reciban solicitudes de rectificación y esto no está mal. La rectificación es un mecanismo para controvertir a los medios y tiene el mismo rango de la libertad de expresión. Lo que sí es una aberración contra la Constitución es que en el procedimiento de tutela los jueces permitan que quienes solicitan las rectificaciones no cumplan con los requisitos, como es este caso. Ahora bien, hay que distinguir entre una solicitud de rectificación por información errónea y el acoso judicial, que es el abuso de las vías judiciales por parte de personas que tienen notoriedad pública, para asfixiar las críticas en su contra y modular el debate público a su favor. Esto es un problema, diagnosticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de censura indirecta y sobre el cual en Colombia hay varios casos.

 

En una fallida conciliación, el señor Vega dijo que no iba solicitar compensación económica, pero aclaró que la demanda la hacía a nombre de la Cámara de Comercio y no a título personal. ¿Es correcto esto cuando las denuncias del periodista fueron sobre el manejo particular que el mismo Vega dio a su propósito de asumir el control de otra entidad y no involucraba de manera alguna a la Cámara de Comercio como institución?

En este caso hay dos procesos, uno constitucional reclamando rectificación y otro penal por supuestos delitos contra el honor. Para nosotros en la FLIP es claro que el propósito de silenciar a través del aparato judicial es indiferente si se hace a título personal o como entidad, lo que está en juego es la deliberación sobre asuntos y personajes públicos.

 

En el pasado reciente, la Cámara de Comercio ha negado información sobre los pagos y facilidades económicas que se le dan al director ejecutivo. Tal negativa se sustenta en la afirmación de que es una entidad privada y por ello no está obligada a informarlo. Si las Cámaras recogen dinero de impuestos, ¿esto no las obligaría a informar de los gastos y pagos en los que incurren?

Si una entidad se niega a brindar información debe indicar las razones legales en que se funda esa restricción, desconozco detalles del caso para tomar una posición al respecto.

En el caso del veterano periodista William Restrepo, las demandas de rectificación y por calumnia se han tornado más complejas debido a las amenazas contra su vida que el mencionado comunicador denunció hace poco y que llevaron a su salida obligada de la ciudad, aunque no se conocen los autores de tales amenazas. ¿Qué posición tiene la FLIP sobre este caso?

Estamos monitoreando la situación y nos preocupa. Los personajes públicos deben ser tolerantes a la crítica y responder a las denuncias en su contra en el plano de una discusión democrática abierta. Cuando optan por judicializar o estigmatizar a quienes formulan esas denuncias generan un ambiente óptimo para que surja otro tipo de agresiones. La actitud de un personaje público es clave para la democracia, porque puede hacer gala en la deliberación pública o generar una atmósfera permisiva a la censura y la violencia. Acá vemos con preocupación dos caminos que se cruzan en un mismo destino: el acoso judicial y las agresiones con fines de censura.

William Restrepo, periodista que debió salir de la ciudad debido a amenazas cuyo origen se desconoce. También demandado por Mauricio Vega. Foto: Archivo.

¿Qué otros casos se han dado en Colombia este año donde se evidencien demandas del sector privado contra periodistas que denuncian casos irregulares en tales entidades?

Las cifras que se dan sobres este tema son claramente un subregistro. Los medios no son partidarios de contar cuántas denuncias judiciales reciben por temor a que esto pueda minar su credibilidad; se suele manejar de puertas para adentro. Sin embargo, en la FLIP, este año hemos documentado al menos 20 casos de acoso judicial. Buena parte de ellos están relacionados con el escándalo de cirugías practicadas por personas sin el lleno de requisitos, jueces denunciando periodistas, alcaldes, contralores, constructoras y particulares. La regla general es que son actores poderosos a los que no les gusta la crítica. 

 

¿Han crecido las demandas por calumnia o injuria por parte de funcionarios contra periodistas que denuncian casos de corrupción y otras irregularidades?

Desde el 2013 hasta el 2016, la FLIP ha registrado 27 casos de periodistas en procesos de injuria y/o calumnia por su trabajo periodístico. De estos, la FLIP tiene conocimiento de un caso en que el periodista fue condenado sin privación de la libertad. Este año van 7 procesos por injuria y/o calumnia. Insisto, es un subregistro.

 

¿La actual legislación colombiana favorece o menoscaba la labor del periodismo de denuncia?

El problema no es de legislación, es de aplicación de la ley. Es importante que exista el derecho a la rectificación, lo clave es que no se abuse de él con fines de censura. Ahí el problema no está en los funcionarios que activan mecanismos judiciales, está en los operadores de justicia que toman decisiones desconociendo estándares de libertad de expresión sobre los asuntos que resuelven. La Corte Constitucional ha sido clara en la protección acentuada de la libertad de prensa en estos casos y en la mirada sospechosa que deben tener estas solicitudes, precisamente porque hay un potencial de censura. A pesar de ello, hay jueces que comulgan más con las limitaciones a la prensa que con su garantía para una sociedad democrática; yo espero que estas decisiones se corrijan para bien de la deliberación pública y el derecho a la información de los ciudadanos.