SOLUCIÓN UTÓPICA AL COMERCIO INFORMAL

Mientras tantas cosas no cambien y nosotros mismos no cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar, situaciones como el comercio informal y su caos, no tendrán fin, y todo esfuerzo por acabarlo será una utopía.

 

Por: Ligia Acevedo

Las ciudades de todos los lugares y tamaños padecen, desde hace muchos años, el flagelo y el caos del comercio informal. La invasión del espacio público es una realidad y representa un reto para la imagen de ciudad moderna y para sus habitantes, quienes exigen y reclaman sus derechos al espacio y a la libertad de locomoción, entre otros.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda —como en otras regiones cercanas— ésta situación ha desbordado todo pronóstico y se ha vuelto viral, pues la informalidad ha tomado para sí sectores locales importantes, que para la comunidad son vías de uso habitual y para los visitantes fueron sectores de admiración y grata recordación.

Cada día vemos crecer el problema de modo alarmante, con todo género de ofertas. Se suma a ello el abuso de quienes, teniendo su local, instalan puntos callejeros adicionales y otros más que ocupan parte de los andenes, colgando mercancías arracimadas en las puertas, sin considerar la incomodidad que ocasionan a los transeúntes, ni preocuparles la contaminación visual que causan.

Encontrar solución al problema es y seguirá siendo el sueño de las administraciones y de las autoridades públicas, amparados en normas legales. Pero el comercio informal sigue allí, con su contaminación, caos vehicular y dificultades para los de a pie, aparte de conatos de hurto y asalto, sólo por citar algunos de los problemas que los mercados callejeros acarrean.

Quienes están comprometidos en la informalidad -56%, según datos recientes de Uniandes y Fedesarrollo- argumentan: derecho al trabajo, a la vida (puesta en peligro por carencia de otros medios para sobrevivir con la familia, donde, además, hay menores a cargo), falta de estabilidad laboral y de un salario acorde a la experiencia y estudios acreditados, y muchas otras legítimas razones que, como personas y ciudadanos les asisten como derecho legal, y así los demandan.

Hoy se suma a esta situación la llegada de personas foráneas movidas por mejores oportunidades de supervivencia, quienes encuentran como medio de lograrlo, engrosar ese grupo de informales con la venta ambulante de golosinas o comestibles, lo que no resulta ser de menor importancia para observadores y para la ciudadanía.

El Gobierno dictamina decretos y se reglamentan. Las administraciones apelan a su aplicación y además, expiden ordenanzas. También la Jurisprudencia sienta doctrina para que se pueda actuar, ante el clamor de quienes exigen: espacios libres de obstáculos, presentación, orden y limpieza.

Sin embargo, muchos más van sumándose con el paso de los días, como único medio para subsistir y ocupan, inevitablemente, nuevos lugares, antes no contaminados por la informalidad.

Hasta ahora no se encuentra la acción eficaz y a medida, que sea justa y bien comprendida por los actuales invasores del espacio público y que los determine a utilizar sólo los lugares a ellos destinados: San Andresitos, cubículos, calles completas destinadas específicamente al comercio informal, incluyendo la permisividad en el uso de los suelos que para beneficio van transformando su vocación de hogares a comercio, o mixtos, aparte de destinarse varios periodos del año (tres o más) a ferias artesanales de productos variados, sin dar mayores resultados.

Carnetizar y formar en educación, competitividad y creación de empresa formal parte de la comunidad que en ventas callejeras se ocupa, para que busquen otros medios de subsistencia. Fotografía / Alcaldía de Pereira

Soluciones en el aire

Quindío, llevando su solución al punto más considerado y útil para sus habitantes, apeló a centralizar en un lugar determinado —La Placita— ese núcleo de trabajadores, y con dificultad ha conseguido algunos beneficios.

Carnetizar y formar en educación, competitividad y creación de empresa formal parte de la comunidad que en ventas callejeras se ocupa, para que busquen otros medios de subsistencia, o capacitarlos laboralmente en diversas artes, tampoco ha servido de nada, ni siquiera como medio para contener potenciales mercaderes que, frustrados en sus intentos por conseguir un trabajo digno y permanente, recurren al rebusque como única solución para su economía maltratada.

El colombiano, ser humano ambicioso, recursivo y audaz, apela a todo género de argucias para aumentar sus ganancias, y la informalidad brinda la oportunidad. Por ello algunos comerciantes legales se involucran, aunque conocen las prohibiciones, y extrañamente, no se les persigue ni acosa, llevándoles a estimar también suyo el derecho de invadir el espacio público sin importarles que otros lo tengan como único medio de manutención, en su mínimo vital para la familia.

Y privar a los verdaderos necesitados de su único recurso para continuar existiendo es, también, violar la Constitución y la ley, pues, por lo general, los medios que se utilizan en su contra son coercitivos y violentos, física y psicológicamente, así existan Sentencias y Doctrina que determinan como objetivo final la protección a los derechos al trabajo, la vida y la integridad.*

Conseguir que estas personas que se dedican al comercio informal comprendan que a otros también les asisten derechos y que los reclaman con igual legitimidad y llegar a meterlos en cintura, se ha convertido en el conflicto rutinario de administraciones y autoridades locales, en cada etapa de gobierno.

Existen pro y contra de uno y otro lado, sumados a decisiones judiciales que no obstante sentar criterio en que, el derecho colectivo prima sobre el individual y por lo tanto se debe reivindicar para la ciudadanía el espacio público fundamentado en la libertad de locomoción, también esas sentencias recalcan la salvaguarda del derecho al trabajo y el respeto a la dignidad y la integridad de las personas. Situación que compromete el accionar de la autoridad, en uno u otro sentido, de manera rigurosa.

Y para hacer más escabrosa la cuestión, muchos de nosotros facilitamos y auspiciamos lo que también criticamos y exigimos exterminar. Sucumbimos frente al facilismo y la inmediatez cuando al paso vemos la oferta callejera y la acogemos, justificándola en que resulta más barato, o nos evita pérdida de tiempo en la búsqueda del producto.

Así fomentamos conscientemente esa mala práctica y desorden urbano que todos finalmente deploramos y con descaro, exigimos se acabe y evite para el futuro.

Si se corrigiera la explotación que se hace de los trabajadores (quienes enfrentan extenuantes jornadas, salarios mínimos y promesas de incentivos que a veces no se pagan). Fotografía / Vecinos

Llamado a las empresas

Pereira no es ajena al sueño de dar solución a tan crítica atmósfera, que mengua su importancia y proyección futurista, pero tratándose de una problemática social y económica de tanta envergadura, como en realidad lo es, no se vislumbra punto de concilio entre las partes comprometidas; así existan las normas, la jurisprudencia ampare los derechos al espacio y a la libertad de locomoción y las autoridades ejerzan acciones de recuperación de los sitios asaltados, pues al reivindicar los derechos de unos, se violentan los de otros, siendo ambos de igual importancia jurídica y legal.

Sin embargo, se podría lograr balance positivo, si existieran más empresas locales con verdadero humanismo, como lo fueron y aún son unas cuantas, que acogieran tanto capital humano disponible y capacitado.

Si las empresas externas, a distancia, o foráneas, que inundan y acaparan la mano de obra, tantas veces de manera gratuita y con el argumento de la capacitación, valoraran el honesto desempeño de nuestra gente.

Si se corrigiera la explotación que se hace de los trabajadores (quienes enfrentan extenuantes jornadas, salarios mínimos y promesas de incentivos que a veces no se pagan). Si en lugar de pretender captarse más ingresos por impuestos y ganancias, se permitiera que se crearan más, para que haya menos gente entregada “al rebusque” y a la informalidad.

Si nuestra mentalidad cambiara para disfrutar de aquello que nuestro trabajo honesto y honrado nos proporciona, sin buscar ni pretender lo que a los demás corresponde. Si llegáramos a comprender que un comercio organizado, una ciudad limpia, con vías y ambientes libres de contaminación y ruido nos brinda a nosotros mismos y a los demás, una mejor forma de vida.

Si comprendemos y aceptamos que quien toma un sitio en arrendamiento, paga sus impuestos de ley y tiene sus empleados gozando de un salario justo, es aquel a quien merece dársele la oportunidad de vender y ganar, sin dejarnos llevar tantas veces por el facilismo, el oportunismo y falta de civismo.

Mientras tantas cosas no cambien y nosotros mismos no cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar, situaciones como el comercio informal y su caos, no tendrán fin, y todo esfuerzo por acabarlo será una utopía.

 


* Decretos 1023 de 2012, art. 1 y 2074 de 2015, Parte 2, Título 1 Proyecto de Ley 31 de 2011, Senado, que reglamenta y concreta específicamente la actividad del comerciante informal. En el departamento de Risaralda, ciudad de Pereira, ordenanzas  sustentadas en los artículos 82 y 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 1504 de 1998, la Ordenanza 014 de 2006, siendo la más reciente la Nro. 31 de 2013. Y por parte de la jurisprudencia están, entre otras, las siguientes: Sentencia T-772/03 y 1-Sent T-3795982. Y –Sent. T-3795982 2* T-772/03.